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El pasado 19 de noviembre de 2026, dos reporteros fueron amenazados de muerte y agredidos por un grupo de motorizados encapuchados en las inmediaciones de la Corporación Venezolana de Guayana (CVG) en el estado Bolívar. Franchesca Díaz, del medio Correo del Caroní, y Rafael Ramírez, periodista independiente, denunciaron el hecho a través del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP). El ataque se produce en medio de una huelga de los empleados de la CVG que reclaman el pago de salarios pendientes.
Tabla de contenidos
Hechos del ataque a los periodistas
Según el comunicado del SNTP, los motorizados encapuchados se aproximaron a los periodistas mientras cubrían la manifestación y les lanzaron piedras y botellas, provocando lesiones leves. Durante el episodio, los agresores pronunciaron amenazas de muerte contra Díaz y Ramírez, obligándolos a abandonar la zona. El incidente fue registrado en video y difundido en redes sociales, donde se observan claramente los rostros cubiertos de los agresores y el uso de objetos contundentes.
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Reacción del Sindicato y denuncias sobre los colectivos
Hablando puntualmente de motorizados encapuchados, el SNTP condenó enérgicamente la agresión y calificó al grupo de motorizados como «colectivos» vinculados al oficialismo, una acusación que coincide con los informes de la ONG Provea. Provea ha señalado que estos colectivos controlan territorios y actúan al margen de la ley para proteger intereses políticos.
En su publicación en X, el sindicato reiteró que los agresores forman parte de una red que intimida a la prensa y a los manifestantes, exigiendo garantías de seguridad para los periodistas.
Contexto de la protesta laboral y situación de la libertad de prensa
Sobre motorizados encapuchados, vale la pena remarcar que la agresión ocurre mientras los trabajadores de la CVG mantienen un bloqueo frente a su sede, exigiendo el cumplimiento de sus reivindicaciones salariales que llevan varios días sin resolverse.
La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) había señalado en marzo de 2025 que Venezuela ocupaba el último puesto en el Índice Chapultepec de Libertad de Expresión y Prensa, destacando que persisten mecanismos de control y persecución contra los medios. Aunque la SIP reconoció algunos avances, como el sobreseimiento de causas contra periodistas, el caso de Bolívar evidencia la vulnerabilidad continua del ejercicio periodístico en el país.
Impacto en la libertad de prensa en Bolívar
El ataque contra los dos comunicadores ha reavivado el debate sobre la vulnerabilidad de los profesionales de la información en la zona sur del país. Organizaciones de prensa locales y regionales han denunciado que la falta de investigación y castigo a los agresores alimenta un clima de autocensura, ya que muchos reporteros evitan cubrir ciertas áreas por temor a represalias.
El caso también ha sido citado en foros internacionales como ejemplo de los retos que enfrenta la libertad de expresión en Venezuela, lo que podría influir en la evaluación de los observadores externos sobre el cumplimiento de los estándares internacionales en materia de derechos humanos.
Recomendaciones de seguridad para periodistas en entornos de riesgo
Tras incidentes como el ocurrido en Bolívar, las asociaciones de comunicadores han reiterado la necesidad de adoptar protocolos de protección. Entre las medidas sugeridas se encuentran la planificación de rutas con antelación, el uso de vehículos marcados y la coordinación con contactos locales de confianza antes de desplazarse a zonas potencialmente peligrosas.
Asimismo, se aconseja mantener canales de comunicación constantes con la red de seguridad de la prensa, registrar la ubicación en tiempo real y contar con equipos de protección personal, como chalecos antibalas, cuando la evaluación de riesgos lo justifique.
Repercusiones y respuestas institucionales
El ataque a los dos comunicadores en el estado Bolívar reavivó el debate sobre la seguridad de los profesionales de la información en zonas de conflicto interno. Las autoridades locales anunciaron la apertura de una investigación preliminar, aunque hasta la fecha no se ha identificado a los responsables. Organizaciones de derechos humanos y colectivos de periodistas, como la Comisión Venezolana de Libertad de Prensa, han exigido medidas de protección inmediatas y una investigación transparente.
A nivel nacional, el Ministerio del Poder Popular para la Comunicación emitió un comunicado reiterando su compromiso con la libertad de expresión y señalando que cualquier agresión contra la prensa será sancionada. Mientras tanto, la comunidad internacional, a través de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, ha instado al Gobierno venezolano a garantizar el cumplimiento de los estándares internacionales en materia de seguridad de periodistas.
Conclusión:
El episodio de los motoristas encapuchados que amenazaron a dos reporteros en Bolívar subraya la persistente vulnerabilidad de los comunicadores en áreas donde la violencia y la impunidad siguen siendo una constante. Aunque las autoridades locales han prometido investigar, la falta de avances concretos y la ausencia de responsables identificados generan desconfianza entre los profesionales de la información.
La presión de organismos de derechos humanos y la comunidad internacional puede ejercer un impulso necesario para que el Estado venezolano refuerce sus mecanismos de protección y garantice la libertad de prensa, condición esencial para una sociedad informada y democrática. Sin una respuesta eficaz, incidentes como este podrían normalizarse, erosionando aún más la confianza en las instituciones y limitando la capacidad de los medios para ejercer su labor informativa.
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