Uruguay no necesita fuerzas armadas

En Uruguay se gastan casi dos mil millones de dólares al año para mantener a las fuerzas armadas, pese a que sistemáticamente no representan ningúna prioridad actual para el país, lo que genera un sin fin de discusiones sobre el por qué se sigue financiando cuando claramente no la necesitamos.

Fuerzas armadas en Uruguay, ¿Para qué?

¿Por qué los contribuyentes tenemos que mantener 23.000 efectivos militares y más de 1.590 millones de dólares anuales en estructuras de defensa, mientras nos faltan recursos para seguridad ciudadana, educación y salud? Es lo que muchos se preguntan y pocos son capaces de responder. Alejados de cualquier sesgo ideológico que podría entorpecer intercambios, un área estratégica clave que nos debemos como país, es discutir para qué invertimos en nuestras Fuerzas Armadas. ¿Qué objetivos actuales perseguimos? ¿La dotación es la correcta a esos objetivos? ¿La disposición de los recursos tiene sentido en función a la atención de esos objetivos y sus resultados? ¿No será momento de reimaginarlas? El gasto público en defensa que tiene Uruguay es extraordinariamente alto y presenta una paradoja. Uruguay mantiene el gasto militar per cápita más elevado de América Latina: US$ 361 por habitante, superando ampliamente a Brasil (US$ 145), Chile (US$ 242), Argentina (US$ 139) y Paraguay (US$ 53). En términos del producto, destinamos 2.0% del PIB a defensa, siendo el segundo país de Sudamérica en este indicador, solo superado por Colombia (2.87%) que enfrenta un conflicto interno histórico y aún activo. Estos números contrastan con la realidad operativa de nuestras fuerzas. El 40% aproximadamente del presupuesto de defensa (alrededor de unos US$ 583.5 millones anuales), se consume en pensiones militares que benefician a 51.000 jubilados. Esta cifra equivale a tres veces lo que el Estado transfiere al Banco de Previsión Social, que atiende a 800.000 beneficiarios. De los US$ 1.590 millones ejecutados en 2023, apenas 6% se destina a inversión y modernización de equipamiento. El resultado: capacidades operativas degradadas.   Entonces, ¿Sí no se usan como tal para que se sigue gastando dinero en ellas? Uruguay necesita una modernización de sus fuerzas armadas o en todo caso, seguir los pasos de Costa Rica y eliminarlas al no ser necesarias.

Uruguay: El precedente de Costa Rica, citado con frecuencia en el debate

La comparación con Costa Rica, mencionada como posible modelo a seguir, alude a un caso único en la región: el país centroamericano abolió su ejército en 1948, tras una guerra civil, y desde entonces redirigió una porción significativa de lo que habría sido gasto militar hacia educación y salud pública, un experimento que buena parte de los analistas de política de defensa citan como referencia al debatir alternativas al modelo tradicional de fuerzas armadas permanentes.

Sin embargo, especialistas en seguridad hemisférica suelen matizar esa comparación señalando diferencias de contexto geopolítico relevantes entre ambos países.

El peso de las pensiones, el verdadero nudo del debate

Más allá de la discusión sobre la necesidad estratégica de mantener fuerzas armadas, el dato que con frecuencia domina el debate presupuestario uruguayo es estructural: el hecho de que cuatro de cada diez dólares del presupuesto de defensa se destinen a pensiones militares, muy por encima de lo que se invierte en equipamiento y modernización operativa, revela un desequilibrio que trasciende la pregunta sobre la utilidad estratégica de las Fuerzas Armadas.

Cualquier reforma seria del sector, coinciden distintos economistas, tendría que abordar primero ese componente previsional heredado, antes que discutir la eliminación completa de una institución que sigue empleando a decenas de miles de personas y cumpliendo roles complementarios en emergencias climáticas, misiones de paz internacionales y control fronterizo.

Un debate que se reactiva cada ciclo presupuestario

La discusión sobre el rol y el financiamiento de las Fuerzas Armadas uruguayas, lejos de resolverse, tiende a reactivarse en cada ciclo de discusión presupuestaria quinquenal, sin que ningún gobierno -independientemente de su signo político- haya avanzado hasta ahora en una reforma estructural profunda del sector.

Esa inercia institucional, atribuida por analistas tanto a la resistencia corporativa dentro de las propias fuerzas como a la falta de consenso político sobre qué modelo de defensa necesita realmente un país del tamaño y las características geopolíticas de Uruguay, mantiene el debate abierto de cara a futuras discusiones presupuestarias.