El fallo de la Jueza Federal, Indira Talwani, impide la expulsión de miles de emigrantes amparados por el paro le y señala que la administración de Trump tomó la decisión basándose en una interpretación errónea de la Ley de Inmigración.
Donald Trump trata de continuar con el cumplimiento de su promesa electoral de deportar a extranjeros que estén de manera ilegal en Estados Unidos, una de sus decisiones es expulsat del país norteamericano a venezolanos, cubanos, nicaragüenses y haitianos que ingresaron a Estados Unidos bajo la figura del parole humanitario programa lanzado por el ex presidente Joe Biden.
La Jueza del Tribunal de Distrito en Massachusetts ordenó la suspensión temporal de la orden de suspensión masiva de los paroles válidos hasta el 24 de abril de 2025 aunque la vigencia del mismo es de dos años. El fallo explica que hubo una interpretación errónea de la Ley de Inmigración ya que se contempla la expulsión acelerada de personas que ingresaron de manera ilegal a territorio estadounidense pero está medida no aplica a extranjeros cuenten con autorización de estar en el país, permiso que otorga el Parole. Desde la administración Trump han argumentado que estos paroles “categóricos” eran inconsistentes con la ley de inmigración, que según la administración, solo permite el parole en circunstancias limitadas e individuales. Sin embargo, los paroles se otorgaron porque los ciudadanos de Venezuela, Cuba, Nicaragua y Haití no cuentan con el cumplimiento de los Derechos Humanos en su país de origen. La medida de revocar el parole humanitario afectaba a cerca de 530.000 personas. Medida tomada desde el 2022 para venezolanos luego en el 2023, la administración de Joe Biden amplió la medida a cubanos, nicaragüenses y haitianos, permitiéndoles estar en Estados Unidos de manera legal por dos años a través de un patrocinador.
Con este fallo los beneficiados del parole pueden permanecer en territorio estadounidense hasta que su permiso expire sin el temor de ser deportados, manteniendo los mismos beneficios mientras continúa la disputa legal sobre este punto migratorio.