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En agosto, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE.UU. (ICE) transportó a varios migrantes latinoamericanos desde Dallas, Texas, a la República Centroafricana. Los pasajeros, entre ellos nicaragüenses y un cubano, fueron detenidos bajo custodia federal desde enero y describen condiciones de coerción y violencia durante el proceso. Organizaciones de derechos humanos han documentado los testimonios y exigen una revisión de la política de deportación a África.
Tabla de contenidos
Detención y preparación del vuelo
Los migrantes latinoamericanos fueron arrestados a puertas de sus hogares en Mineápolis, Minnesota, por agentes de ICE en enero y permanecieron bajo custodia federal durante varios meses. Cuando el avión despegó el 28 de agosto, los pasajeros fueron obligados a abordar atados de pies y manos y con cascos en la cabeza, según el relato de Kenis López, nicaragüense.
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La falta de información clara sobre el destino generó resistencia; Lopez afirmó que preferiría morir antes que ser trasladado a un continente desconocido. Los agentes, al no obtener obediencia, ordenaron el uso de balas de goma, lo que provocó heridas visibles en los cuerpos de los detenidos.
Testimonios de los migrantes
Kenis López describió que, al negarse a bajar del autobús que lo llevó al aeropuerto, escuchó una respuesta que insinuaba su posible muerte en África. Otros tres migrantes, dos nicaragüenses y un cubano, confirmaron que fueron impactados a quemarropa por proyectiles de bajo impacto, a un metro de distancia, dejando marcas moradas de aproximadamente cinco centímetros de diámetro.
Las fotografías tomadas dos días después mostraron dos círculos morados en el brazo izquierdo de uno y un moretón en el pecho de otro, evidenciando el uso de fuerza no letal. Estas declaraciones fueron corroboradas por la asesora médica de Physicians for Human Rights, Rohini J. Haar, quien calificó las lesiones como compatibles con balas de goma.
Reacción de organizaciones de derechos humanos
Physicians for Human Rights y la Omega Research Foundation, representada por el investigador Neil Corney, analizaron los impactos de los proyectiles no letales y coincidieron en que las marcas descritas son consistentes con balas de goma de alta velocidad. Ambas entidades han llamado la atención sobre la falta de protocolos claros para el uso de la fuerza durante deportaciones internacionales.
Además, grupos de defensa migratoria han solicitado a las autoridades estadounidenses una auditoría independiente del programa que envía a migrantes a la República Centroafricana, argumentando que la ausencia de información y la violencia reportada violan normas internacionales de trato humano. Hasta la fecha, el gobierno de EE.UU. no ha emitido un comunicado oficial que aclare los criterios ni garantice la seguridad de los deportados.

Respuesta de la República Centroafricana ante la llegada de migrantes
Las autoridades centroafricanas han señalado que la llegada repentina de migrantes procedentes de América Latina, tras su deportación por parte de Estados Unidos, ha generado presión sobre los servicios de acogida y la seguridad pública.
En declaraciones públicas, el ministro de Interior indicó que se están activando protocolos de registro y asistencia humanitaria, pero que la capacidad del país para ofrecer protección es limitada debido a recursos escasos y a la situación de conflicto interno que persiste en varias regiones.
Organizaciones locales, como la Cruz Roja Centroafricana, han pedido apoyo internacional para evitar que los recién llegados queden vulnerables a la violencia de grupos armados y a la explotación. El gobierno ha solicitado la colaboración de la ONU y de agencias de ayuda para establecer centros de acogida temporales y garantizar el acceso a servicios básicos.

Implicaciones legales y diplomáticas entre EE.UU. y la República Centroafricana
El traslado de migrantes latinoamericanos a la República Centroafricana plantea interrogantes sobre la conformidad con el derecho internacional de refugiados y con los acuerdos bilaterales de devolución.
Expertos en derecho migratorio señalan que la práctica de enviar a personas a un país que no es su destino de origen ni un territorio de asilo reconocido podría vulnerar la Convención de 1951 sobre el Estatuto de los Refugiados y la normativa de la Oficina del Alto Comisionado para los Refugiados.
Desde la perspectiva diplomática, la medida ha generado críticas en foros multilaterales, donde representantes de la Unión Europea y de América Latina han pedido a Washington que justifique la política y que explore alternativas que respeten los derechos humanos. Hasta la fecha, el Departamento de Estado de EE.UU. no ha emitido un comunicado oficial que aclare la estrategia detrás de la deportación a la República Centroafricana.
Perspectivas y próximos pasos
Las autoridades de la República Centroafricana, con apoyo limitado, deben reforzar la vigilancia de los centros de acogida y coordinar con organismos internacionales para garantizar la seguridad de los migrantes. Paralelamente, EE.UU. necesita revisar sus protocolos de deportación y considerar mecanismos de reasentamiento o retorno voluntario que eviten la exposición a entornos de alto riesgo.
Conclusión:
En octubre de 2026, los migrantes latinoamericanos que fueron deportados por Estados Unidos a la República Centroafricana continúan expuestos a graves riesgos de violencia, incluida la criminalidad organizada y la inseguridad en zonas de conflicto. Las autoridades locales, con recursos limitados, no han podido garantizar una protección adecuada, lo que obliga a las organizaciones internacionales y a la sociedad civil a reforzar la asistencia humanitaria y los mecanismos de seguimiento.
Es fundamental que Estados Unidos revise sus políticas de deportación para evitar enviar a personas vulnerables a entornos de alto riesgo, y que la comunidad internacional, a través de la ONU y agencias como ACNUR, proporcione apoyo técnico y financiero a la República Centroafricana. Asimismo, se requiere una mayor coordinación entre los gobiernos de origen de los migrantes y las autoridades centroafricanas para facilitar el acceso a procesos de asilo o retorno seguro.
Sin una respuesta integral, la exposición a la violencia seguirá incrementándose, vulnerando derechos humanos básicos y generando nuevas crisis migratorias.
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