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El pasado viernes 13 de noviembre de 2026, habitantes de los Pueblos del Sur se congregaron en la vía Las González, en Mérida, para exigir la reparación del puente Chichuy. La manifestación contó con la participación de productores agrícolas y residentes de cuatro municipios que dependen de esa arteria vial para transportar sus cosechas. Los manifestantes reclaman al gobierno regional y nacional una intervención urgente para evitar el colapso total de la estructura.
Tabla de contenidos
Antecedentes y motivos de la movilización
En el contexto de pueblos del sur, el puente Chichuy, ubicado en la zona sur del estado Mérida, lleva más de una década sin recibir mantenimiento significativo, pese a las reiteradas denuncias de los agricultores locales. La falta de obras ha convertido la estructura en un riesgo constante para el tránsito de vehículos y carga agrícola.
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Ante la ausencia de respuestas oficiales, la comunidad organizó la protesta para visibilizar el deterioro y presionar por una solución inmediata.
Consecuencias para la agricultura y la movilidad
Hablando puntualmente de pueblos del sur, la degradación del puente afecta directamente a la producción de los cuatro municipios vinculados a la subregión agrícola, obligando a los productores a usar rutas alternas de difícil acceso y mayor costo. Según el vicepresidente de la Integración Nacional de Agroproductores de Venezuela, Charly Paredes, el retraso en la reparación genera pérdidas económicas considerables y pone en riesgo la comercialización de los cultivos.
Además, la situación incrementa los riesgos de accidentes y retrasa la llegada de insumos esenciales al campo.
Demandas y respuesta de autoridades
Los manifestantes solicitaron a las autoridades regionales y nacionales la rehabilitación inmediata del puente, advirtiendo que, de no atenderse, intensificarán sus acciones de protesta. Hasta la fecha, no se ha registrado un comunicado oficial que detalle planes concretos de reparación ni se ha anunciado la asignación de recursos. La comunidad ha indicado que continuará ejerciendo presión hasta que se garantice la seguridad y funcionalidad del viaducto.
Impacto económico de la interrupción del puente
La paralización del puente Chichuy ha generado retrasos en la circulación de mercancías entre los municipios del sur de Mérida, incrementando los costos de transporte para pequeños comerciantes y productores agrícolas. Según informes de la Cámara de Comercio local, los comerciantes han reportado aumentos de hasta un 15% en los gastos de logística durante los últimos meses, lo que afecta la competitividad de los productos regionales en los mercados urbanos.
Respuesta institucional y perspectivas de solución
Ante la presión de la comunidad, la gobernación de Mérida anunció la apertura de una mesa de trabajo conjunta con representantes municipales y líderes vecinales para evaluar alternativas de reparación. Se indicó que se iniciará un estudio técnico en las próximas semanas, con la posibilidad de financiar la obra a través de fondos de desarrollo regional, aunque aún no se ha definido un calendario definitivo para la reactivación del paso.
Respuesta oficial y perspectivas de solución
El gobernador de Mérida, en una rueda de prensa celebrada el 12 de noviembre de 2026, reconoció la gravedad del deterioro del puente Chichuy y anunció la apertura de un proceso de licitación para su reparación definitiva. Asimismo, el ministro de Obras Públicas remitió al Instituto de Desarrollo Regional una solicitud de fondos urgentes, indicando que la obra podría iniciarse en los próximos tres meses, siempre que se garantice la transparencia del proceso.
Las autoridades locales también prometieron reforzar la señalización y habilitar rutas alternas mientras se ejecutan los trabajos, a fin de mitigar el impacto sobre los habitantes de los Pueblos del Sur. Por su parte, organizaciones de la sociedad civil instaron al gobierno a acelerar los plazos y a incluir a la comunidad en la supervisión de la obra, con el objetivo de evitar retrasos y asegurar la calidad de la infraestructura.
Antecedentes de la infraestructura del puente Chichuy y la movilización ciudadana
El puente sobre el río Chichuy, que conecta la ciudad de Mérida con varios municipios del sur del estado, se inauguró a mediados de la década de 2000 como parte de un programa de mejoramiento de la red vial andina. Desde su puesta en marcha, autoridades locales y organismos de planificación han señalado la importancia del paso para el transporte de mercancías y el acceso a servicios básicos en comunidades rurales.
Sin embargo, informes de la Contraloría del Estado de Mérida y de la Oficina de Obras Públicas del municipio han señalado deficiencias recurrentes en el mantenimiento estructural, agravadas por eventos climáticos extremos que afectaron la zona en 2023. Estas problemáticas habían motivado previamente a organizaciones vecinales y a grupos estudiantiles a solicitar inspecciones y reparaciones, sin que se materializara una respuesta definitiva.
En 2022, por ejemplo, se registró una protesta similar en la zona de Chama, donde la comunidad exigió mejoras en la infraestructura de agua y caminos, lo que evidencia un patrón de reclamos ciudadanos frente a la escasez de recursos para la conservación de la red de transporte en la región.
Conclusión:
La movilización de los Pueblos del Sur en Mérida subraya la intersección entre la falta de infraestructura adecuada y la vulnerabilidad de comunidades rurales en Venezuela. El puente Chichuy, elemento estratégico para el tránsito de personas y mercancías, se había convertido en un punto crítico que obstaculizaba el acceso a servicios básicos y al comercio local.
La presión ejercida por los manifestantes obligó a las autoridades a reconocer públicamente la necesidad de una respuesta inmediata, lo que evidencia cómo la acción ciudadana puede influir en la agenda pública incluso en contextos de escasa atención mediática. Sin embargo, la efectividad de las medidas anunciadas dependerá de la capacidad del gobierno para cumplir con los plazos y garantizar la participación comunitaria en la supervisión de la obra.
Un proceso transparente y rápido no solo restablecería la conectividad, sino que también reforzaría la confianza entre la población y el Estado, sentando un precedente para futuras demandas de infraestructura en zonas desfavorecidas.
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