La región aún no empieza a tomar medidas ante la crisis que se está generando en el sector inmobiliario: Varios países de Latinoamérica ya están experimentando agudos problemas, como la disminución de la tasa de propietarios de vivienda.
En América Latina y el Caribe, es frecuente que la compra de una vivienda se perciba como condición para formar una familia o alcanzar la estabilidad personal, percepción que se refuerza por mandatos familiares y la cultura popular, que han robustecido la idea de la propiedad como meta deseable.
Sin embargo, el creciente desacople entre los precios de la vivienda y el ingreso promedio de los latinoamericanos y caribeños, fenómeno que trasciende también nuestra región, pone esta aspiración de la vivienda en propiedad en jaque, debido a múltiples razones.
Entre ellas se destaca el fenómeno de la financiarización de los mercados inmobiliarios, a partir de la entrada masiva de capitales privados que ha elevado los precios, y restringido el acceso a los sectores medios y bajos.
Aumento de precios, disminución de ingresos y otros factores afectan el acceso a la vivienda
En mercados donde la vivienda es tratada principalmente como una inversión (ya sea para alquiler turístico, compra especulativa o resguardo de valor), la propiedad deja de estar al alcance de quienes buscan un lugar donde vivir, reforzando una paradoja: en un sistema que promueve o da por sentado la propiedad como ideal, cada vez menos personas pueden alcanzarla.
Para enfrentar este escenario se necesita un abanico amplio de políticas, pero, sobre todo, es preciso revalorizar otras maneras de habitar que permitan incluir modelos alternativos de acceso para asegurar la estabilidad habitacional, esto es, garantizar la capacidad de un hogar de residir de manera segura, previsible y adecuada. Desde esta premisa, la propiedad puede ser una de varias opciones posibles.
La idea de propiedad como única alternativa de tenencia no es universal. En varios países europeos, como Alemania, Austria o Dinamarca, los sistemas de alquiler están tan bien desarrollados que la propiedad no es vista como una necesidad, sino como una opción entre muchas.
En estos contextos, los hogares encuentran seguridad residencial sin recurrir a la compra, gracias a contratos estables, protección frente a aumentos arbitrarios, estándares de calidad habitacional garantizados por el Estado, y porque un alquiler asequible y estable, permite asignar ahorros a opciones más rentables que la compra de una vivienda.
También en América Latina existen experiencias destacables. Las cooperativas de vivienda por ayuda mutua en Uruguay han permitido el acceso a la vivienda a cientos de familias bajo esquemas de propiedad colectiva, autogestión y financiamiento solidario. Estos modelos ofrecen estabilidad sin recurrir a la propiedad individual, y promueven comunidades cohesionadas y participativas.
Garantizar el acceso a la vivienda requiere sin duda del aumento de la oferta para la compra, pero también implica reconocer que esta modalidad por sí sola no asegura soluciones adecuadas para todos los sectores de la sociedad.
Una manifestación clara de estas limitaciones es la creciente concentración en las ciudades de América Latina de una parte importante de esa nueva oferta en segmentos de alto valor, mientras que la vivienda asequible es escasa, mal ubicada o informal.
