El Tribunal Oral Federal N° 2 informó que la Corte Suprema concedió que Cristina Fernández cumpliera su condena de seis años bajo arresto domiciliario, esto se debe a que la condenada, la expresidenta, tiene más de 70 años y se lo otorga este beneficio.
Desde este martes, cuando el juez, Jorge Gorin le notificó a través de Zoom, que cumpliría su condena en su domicilio al sur de la Buenos Aires De esta manera, este martes 17 de junio inicia el cumplimiento de su sentencia y el Ministerio de Seguridad Nacional le pondrá un dispositivo de vigilancia electrónica en su tobillo, así lo informó el abogado de Fernández, Gregorio Dalbón.
Fernández cumple su condena en su departamento ubicado en la calle San José 1111, ubicado en el barrio de Constitución. Como el Tribunal Oral Federal N° 2, presidido por el juez Jorge Gorini, le otorgó la prisión domiciliaria, lo que implica que no deberá presentarse en el penal de Comodoro Py.
La solicitud de cumplir los seis años de condena en su domicilio la presentó el abogado Alberto Beraldi mediante un escrito en el que expone los motivos por los que Cristina Fernández debía estar en su residencia. El primer argumento fue la edad de la exmandataria y en segundo lugar, fue víctima de un intento de asesinato frente a su apartamento el 01 de septiembre de 2022. Debido a lo expuesto para el abogado era primordial resguardar su integridad cumpliendo la sentencia bajo arresto domiciliario.
Sin embargo, un día antes de cumplirse el plazo para que presentara la expresidenta, los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola a través de un escrito se opusieron a esta solicitud, y sostuvieron que debía cumplir la condena en prisión, señalaron que “la prisión domiciliara es una potestad, no algo obligatorio. Es una excepción del cumplimiento de la pena privativa de libertad. Su concesión no debe ser admitida automáticamente por la mera circunstancia de que la persona condenada esté incluida en alguno de los supuestos que enumere la Ley”.
El abogado defensor, Dalbón, publicó en su cuenta en X que Cristina Fernández aun rechaza los cargos que se le imputan y asegura que es víctima de persecución política y seguirán defendiéndose en todos los escenarios nacionales e internacionales:
“Impugnaremos la sentencia ante todos los foros nacionales e internacionales. Invocaremos el nuevo Código Procesal Penal Federal. Exigiremos la intervención de los organismos interamericanos. Y recurriremos, si es necesario, a la Corte Penal Internacional”.
Sobre lo sucedido, Cristina Fernández ha recibido el apoyo de líderes argentinos tanto políticos como de los sindicatos y sin dejar a un lado sus seguidores y compañeros de partido. Su apoyo también ha sido internacional como el de Luis Inácio Lula da Silva, presidente de Brasil y de Rafael Correa, exmandatario ecuatoriano; ambos han sido señalados por la justicia de su país por actos de corrupción y han expresado ser perseguidos políticos.
El pasado 11 de Junio la justicia argentina confirmó que Cristina Fernández es culpable por actos de corrupción y debía pagar seis años de condena y no puede ejercer cargos públicos de por vida. A Fernández se le acusó de asignar 51 licitaciones de obras públicas en la Provincia de Santa Cruz, dichas licitaciones beneficiaron al empresario argentino, Lázaro Báez, dueño de la compañía Austral Construcciones, por un monto de 84.000 millones de pesos. Buena parte de estas obras no se ejecutaron y otras quedaron a medias.
Señala la BBC, que durante la gestión de Cristina Fernández, Austral Construcciones fue favorecida con sobreprecios millonarios y solo dos obras fueron culminadas en el plazo establecido, la otra mitad nunca fueron terminadas, lo que significó una pérdida para el Estado de más de US$500 millones. La defensa argumentó que no hay pruebas que señalen directamente a Fernández ya que el Presidente no es quien toma esas decisiones, y hay 12 instancias administrativas entre la presidencia y las obras en licitación. Por ello insisten en su inocencia.
Sobre su arresto domiciliario, Cristina Fernández deberá cumplir con tres reglas para que no le sea revocado este beneficio. Primero, debe permanecer en el su apartamento, salvo situaciones excepcionales de fuerza mayor que deberán ser justificadas. En segundo lugar, debe evitar perturbar la paz y tranquilidad de los habitantes de la zona. Como tercer punto que debe acatar, es que tiene 48 horas para ofrecer una lista de personas que tendrán acceso sin requerir autorización judicial como su grupo familiar, custodia policial, profesionales médicos que la tratan asiduamente y abogados que la representan.
