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El 3 de octubre de 2026 el Ministerio de Relaciones Exteriores y Comercio Internacional de Venezuela emitió un comunicado oficial. El canciller Félix Plasencia González declaró que el Acuerdo de Ginebra de 1966 es el único instrumento válido para resolver la disputa del Esequibo con la República Cooperativa de Guyana. La posición venezolana se enmarca en el rechazo histórico al Laudo Arbitral de París de 1899.
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Declaración oficial del gobierno venezolano
En un mensaje difundido en la red social X, el canciller Félix Plasencia González reiteró la «histórica, firme e irrevocable posición» de Venezuela contra el Laudo Arbitral de París, calificado como «írrito y fraudulento».
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El comunicado subrayó que, a 127 años de aquel laudo, el país mantiene sus derechos históricos sobre la Guayana Esequibo y propone el Acuerdo de Ginebra de 1966 como marco jurídico para una solución práctica y mutuamente aceptable. Además, se reiteró la invitación a un diálogo directo con Guyana, describiéndolo como el único camino para consolidar una buena vecindad y fomentar la inversión regional.
La declaración fue publicada a las 20:11 hrs (hora local) y actualizada minutos después.
Fundamento histórico del Acuerdo de Ginebra de 1966
El Acuerdo de Ginebra de 1966, suscrito entre la entonces República de Venezuela y el Reino Unido, estableció un proceso de consultas para delimitar la frontera en la zona del Esequibo. Venezuela sostiene que el tratado sigue vigente, pues nunca fue denunciado ni reemplazado por otro instrumento internacional. Desde la perspectiva venezolana, el acuerdo permite una negociación basada en principios de equidad y respeto a la soberanía, evitando la imposición de decisiones unilaterales.
En el comunicado se enfatizó que la vía negociada es preferible a la intervención de tribunales internacionales, que Venezuela considera parcial.
Posiciones contrapuestas de Guyana y la Corte Internacional de Justicia
El presidente guyanés, Irfaan Ali, reiteró en la Asamblea General de la ONU que la única vía legítima para resolver la disputa es el proceso judicial ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ), citando el Laudo Arbitral de París como la solución «completa, perfecta y final» establecida en 1899.
Guyana destaca que el territorio en disputa, de casi 160.000 km², posee importantes recursos minerales y potenciales reservas de petróleo, lo que aumenta la urgencia de una resolución definitiva. El gobierno guyanés ha presentado su caso ante la CIJ, mientras que Venezuela mantiene su postura de cuestionar la autoridad del tribunal y promover el Acuerdo de Ginebra como alternativa. Estas divergencias continúan alimentando una disputa diplomática que ha perdurado por más de un siglo.
Reacción de Guyana y la comunidad internacional
El gobierno de Guyana rechazó de inmediato la propuesta venezolana, argumentando que el Acuerdo de Ginebra de 1966 no altera la sentencia arbitral de 1899 que reconoce la soberanía guyanesa sobre el Esequibo. En declaraciones oficiales, el ministro de Relaciones Exteriores de Guyana señaló que cualquier cambio territorial debe basarse en negociaciones bilaterales y en el marco del derecho internacional vigente, sin precedentes que retroactiven decisiones anteriores.
A nivel multilateral, la Organización de los Estados Americanos (OEA) emitió un comunicado en el que exhortó a ambas partes a evitar escaladas y a mantener el diálogo dentro de los cauces diplomáticos establecidos.
Mientras tanto, la Unión Europea, a través de su Representante ante la OEA, manifestó su apoyo a la solución pacífica del conflicto, subrayando la importancia de la estabilidad en la región para la inversión y la seguridad energética.

Implicaciones para la seguridad y el desarrollo regional
La reactivación del debate sobre el Esequibo en 2026 genera incertidumbre en sectores clave como la minería y la energía, áreas donde el territorio en disputa alberga importantes recursos de oro y potenciales proyectos hidroeléctricos. Expertos en seguridad regional advierten que la falta de consenso podría alimentar movimientos separatistas y tensiones transfronterizas, afectando la cooperación en la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado.
Por otro lado, analistas económicos señalan que la prolongación del conflicto podría retrasar inversiones internacionales previstas para la zona, particularmente en infraestructura de transporte y energía renovable, lo que impactaría negativamente en los planes de desarrollo sostenible de ambos países.
En este contexto, organismos como la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) han reiterado la necesidad de un marco de gestión de recursos compartidos que priorice la preservación ambiental y el beneficio mutuo, evitando que la disputa territorial se convierta en un obstáculo para el progreso regional.

Perspectivas a medio plazo y desafíos diplomáticos
El Gobierno venezolano ha señalado que la reapertura del Acuerdo de Ginebra de 1966 no implica una ruptura del proceso de negociación en curso, sino una herramienta complementaria para acelerar la solución del conflicto territorial. En la práctica, la propuesta exige que ambas partes retomen las mesas de diálogo bajo la supervisión de la ONU y que se establezca un cronograma de consultas técnicas sobre la delimitación marítima y terrestre.
Sin embargo, la posición de Guyana, que ha buscado respaldo en tribunales internacionales y en organismos regionales, plantea un escenario de negociación compleja. Además, la comunidad internacional, particularmente la Unión Europea y la Alianza de Países del Caribe, ha instado a que cualquier avance se base en el respeto al derecho internacional y a los principios de paz y estabilidad en la cuenca del río Esequibo.
En este contexto, Venezuela deberá equilibrar sus reivindicaciones históricas con la necesidad de mantener relaciones bilaterales constructivas y evitar una escalada que afecte la seguridad regional.
Conclusión:
La reactivación del Acuerdo de Ginebra de 1966 por parte de Venezuela representa una estrategia diplomática que busca reforzar sus pretensiones sobre el territorio del Esequibo, una zona rica en recursos naturales y de gran valor estratégico. Este movimiento se produce después de varios años de estancamiento en las negociaciones bilaterales y de una creciente presión internacional para encontrar una solución pacífica al conflicto.
Si bien la iniciativa venezolana podría abrir una nueva etapa de diálogo, también enfrenta importantes retos: la firmeza de la posición guyanesa, la necesidad de contar con el aval de organismos multilaterales y la exigencia de evitar que la disputa se convierta en un factor de inestabilidad regional.
En última instancia, el éxito de esta propuesta dependerá de la capacidad de ambas partes para conciliar intereses nacionales con los principios del derecho internacional, y de la disposición de la comunidad internacional a mediar de manera equilibrada.
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