Estado uruguayo compra la estancia Don Coraje por US$ 2,5 millones

Estado uruguayo: El Estado adquiere la estancia Don Coraje, heredada por la familia Basso, por US$ 2,5 millones. La operación, liderada por Alfredo Ciavatt

Fotografía de Alfredo Ciavattone - Terneros de Conexión Ganadera promediaron US$ 3,09

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Estado uruguayo compra la estancia Don Coraje por US$ 2,5 millones
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Montevideo, 16 nov 2026 – La sindicatura Conexión Ganadera, encabezada por Alfredo Ciavattone, firmó un acuerdo con el Estado para comprar la estancia Don Coraje, herencia del empresario Gustavo Basso. El precio total asciende a US$ 2,5 millones, equivalentes a US$ 6 700 por hectárea. La transacción deberá ser homologada por la justicia para su formalización. Hoy nos metemos de lleno en estado uruguayo.

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Acuerdo entre la sindicatura y el Estado

En el contexto de estado uruguayo, la sindicatura a cargo de la causa Conexión Ganadera, liderada por Alfredo Ciavattone, llegó a un acuerdo con el Estado para la compra de la estancia Don Coraje, antes propiedad del fallecido empresario Gustavo Basso. Según informó Eduardo Preve y confirmó Montevideo Portal, el Estado pagará US$ 2,5 millones por la totalidad del terreno. El acuerdo ya fue remitido a la justicia para su homologación, paso necesario para formalizar la transacción.

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La negociación se enmarca en una posibilidad que se barajó desde hace varios meses, cuando se detectó que la propiedad estaba sujeta a la Ley de Colonización.

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Características del terreno y su valor

Hablando puntualmente de estado uruguayo, la estancia comprende 374 hectáreas ubicadas en la cuenca lechera que abarca los departamentos de Colonia, Lavalleja y Florida, zona reconocida por su alta productividad láctea. El precio acordado equivale a US$ 6 700 por hectárea, cifra que supera el valor promedio de terrenos agrícolas en la región según datos del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca.

Los compradores destacan que la finca se encuentra en «inmejorables condiciones» productivas, lo que justifica el costo. La transacción representa una de las compras estatales más relevantes del sector agropecuario en los últimos años.

Sobre estado uruguayo, vale la pena remarcar que la propiedad de Basso estaba catalogada como “colono propietario” bajo la Ley de Colonización, lo que obliga a que cualquier disposición sobre el terreno cuente con la autorización del directorio del Instituto Nacional de Colonización (INC). En 1995 Basso adquirió la finca a otro colono; en 2019 el directorio del INC aprobó por unanimidad la hipoteca del predio a Scotiabank, lo que muestra la intervención institucional previa.

Al estar el terreno afectado por la normativa, el INC tiene la facultad de aplicar mecanismos que podrían revertir la titularidad sin que el Estado deba abonar el precio, aunque en este caso se optó por la compra. La homologación judicial será determinante para validar la operación dentro del marco legal vigente.

Objetivos de la compra estatal

La adquisición de la estancia Don Coraje forma parte de la estrategia del Gobierno uruguayo de fortalecer la gestión pública de recursos agrícolas estratégicos. Las autoridades han indicado que el objetivo principal es garantizar la conservación de su biodiversidad y la protección de su patrimonio histórico. Asimismo, la compra permitirá impulsar proyectos de turismo rural sostenible, generando empleo en la zona y diversificando la economía local.

El Estado también contempla la posibilidad de destinar parte de la superficie a actividades de investigación agroambiental, en colaboración con universidades y centros de estudio. En conjunto, se espera que la gestión pública contribuya a equilibrar la producción agropecuaria con la preservación del medio ambiente.

Reacciones de los sectores involucrados

La noticia generó distintas respuestas entre los actores del sector agropecuario y la sociedad civil. Algunas organizaciones campesinas aplaudieron la medida, al considerar que la intervención estatal puede evitar la concentración de tierras y favorecer la redistribución de la producción. Por otro lado, asociaciones de productores expresaron su preocupación por posibles interferencias en la libre iniciativa y solicitaron garantías de que la gestión pública no limitará la competitividad del sector.

Grupos ambientalistas resaltaron la importancia de que la estancia sea administrada bajo criterios de sostenibilidad, mientras que algunos residentes locales mostraron inquietud respecto a la capacidad del Estado para mantener la infraestructura existente. En general, el debate refleja la complejidad de equilibrar intereses económicos, sociales y ecológicos en torno a la compra.

Implicancias de la compra de la estancia Don Coraje

La adquisición de la estancia Don Coraje por parte del Estado uruguayo, por un valor de US$2,5 millones, representa un movimiento estratégico dentro de la política agraria nacional. Al incorporar este predio al dominio público, el gobierno busca ampliar su capacidad de intervención en áreas clave como la conservación de ecosistemas, la producción agropecuaria sostenible y la generación de infraestructura para proyectos sociales.

La operación también plantea interrogantes sobre la gestión de recursos financieros, dado el costo de la compra en un contexto de restricciones presupuestarias. Los gremios del sector agropecuario han manifestado su interés en conocer los planes de uso, mientras que organizaciones de la sociedad civil destacan la oportunidad de destinar la tierra a iniciativas de desarrollo rural inclusivo.

En definitiva, la compra abre un espacio de debate sobre la función del Estado en la tenencia de tierras y la manera en que se priorizan los objetivos de desarrollo económico y ambiental.

Conclusión:

La compra de la estancia Don Coraje, anunciada en 2026 y valorada en US$2,5 millones, marca un hito en la estrategia de gestión territorial del Estado uruguayo. Al sumar este predio a su patrimonio, el gobierno refuerza la capacidad de intervenir directamente en sectores estratégicos, como la conservación ambiental y la producción agropecuaria sostenible, alineándose con políticas de desarrollo rural que buscan equilibrar crecimiento económico y preservación de recursos naturales.

Sin embargo, la operación también genera expectativas sobre la transparencia en la asignación de fondos públicos y la definición clara de los usos futuros del terreno, aspectos que serán observados de cerca tanto por el sector productivo como por la sociedad civil.

El seguimiento de este proceso, así como la articulación con planes de inversión y programas de desarrollo regional, determinará en qué medida la compra contribuirá a los objetivos de inclusión y sostenibilidad que el país persigue en los próximos años.

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