El juez James Boasberg, quien está a cargo de la Corte de Distrito de DC, informó que existe una causa probable para dar inicio a un procedimiento contra los funcionarios que no acataron la orden de no expulsión de venezolanos hacia El Salvador emitida el pasado 15 de marzo, decisión tomada por la Administración Trump amparándose por la Ley de Enemigos Extranjeros.
El juez Boasberg señaló que los funcionarios que incurrieron en este desacato tienen la oportunidad de cumplir su orden y permitir que los venezolanos impugnen acusaciones por las que fueron enviados a El Salvador, de esta manera estos funcionarios pueden evadir un proceso por desacato, señala Boasberg, en un memorándum publicado este miércoles, que “La corte determina en última instancia que las acciones del gobierno ese día demuestran un desacato deliberado a su orden, suficiente para que la corte concluya que existe causa probable para declarar al Gobierno en desacato penal”. Explica el Juez que dio la oportunidad de rectificar y esclarecer la situación pero “ninguna de las respuestas fueron satisfactorias”.
El Juez James Boasberg ha dado un plazo hasta el 23 de abril para que el gobierno explique porqué no acataron su orden y detallen qué están haciendo para reparar los daños en caso de no hacerlo deberá el estado suministrar los nombres de los funcionarios involucrados que pasaron por alto la decisión de no expulsar a esos venezolanos que fueron enviados al CECOT en El Salvador.
¿Cómo puede la administración de Trump evitar un proceso penal por desacato tras estas declaraciones del Juez Boasberg? Explica Boasberg que los señalados deben confirmar que tienen la custodia de los expulsados a El Salvador incumpliemdo la orden del Juez que impedía esta acción para luego impugnar la decisión mediante el habeas corpus. Detalla Boasberg en el documento que “el gobierno no necesitaría liberar a alguna de esas personas, tampoco transportarlos de regreso a su país. La corte también les dará la oportunidad a los demandados de proponer otros métodos para cumplir con la orden, que serán evaluados”.
Si el gobierno no cumple este procedimiento, la Corte debe identificar a los responsables de acción y por omisión, luego se convocará a una audiencia donde los testigos presenciales deberán brindar declaración bajo juramento. Después de proceso, la Corte solicitará que el desacato sea procesado por un abogado del estado si el Departamento de Justicia se niega el Tribunal hará lo propio para procesar al gobierno.