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Jerusalén, septiembre 2026 – El ministro de Cultura de Israel, Miki Zohar, solicitó al gobierno que se retire la ciudadanía israelí a los cineastas Yuval Abraham y Rachel Szor. La petición surge tras la difusión del documental «Naza», que denuncia asesinatos masivos de civiles palestinos en Gaza. Los realizadores, ganadores de un Oscar en 2025, enfrentan ahora una acusación de traición contra el Estado.
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Petición del ministro y acusación de traición
Miki Zohar, integrante del gabinete del primer ministro Benjamin Netanyahu, declaró en X que ha solicitado a las autoridades que investiguen «cómo se obtuvo el material» del documental. Si se confirma la supuesta colaboración con enemigos del Estado, se procederá a revocar la ciudadanía de Abraham y Szor. El ministro calificó la obra de «traición contra el Estado» al considerar que expone información sensible sobre operaciones militares.
Para más contexto, consultá también Naciones Unidas.
La solicitud se produce en un contexto de fuerte polarización interna tras la larga campaña militar en Gaza iniciada después del ataque de Hamás del 7 de octubre 2023.
Más información: Israel reanuda ataques en el sur de Líbano.
El documental «Naza» y sus denuncias
«Naza», título derivado del acrónimo militar hebreo para «daño colateral», reúne testimonios de 24 oficiales de inteligencia y militares israelíes que prefirieron mantenerse en el anonimato. El filme, de 80 minutos, detalla el uso de sistemas de selección de objetivos basados en inteligencia artificial que, según la sinopsis, permitieron bombardeos que causaron la muerte de cientos de civiles.
Entre los testimonios, uno asegura que se autorizó un ataque para eliminar a «un solo objetivo humano» a costa de 500 víctimas palestinas, acusación que la Fuerza de Defensa de Israel (FDI) calificó como «completamente falsa». El trabajo se inscribe en la trayectoria de los directores, quienes recibieron el Oscar en 2025 por el documental «No Other Land».
Reacciones institucionales y marco legal
Hasta el momento, el Ministerio del Interior no ha emitido una decisión definitiva sobre la revocación de la ciudadanía, pero ha abierto una investigación preliminar sobre la supuesta filtración de información clasificada. Los cineastas, a través de su representante legal, argumentan que la medida vulnera la libertad de expresión y los derechos humanos consagrados en la legislación israelí.
Organizaciones internacionales, como Human Rights Watch, han señalado que cualquier intento de retirar la nacionalidad por motivos artísticos podría contravenir normas internacionales de derechos humanos. Además, la comunidad cinematográfica local ha expresado su preocupación por el precedente que la medida podría sentar para la producción de contenidos críticos.
Respuesta del Ministerio de Justicia y fundamentos legales
El Ministerio de Justicia de Israel indicó que la medida se sustenta en la Ley de Ciudadanía de 1952, la cual permite la revocación de la nacionalidad cuando se considera que el titular ha cometido actos que atentan contra la seguridad del Estado. En su comunicado, la cartera explicó que los cineastas habrían participado en actividades que, según la autoridad, favorecieron la propaganda hostil y vulneraron la normativa de seguridad nacional.
La decisión se anunció tras una reunión interna del gabinete, aunque los detalles precisos del proceso judicial aún no se han hecho públicos.
Reacciones internacionales y de la sociedad civil
Organizaciones de derechos humanos, entre ellas Amnistía Internacional y Human Rights Watch, expresaron su preocupación por la medida, calificándola de «potencial violación del derecho a la libertad de expresión y de la libertad artística». La Unión Europea, a través de su portavoz en Bruselas, recordó la importancia de respetar los estándares internacionales en materia de ciudadanía y pidió al gobierno israelí que garantice un proceso judicial transparente.
En Israel, varios grupos de la sociedad civil organizaron manifestaciones en Tel Aviv y Jerusalén, denunciando lo que describieron como una «censura estatal» contra la crítica al conflicto en Gaza.
Reacciones internacionales y perspectivas legales
Organizaciones de derechos humanos, como Amnistía Internacional, y varios gobiernos europeos han manifestado su preocupación por la medida anunciada por el ministro de Cultura israelí, calificándola de «potencial violación de la libertad de expresión». En la ONU, el Comité de Derechos Humanos solicitó al gobierno de Israel una revisión del caso, subrayando la necesidad de respetar los tratados internacionales que protegen la libertad artística.
Por su parte, la comunidad cinematográfica ha emitido comunicados de apoyo a los directores, argumentando que el documental constituye una obra de investigación periodística y no un acto de incitación. Mientras tanto, autoridades israelíes reiteran que la acción busca proteger la seguridad nacional, aunque no han especificado los criterios legales que justificarían la revocación de la ciudadanía.
Conclusión:
El anuncio del ministro de Cultura israelí, que exige la revocación de la ciudadanía a dos cineastas por la realización de un documental sobre la situación en Gaza, ha reavivado el debate sobre los límites entre la seguridad estatal y la libertad de expresión.
La medida, presentada como respuesta a lo que el gobierno considera una posible amenaza a la seguridad, se inscribe en un contexto de tensiones crecientes entre Israel y la comunidad internacional respecto a la cobertura mediática del conflicto. Diversas organizaciones de derechos humanos y gobiernos extranjeros han pedido una revisión cuidadosa del caso, recordando que la legislación internacional protege la expresión artística incluso cuando aborda temas polémicos.
Por otro lado, las autoridades israelíes sostienen que la acción es necesaria para prevenir la difusión de contenido que, a su juicio, podría incitar al odio o a la violencia. El episodio plantea preguntas sobre la proporcionalidad de las sanciones estatales y el papel de los creadores culturales como testigos críticos.
En los próximos meses, la respuesta de los tribunales israelíes y la presión diplomática internacional serán determinantes para definir si la revocación de la ciudadanía se convierte en un precedente que limite la labor periodística y artística en situaciones de conflicto.
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