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El reciente pronunciamiento del presidente Luis Lacalle Pou, que sostuvo que Uruguay “no necesita Fuerzas armadas” para garantizar su defensa mínima, ha encendido un intenso debate que atraviesa la esfera política, la identidad histórica y la posición del país en el concierto internacional. La declaración, emitida en una rueda de prensa el pasado 12 de agosto, ha generado reacciones encontradas entre legisladores, analistas de seguridad y la sociedad civil, que se preguntan si la reducción drástica de la institución militar es viable o, por el contrario, un riesgo latente para la soberanía.
Para comprender la magnitud de la controversia, es preciso remontarse a la tradición de neutralidad que marcó la política exterior uruguaya desde la Segunda Guerra Mundial, así como a la evolución institucional de sus Fuerzas armadas, que hoy cuentan con menos de 15 000 efectivos y un presupuesto que apenas supera el 1 % del PIB. La propuesta de eliminar o reducir drásticamente esa estructura plantea interrogantes sobre la capacidad del Estado para responder a amenazas tradicionales y no tradicionales, desde el narcotráfico hasta los desastres naturales.
Fuerzas armadas: marco constitucional y doctrina de defensa mínima
Desde la promulgación de la Constitución de 1967, Uruguay ha mantenido una política de defensa basada en la “defensa mínima”, orientada a la preservación de la soberanía sin aspiraciones de proyección militar. La abolición del servicio militar obligatorio en 2009 reforzó esa línea, sustituyéndolo por un modelo de reserva voluntaria y una mayor dependencia de la cooperación internacional. El artículo 215 de la Carta Magna establece que la defensa del país corresponde al Estado, pero delega la ejecución a las Fuerzas Armadas, sin precisar un nivel de gasto ni un número de efectivos.
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El marco legal se complementa con la Ley de Defensa Nacional (Ley 18.250) y el Plan Estratégico de Seguridad (PES) de 2015, que delinean una “capacidad operativa proporcional a la amenaza”. En la práctica, esa proporcionalidad ha significado una reducción sostenida del presupuesto militar, que en 2022 alcanzó los 1,2 % del PIB, cifra comparable a la de naciones como Costa Rica o Islandia, ambas sin ejército permanente.
El discurso de Lacalle Pou y la respuesta política
Durante la conferencia de prensa, el presidente Lacalle Pou afirmó que “Uruguay ya no necesita un ejército grande; la seguridad se construye con la policía, la inteligencia y la cooperación regional”. La declaración fue acompañada por la propuesta de canalizar los recursos militares hacia la educación y la salud, una medida que, según él, “refuerza la defensa del país desde la raíz”.
El ministro de Defensa, Javier García, respondió al día siguiente en una entrevista con El Chusmero, señalando que “el objetivo no es desarmar al país, sino optimizar la estructura”. García subrayó que la capacidad de respuesta ante desastres naturales, como las inundaciones de 2023, depende de la logística militar y de la presencia de personal entrenado en zonas de difícil acceso.
En el Congreso, la oposición del Frente Amplio y del Partido Colorado ha calificado la postura de “irresponsable”. El senador Danilo Sosa (Frente Amplio) denunció que “el discurso de la defensa mínima se vuelve un eufemismo para la vulnerabilidad”. Por su parte, el presidente del Senado, José Báez (Partido Nacional), pidió un “diálogo amplio y técnico” antes de cualquier reforma estructural.
Capacidad operativa y desafíos de seguridad contemporáneos
Las Fuerzas armadas uruguayas, compuestas por el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea, desempeñan funciones que van más allá de la defensa tradicional. En los últimos diez años, han sido protagonistas en la interdicción de cargamentos de cocaína que atraviesan la costa del Río de la Plata, en la asistencia a la población tras los incendios forestales de 2021 y en la logística de evacuación durante la crisis hídrica de 2022.
Expertos en seguridad, como la investigadora del Centro de Estudios Estratégicos de Montevideo, la Dra. Lucía Mora, advierten que “una reducción abrupta de efectivos comprometería la capacidad de respuesta rápida, especialmente en áreas rurales donde la presencia policial es escasa”. Asimismo, el informe del Instituto Internacional de Estudios Estratégicos (IIEE), citado por la agencia Reuters, indica que la región del Cono Sur enfrenta un aumento del 23 % en actividades delictivas transnacionales, lo que exige una coordinación interagencial robusta.
Implicaciones económicas y diplomáticas
Desde el punto de vista fiscal, la redistribución del gasto militar podría liberar aproximadamente 150 millones de dólares anuales, cifras que el gobierno propone destinar a la salud pública y a la infraestructura educativa. Sin embargo, analistas del Banco Central de Uruguay advierten que “una reducción de la inversión en defensa no se traduce automáticamente en mayor crecimiento”, pues la seguridad es un factor clave para la atracción de inversión extranjera.
En el plano diplomático, la postura de “defensa mínima” refuerza la alineación de Uruguay con países como Costa Rica y Suecia, que promueven la seguridad a través de la diplomacia preventiva y la participación en misiones de paz de la ONU. No obstante, la posición también genera incertidumbre entre socios regionales, particularmente Brasil y Argentina, que mantienen acuerdos bilaterales de defensa y comparten fronteras donde la vigilancia conjunta es esencial.
Perspectivas a futuro y conclusión
El debate sobre la necesidad de las Fuerzas armadas en Uruguay se perfila como una cuestión que trasciende la mera cuestión presupuestaria. La “defensa mínima” se ha convertido en un paradigma que obliga a sopesar la tradición de neutralidad con los retos emergentes de seguridad. Mientras el presidente Lacalle Pou promueve una visión de Estado más social y menos militar, la oposición y la comunidad académica exigen garantías de capacidad operativa y continuidad institucional.
En última instancia, la decisión que se tome en los próximos años definirá no solo la estructura militar, sino también la concepción uruguaya de soberanía en un mundo cada vez más interconectado. La clave estará en diseñar un modelo híbrido, donde la reducción de efectivos se compense con mayor inversión tecnológica, mayor cooperación regional y una política de seguridad integral que incluya a la policía, la inteligencia y la sociedad civil.
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