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Montevideo, 10 de octubre de 2026 – La Coalición Republicana informó que presentará una denuncia penal contra Alfredo Asti, integrante del directorio de la Junta de Transparencia y Ética Pública (JUTEP). La medida surge tras un oficio enviado por Asti al senador colorado Pedro Bordaberry, en el que se solicitaba información sobre Robert Bouvier y un evento político en la Asociación Rural de Florida. La coalición califica el acto como un abuso de funciones y lo remitirá a la Fiscalía. Hoy nos metemos de lleno en coalición republicana presentará denuncia.
Tabla de contenidos
Denuncia penal de la Coalición Republicana contra Alfredo Asti
En el contexto de coalición republicana presentará denuncia, según reportó Montevideo Portal, la Coalición Republicana presentó formalmente la intención de presentar una denuncia penal contra Alfredo Asti, quien pertenece al directorio de la JUTEP, organismo de control del Frente Amplio. La acusación se basa en la supuesta utilización del poder de la JUTEP para perseguir a miembros de la oposición, lo que la coalición define como abuso de funciones.
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La denuncia será remitida a la Fiscalía, que decidirá si procede iniciar una investigación penal. La decisión se dio a conocer en una rueda de prensa donde el coordinador del bloque, Andrés Ojeda, reiteró la necesidad de que los órganos de control respeten sus competencias.
Contexto del oficio y la solicitud de información
Hablando puntualmente de coalición republicana presentará denuncia, el origen de la controversia se sitúa en un oficio firmado por Asti y entregado al senador Pedro Bordaberry el pasado 1 de agosto de 2026. En el documento, Asti solicitó al senador datos sobre la participación de Robert Bouvier, integrante del directorio de la Asociación de Funcionarios del Estado (AFE), en un evento político celebrado en las instalaciones de la Asociación Rural de Florida.
La Coalición argumenta que la petición excede la competencia de la JUTEP, que está destinada a supervisar la ética pública, no a indagar en actividades políticas de terceros. Asimismo, se señala que la solicitud pudo haber tenido un fin intimidatorio, al dirigirse a un senador de la oposición.
Reacciones de los protagonistas y acusaciones de persecución
Sobre coalición republicana presentará denuncia, vale la pena remarcar que andrés Ojeda, portavoz de la Coalición, calificó la actuación de la JUTEP como una «gestapo persecutoria», acusando a Asti de usar su cargo para hostigar a legisladores opositores. Por su parte, el senador Bordaberry respondió en la sesión del Senado que no responderá al oficio, al considerarlo un acto ilegal que vulnera su derecho a no ser objeto de persecución.
Bordaberry sostuvo que la JUTEP, al actuar fuera de sus atribuciones, pierde la condición de órgano de control y requiere ser controlada por la justicia. En sus declaraciones, el senador utilizó un lenguaje fuertemente crítico, calificando a Asti de «genio de la maldad» y «rata rastrera», lo que intensificó el clima de confrontación política.
Contexto de la denuncia y antecedentes de la Coalición Republicana
La Coalición Republicana, agrupación política de centroderecha, anunció que presentará una denuncia penal contra el senador Alfredo Asti, acusado de presunto abuso de funciones en la gestión de fondos partidarios durante el último periodo legislativo. La medida se produce después de que la propia bancada del senador solicitara una revisión interna de la documentación contable, la cual habría revelado irregularidades que la coalición considera constitutivas de delito.
En declaraciones públicas, la directiva de la Coalición subrayó que la iniciativa busca garantizar la transparencia y la rendición de cuentas dentro del propio aparato legislativo.
Implicancias legales y reacción institucional
De acuerdo con la normativa penal uruguaya, el presunto abuso de funciones puede derivar en la apertura de una causa penal que será tramitada por la Fiscalía Nacional, la cual deberá decidir si existen elementos suficientes para avanzar a juicio. La Fiscalía ha manifestado que revisará la documentación remitida por la Coalición Republicana y que, en caso de confirmarse indicios de delito, se iniciará el procedimiento correspondiente.
Mientras tanto, el partido del senador Asti ha calificado la denuncia como un «movimiento político» destinado a desestabilizar la bancada, y ha anunciado que presentará su propia defensa ante los tribunales.
Implicaciones legales y políticas
La Coalición Republicana comunicó en octubre de 2026 su intención de interponer una denuncia penal contra Alfredo Asti, ex presidente del Banco Central, bajo la acusación de presunto abuso de funciones durante su gestión. La medida se inscribe en un contexto de creciente tensión entre distintos sectores políticos, que cuestionan la transparencia de decisiones financieras adoptadas en los últimos años.
El proceso judicial, que dependerá de la evaluación del Ministerio Público, podría implicar la revisión de actos administrativos y la posible apertura de una investigación formal. Mientras tanto, la denuncia ha reavivado el debate sobre la rendición de cuentas de los altos cargos públicos y la necesidad de fortalecer los mecanismos de control institucional en Uruguay.
Conclusión:
La iniciativa de la Coalición Republicana de presentar una denuncia penal contra Alfredo Asti marca un punto de inflexión en la discusión sobre la responsabilidad de los funcionarios públicos en el manejo de recursos y decisiones de política económica. Aunque el proceso judicial aún está en fase preliminar, la denuncia subraya la demanda de mayor claridad y supervisión en las actuaciones del sector financiero del país.
En el ámbito político, la acusación ha generado reacciones diversas: algunos partidos han respaldado la medida como una defensa del Estado de Derecho, mientras que otros la han calificado de motivada por intereses partidarios. Este episodio pone de relieve la necesidad de equilibrar la independencia de las instituciones con mecanismos efectivos de control, a fin de evitar la percepción de impunidad.
La evolución del caso será observada de cerca por la ciudadanía y los analistas, quienes evalúan su impacto en la confianza institucional y en la agenda de reformas que el país está considerando para los próximos años.
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