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El sargento primero Jorge Enrique Rico Arrieta, detenido en enero de 2019 por el caso Cotiza, terminó de cumplir su condena el 24 de octubre de 2026, pero sigue recluido en el Centro Nacional de Procesados Militares de Ramo Verde. Desde el 9 de noviembre de 2026, él y otros 20 militares llevan una huelga de hambre para exigir su liberación. La familia del militar denuncia torturas y la falta de una decisión judicial que explique su permanencia en prisión.
Tabla de contenidos
Detención y condena en el caso Cotiza
Jorge Enrique Rico Arrieta, originario de Maracaibo, Zulia, fue arrestado el 21 de enero de 2019 bajo los cargos del caso Cotiza, que involucró a varios miembros de la Guardia Nacional Bolivariana. La investigación lo vinculó a presuntas irregularidades en la compra de combustible para la institución, lo que derivó en su procesamiento y posterior condena a siete años y nueve meses de prisión.
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En el momento de su detención, su hija tenía apenas un año; hoy la menor está próxima a cumplir nueve años y ha crecido sin la presencia de su padre. La familia ha denunciado repetidos actos de tortura durante la detención, señalando golpes, privación de sueño y malos tratos como parte de su experiencia carcelaria.
Cumplimiento de la pena y ausencia de libertad
La sentencia quedó cumplida el 24 de octubre de 2026, fecha en la que, según los registros judiciales, el sargento completó íntegramente el período impuesto. Sin embargo, las autoridades del Centro Nacional de Procesados Militares de Ramo Verde no emitieron una orden de liberación, manteniéndolo bajo custodia.
La permanencia de Rico Arrieta tras haber agotado su pena ha sido señalada en el informe de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos de la ONU, que destaca la necesidad de respetar los derechos procesales y la prohibición de detenciones arbitrarias. Familiares y defensores de derechos humanos exigen una explicación oficial que justifique la extensión de su reclusión más allá de la condena cumplida.
Huelga de hambre como forma de protesta
El 9 de noviembre de 2026, a las 6:00 de la mañana, Jorge Enrique Rico Arrieta se unió a una huelga de hambre iniciada por 21 sargentos de la Guardia Nacional Bolivariana que también alegan haber cumplido sus condenas. La protesta, que se lleva a cabo dentro del mismo recinto de Ramo Verde, busca presionar al Poder Judicial y al Ministerio del Poder Popular para que ordenen su liberación inmediata.
Los participantes han anunciado que mantendrán la huelga indefinidamente hasta que se garantice su excarcelación, advirtiendo que la situación de salud de varios de los internos ya se ha deteriorado gravemente. Organizaciones de derechos humanos locales y observadores internacionales han pedido al gobierno que atienda la demanda y evite que la huelga se convierta en una tragedia sanitaria.
Reacción de la oposición y la sociedad civil
La oposición venezolana y diversas organizaciones de derechos humanos han reaccionado con firmeza ante el hecho de que, pese a haber cumplido su condena, Jorge Enrique Rico Arrieta sigue detenido en la prisión de Ramo Verde. Diversos líderes de partidos de la coalición de oposición han expresado su preocupación por las condiciones de detención y han pedido la liberación inmediata del ex funcionario.
Organizaciones de la sociedad civil han organizado manifestaciones en la capital y han solicitado a las autoridades que respeten el derecho a la libertad y a un proceso justo. La presión internacional, en particular de organismos multilaterales de derechos humanos, se ha intensificado para asegurar el cumplimiento de las normas de detención y la garantía de un trato digno.
A pesar de las protestas, las autoridades han mantenido la posición de que la detención se mantiene por motivos de seguridad y para evitar la fuga del individuo. El caso sigue generando debate sobre la aplicación de la justicia penal en el contexto venezolano y la necesidad de reformar los procedimientos de encarcelamiento.
Perspectivas legales y humanitarias
Desde la perspectiva legal, la permanencia de Rico Arrieta en Ramo Verde después de haber cumplido su condena plantea interrogantes sobre la legalidad de la detención preventiva en Venezuela. Expertos en derecho penal han señalado que la práctica de mantener a un condenado en custodia sin causa justificada puede violar los principios de proporcionalidad y de la presunción de libertad.
En el ámbito humanitario, la huelga de hambre que ha iniciado el ex funcionario ha generado alarma entre las organizaciones de salud, que alertan sobre el riesgo de efectos adversos graves en su salud. Los médicos internos de la prisión han reportado la necesidad de una evaluación médica urgente y de medidas para garantizar el acceso a atención sanitaria adecuada.
Al mismo tiempo, el gobierno ha declarado que la situación está bajo control y que se están tomando las medidas pertinentes para atender la salud del detenido. El caso sigue siendo objeto de seguimiento por parte de la comunidad internacional, que exige la observancia de los derechos humanos y la transparencia en los procesos penitenciarios.
Situación actual y perspectivas
Jorge Enrique Rico Arrieta sigue cumpliendo la condena que le fue impuesta, permaneciendo recluido en el centro penitenciario de Ramo Verde. A la fecha, mantiene una huelga de hambre como forma de protesta contra las condiciones carcelarias y la falta de garantías procesales que él y sus defensores consideran violaciones de derechos humanos.
La iniciativa ha sido denunciada por organizaciones locales de derechos humanos, que exigen al Estado venezolano la intervención de organismos internacionales para garantizar su salud y la observancia de los estándares internacionales. Mientras tanto, la autoridad penitenciaria ha reiterado que el interno recibe atención médica mínima, pero no ha anunciado medidas de carácter extraordinario.
El caso continúa generando debate en la esfera pública y entre actores internacionales, que siguen monitoreando la evolución del episodio y la respuesta del Gobierno ante las críticas de la comunidad internacional.
Conclusión:
Jorge Enrique Rico Arrieta representa, en el contexto penitenciario venezolano, una de las voces más visibles de los presos políticos que reclaman un trato digno y el respeto a sus derechos fundamentales. Su huelga de hambre, iniciada tras años de denuncias sobre condiciones inhumanas y la ausencia de recursos judiciales efectivos, ha reavivado la discusión sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela.
A pesar de los llamamientos de organizaciones nacionales e internacionales, la respuesta institucional se mantiene limitada, lo que alimenta la percepción de impunidad y falta de voluntad política para abordar estas problemáticas. El caso sigue siendo observado por observadores externos, que evalúan tanto la salud del interno como la evolución de las políticas penitenciarias del país.
En última instancia, la trayectoria de Rico Arrieta subraya la necesidad de un diálogo más amplio y de mecanismos de supervisión independientes que garanticen el cumplimiento de los estándares internacionales en el sistema carcelario venezolano.
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