El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) enviará correos a los inmigrantes que gozan del programa Parole Humanitario en el que notifican que se les suspende el permiso de trabajo y deben dejar Estados Unidos.
Un duro momento están viviendo inmigrantes nicaragüenses, haitianos, venezolanos y cubanos quienes desde el 2022 pudieron ingresar a Estados Unidos bajo la protección del Parole Humanitario y así vez se les otorgó el permiso para que pudieran trabajar sin ningún problema, sin embargo este beneficio fue deregorado y ahora deben regresar a su país de origen, dejando todo en el país que les brindó la oportunidad de una nueva y mejor calidad de vida.
En el correo que envía el Departamento de Seguridad Nacional de Estado a los inmigrantes nicaragüenses, cubanos, haitianos y venezolanos les informan que su permiso para estar en EE.UU. bajo el programa de Libertad Condicional Humanitaria CHNV está cancelado: “Los mensajes informaron a los inmigrantes indocumentados que su libertad condicional había sido cancelada y que su autorización de empleo basada en ella había sido revocada, con efecto inmediato” así como su permiso de trabajo.
La administración Trump exhortó a los inmigrantes que estén indocumentados a autodeportarse a través de la app CBP Home de esta manera el estado les cubre la asistencia de viaje y les otorgarán una bonificación de $1000 que recibirán al llegar a su país.
El Programa de Parole Humanitario fue creado bajo la administración de Joe Biden debido a la situación inestake que viven los ciudadanos de Nicaragua, Venezuela, Haití y Cuba para que pudieran ingresar a los Estados Unidos y gozar del beneficio de permanencia personal, esta medida se aplicó en octubre de 2022.
El Departamento de Seguridad Nacional explicó la naturaleza de esta iniciativa que buscaba ayudar a los inmigrantes para que estuvieran en tierras estadounidenses de manera legal “Las medidas forman parte de los esfuerzos continuos de la Administración Biden-Harris para reducir la migración irregular en todo el hemisferio occidental, incluyendo la Estrategia de Estados Unidos para Abordar las Causas Fundamentales de la Migración y la Declaración multinacional de Los Ángeles sobre Migración y Protección”.
Pese a lo beneficioso que era la aplicación del Parole Humanitario, tres años después la administración Trump decidió derogarlo en varios intentos porque hasta un Juez Federal impugnó la decisión sin embargo, en mayo la Corte Suprema permitió al Gobierno de Trump dejar sin efecto dicho programa de ayuda Humanitaria.
Esta medida que otorgaba el Estado a los inmigrantes provenientes de Venezuela, Cuba, Haití y Cuba también conocido como Programas de Libertad Condicional CHNV permitió que muchas familias se reencontraran tras varios años, sin poder tener contacto, sin necesidad de solicitar una visa o ingresar de manera ilegal para encontrar una mejor calidad de vida.
La eliminación del parole humanitario afecta a más de 500,000 inmigrantes de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela. Estos individuos, que llegaron a Estados Unidos bajo este programa, ahora enfrentan la revocación de su estatus legal y permisos de trabajo. Específicamente, se estima que alrededor de 211,000 haitianos, 117,000 venezolanos, 110,000 cubanos y 93,000 nicaragüenses pierden su estatus temporal con la eliminación del parole.
El programa de Parole Humanitario permitía a estos inmigrantes ingresar y permanecer en Estados Unidos de forma temporal, con la opción de solicitar su permiso de trabajo. La revocación del parole implica que ya no tienen esa protección legal y deben buscar otras opciones, como asilo o el Estatus de Protección Temporal o TPS, si son elegibles, en el caso de los venezolanos no aplica esta opción.
Para la Secretaría del Departamento de Seguridad Nacional, Tricia McLaughlin “eliminar los programas de libertad condicional CHNV, así como las libertades condicionales de quienes se aprovecharon de ellos, será un retorno necesario a políticas sensatas, un retorno a la seguridad pública y un retorno a la idea de Estados Unidos primero”.
Sobre esta decisión de eliminar el Parole Humanitario, la jueza de la Corte Suprema de los Estados Unidos, Ketanji Brown Jackson, expresó que el fallo tendría “las vidas de medio millón de migrantes desmoronándose” y para Karen Tumlin, fundadora y directora del Justice Action Center, esta medida generará un caos en la vida de los inmigrantes, para los miembros de la demanda colectiva, sus lugares de trabajo y sus comunidades.
