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El 17 de octubre de 2026 la Alianza Agrominera Mama Pancha, que agrupa a los mineros de El Callao, denunció ante el Ejecutivo venezolano presuntos cobros ilegales y obstáculos administrativos para operar en el sur de Bolívar. La presidenta del gremio, Yunices Barreto, señaló que funcionarios vinculados al Ministerio de Desarrollo Minero Ecológico y a la CVM exigirían pagos de 10.000 a 25.000 USD para la emisión del Registro Único Minero (RUM). Además, advirtió casos de hostigamiento armado por parte de la Guardia Nacional y unidades de la DGCIM. Hoy nos metemos de lleno en extorsion.
Tabla de contenidos
Cobros irregulares en la tramitación del Registro Único Minero
Barreto afirmó que la obtención del RUM se ha convertido en un mecanismo de extorsión, con exigencias de entre 10.000 y 25.000 dólares por parte de funcionarios que, según su testimonio, incluyen al asistente ministerial Desire Hidalgo. Estas sumas, describió, no están contempladas en la normativa oficial y se presentan como condición para la expedición de la carta de inicio de operaciones.
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La dirigente sostuvo que la práctica afecta a la pequeña y mediana minería, que depende del registro para operar legalmente.
Retrasos burocráticos que paralizan la actividad minera
Según la Alianza, muchos mineros llevan esperando hasta tres años la entrega de documentos esenciales como actas de arrime, adendas contractuales y la inscripción definitiva en el RUM. La falta de respuesta de las autoridades mantiene a cientos de productores en una situación de indefensión, impidiéndoles regularizar sus faenas y acceder a mercados formales. Barreto señaló que el silencio institucional agrava la vulnerabilidad económica de las comunidades mineras del corredor Nacupay.
Presuntos hostigamientos armados y despojo de arenas auríferas
Barreto denunció incursiones intimidatorias realizadas por comisiones de la Guardia Nacional Bolivariana, la DGCIM y la Unidad Especial JEPAMO, cuyas filas portarían armas largas y vestimenta con rostros cubiertos. Asimismo, advirtió que se estarían reutilizando estructuras de la disuelta Minervén para desalojar a mineros de áreas donde ya habían invertido, y que en esas operaciones se habría sustraído arenas y material aurífero almacenado en los patios de trabajo.
La organización considera estas acciones como una forma de presión para forzar la entrega de los pagos ilegales.
Respuesta institucional y medidas adoptadas por el gobierno regional
Ante las denuncias de extorsión y los obstáculos para la obtención del Registro Único Minero (RUM), la Gobernación del Estado Bolívar emitió un comunicado en julio de 2026 anunciando la creación de una mesa de trabajo interinstitucional. Esta incluye representantes del Ministerio del Poder Popular para el Proceso Minero, la Fiscalía General del Estado y la Policía Nacional Bolivariana, con el objetivo de agilizar los trámites y sancionar a los presuntos intermediarios.
Asimismo, se informó que se habilitará una plataforma digital para la solicitud y seguimiento del RUM, reduciendo la necesidad de gestiones presenciales que, según los mineros, facilitan prácticas de extorsión.
Repercusiones económicas y sociales en la zona de El Callao
Las interrupciones en la regularización de la actividad minera han generado una caída estimada del 12% en la producción de oro de la zona durante el primer semestre de 2026, según datos preliminares de la Asociación de Mineros Independientes. Esta disminución afecta directamente a la cadena de suministro local, reduciendo ingresos en comercios y servicios que dependen de la actividad minera.
Además, el aumento de la informalidad ha intensificado la vulnerabilidad de los trabajadores, que enfrentan mayores riesgos laborales y una menor protección social, agravando la ya delicada situación de pobreza en comunidades como La Loma y El Dorado.
Perspectivas y próximos pasos para el sector minero de El Callao
Los representantes de la comunidad minera de El Callao han solicitado al Gobierno nacional y a la autoridad minera regional que se establezcan mecanismos transparentes para la tramitación del Reglamento Único Minero (RUM).
Entre sus propuestas se incluyen la creación de una mesa de trabajo conjunta con la Oficina de Planeación Minera del Estado Bolívar, la revisión de los requisitos documentales para evitar retrasos arbitrarios y la implementación de un programa de capacitación en cumplimiento normativo para los mineros artesanales.
Asimismo, los líderes locales han pedido la investigación de las denuncias de extorsión que involucran a funcionarios municipales y grupos delictivos, con la finalidad de garantizar la seguridad y la confianza en el proceso de obtención del RUM.
La expectativa es que, con estas medidas, se reduzcan las trabas burocráticas y se fortalezca la formalización del sector, contribuyendo a la generación de ingresos legales y a la mejora de las condiciones de vida de los mineros.
Conclusión:
En el contexto de la crisis minera de Bolívar, las denuncias de los mineros de El Callao sobre extorsiones y obstáculos para obtener el Reglamento Único Minero revelan una situación que trasciende la mera tramitación administrativa.
La falta de claridad en los procedimientos, sumada a la presunta participación de actores locales en actividades de coerción, genera un clima de incertidumbre que afecta tanto a la actividad económica como a la seguridad de los trabajadores. La respuesta institucional, aunque ha mostrado cierta disposición al diálogo, necesita consolidarse mediante acciones concretas: auditorías independientes, protocolos de denuncia seguros y la agilización de los procesos de registro.
Solo con una estrategia integral que combine transparencia, fortalecimiento institucional y apoyo técnico a los mineros, se podrá avanzar hacia la formalización del sector y la mitigación de los riesgos de extorsión, contribuyendo a una mayor estabilidad socioeconómica en la región.
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