El gobierno de los Estados Unidos de Norteamerica asegura que Brasil se ha convertido en un país que viola derechos humanos, especialmente de la oposición al gobierno de Luiz Inacio Lula Da Silva.
El Departamento de Estado estadounidense envió esta tarde al Congreso su informe anual sobre la situación de los derechos humanos en el mundo. Pero en vez de cuestionar a Israel o El Salvador, apuntó directo contra Brasil, su presidente Lula y el juez De Moraes.
Washington apunta directamente contra Brasilia
La administración de Donald Trump acusa al gobierno brasilero de persecución política al expresidente Jair Bolsonaro y a sus partidarios. Además, menciona como hecho preponderante que deterioró el debate democrático “al restringir la libertad de expresión en la Internet mediante el bloqueo de millones de usuarios e informaciones”.
Para Trump y el secretario de Estado Marco Rubio hubo “represión en las redes sociales” en el país sudamericano; y advierten que “figuras políticas y grupos de derechos humanos alertaron sobre la prisión de cientos de individuos” juzgados por participar de las protestas e invadir edificios públicos el 8 de enero de 2023.
Además, se señala que fueron presos durante varios meses sin que se presentaran acusaciones concretas. “Y esos manifestantes, concluye, no tuvieron acceso a la asistencia jurídica”.
Y por último, después de señalar que “la situación en Brasil empeoró a lo largo del año”, el dossier admite que a pesar de esto, “hubo respeto a los términos de la Constitución”.
El informe también citó al bloqueo temporal de los tribunales a la red social X en Brasil, propiedad del multimillonario y ex aliado político de Donald Trump, Elon Musk, como ejemplo de lo que considera el “retroceso” de los derechos humanos en el gigante sudamericano.
“Los tribunales tomaron una medida amplia y desproporcionada para socavar la libertad de expresión y de internet, al bloquear el acceso de millones de usuarios a la información contenida en una de las grandes plataformas de redes sociales”, se lee en el informe.
Durante años, el informe ha servido de fuente y de argumento a los defensores de derechos humanos en sus campañas de movilización. El Congreso de Estados Unidos también recurre a él para tomar decisiones a la hora de aprobar venta de armamento, entre otras cosas. Pero Trump ya había apuntado que se avecinaban cambios.
¿Una prueba de ello? Su reciente viaje a Arabia Saudí esta primavera, en donde el presidente estadounidense arremetió contra el “intervencionismo occidental” y aseguró que Estados Unidos ya no daría “sermones sobre cómo tienen que vivir o cómo gestionar sus asuntos internos”.
El nuevo informe es más corto que los mostrados en años anteriores
El Departamento de Estado presenta su nuevo informe, “resumido”, como un documento más fiel a lo que le exige la legislación estadounidense, que le obliga a presentar varios informes anuales sobre la situación de los derechos humanos en el mundo: el general y otros específicos sobre asuntos como el tráfico de personas o el respeto a la libertad religiosa.
Pero ante los argumentos de la institución, los críticos replican que las modificaciones reducen el escrutinio sobre los regímenes autoritarios del mundo. Entre otras cosas, indican, los apartados dedicados a cada país solo citan un único ejemplo del tipo de abuso que denuncian, aunque se hayan producido múltiples casos. Las ediciones anteriores enumeraban diferentes casos.
Estados Unidos ya había iniciado una guerra arancelaria contra Brasil
El pasado mes de julio, la Casa Blanca impuso aranceles del 50% a Brasil en respuesta a lo que calificó como una “amenaza inusual y extraordinaria” a Estados Unidos por parte del gobierno del país sudamericano.
La orden ejecutiva firmada por presidente Trump afirmaba que “las políticas, prácticas y acciones del gobierno de Brasil amenazaban directamente a la seguridad nacional, la política exterior y la economía de los Estados Unidos, y en consecuencia, declara una “emergencia nacional con respecto a dicha amenaza”.
Trump había anunciado el 9 de julio que gravaría a los productos brasileños que entran a Estados Unidos con un arancel del 50%, vinculando esa medida directamente a lo que definió como una “caza de brujas” contra el expresidente Jair Bolsonaro.
Durante el mismo miércoles, Washington también anunció nuevas sanciones contra Alexandre de Moraes, el juez del Tribunal Supremo de Brasil que ha liderado la investigación en torno a si Bolsonaro planeó un golpe de Estado tras perder las elecciones en 2022, acusación que el expresidente niega.
Al anunciar la sanción contra Moraes, el secretario del Tesoro del país norteamericano, Scott Bessent, lo responsabilizó y acusó de emprender “una campaña opresiva de censura”, “detenciones arbitrarias” y “juicios politizados, incluyendo uno contra el expresidente Jair Bolsonaro”.
Y el secretario de Estado, Marco Rubio, señaló a su vez: “Que esto sirva de advertencia para quienes pisotean los derechos fundamentales de sus compatriotas: las togas no pueden protegerlos”.
Según la Casa Blanca, la “persecución” al expresidente Bolsonaro “está contribuyendo al deterioro deliberado del Estado de derecho” en el país y amenazando “la política de Estados Unidos de promover la libertad de expresión y las elecciones libres y justas” en el mundo.
La sanción anunciada el mes de julio contra el juez Alexandre de Moraes se realizó invocando la Ley Magnitsky, una de las más severas con las que Estados Unidos castiga a los funcionarios extranjeros que considera responsables de graves actos de corrupción y violaciones de derechos humanos.
Dicha acción llegó con un aspecto muy importante: es la primera vez que una autoridad brasileña es objeto de un castigo de este tipo, representando así como la primera ocasión que ambos países tienen este tipo de diferencias.
En una entrevista con el diario ‘The New York Times’, el presidente brasileño se refirió a la tensión que se ha generado entre los dos países entorno al juicio a Bolsonaro.
“Posiblemente él (Donald Trump) no sepa que aquí en Brasil la justicia es independiente del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo“, afirmó el mandatario sudamericano.
Lula también señaló que Bolsonaro cuenta con “total derecho de defensa” y que las acusaciones en su contra no fueron hechas por su gobierno sino por el poder legislativo.
“El proceso tiene que transcurrir libremente sin intromisión de la política”, concluyó Da Silva sobre el tema.
