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El Gobierno uruguayo se encuentra a punto de decidir la compra de lanchas patrulleras oceánicas (OPV) tras la extinción de su contrato con la firma española Cardama. En las últimas horas se reunieron representantes del Poder Ejecutivo y el Ministerio de Defensa con emisarios franceses, mientras que ofertas del Reino Unido y Corea del Sur también están en estudio. La decisión se espera que se concluya en noviembre de 2026, tras la evaluación de las propuestas presentadas.
Tabla de contenidos
Reunión con emisarios franceses
El noticiero radial Informativo Sarandí informó que representantes del Poder Ejecutivo y el Ministerio de Defensa se reunieron con emisarios de una empresa francesa que podría suministrar las OPV. La reunión, realizada en la Torre Ejecutiva, contó con la presencia del viceministro de Defensa, Joel Rodríguez. Según fuentes presentes, la discusión se centró en las especificaciones técnicas y los plazos de entrega, aunque aún no se acordó un número definitivo de embarcaciones.
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La empresa francesa ha mostrado disposición a negociar precios competitivos y condiciones de mantenimiento a largo plazo.
Ofertas del Reino Unido y Corea del Sur
El noticiero Subrayado destacó que, además de la propuesta francesa, existen ofertas de compañías británicas y coreanas para la entrega de las lanchas. Se desconoce el número de embarcaciones ofrecidas por cada país, pero la información indica que la compra se realizaría mediante una adquisición directa. El Ministerio de Defensa ha solicitado documentación detallada de los planes de producción y los costos asociados a cada propuesta.
La diversidad de opciones permite al Gobierno comparar tecnologías y servicios postventa antes de tomar una decisión.
Situación del proyecto con Cardama
La extinción del contrato con la firma española Cardama dejó a Uruguay con una embarcación parcialmente construida que permanece en el astillero de Vigo, en Galicia. Se está evaluando si la estructura puede ser completada por otra empresa o si se preferirá la adquisición de nuevas OPV. El gobierno ha solicitado un informe técnico sobre el estado de la embarcación y su viabilidad de integración con el buque de la Armada.
Este análisis influirá en la decisión final sobre la compra de nuevas lanchas.
Declaraciones presidenciales
En mayo de 2026, el presidente Yamandú Orsi comentó que el Gobierno ya tenía ofertas de Francia y Reino Unido, y que se evaluarán propuestas concretas con números detallados. Orsi señaló que el proceso busca mejorar la capacidad de patrulla marítima del país y garantizar la seguridad de sus aguas jurisdiccionales. La administración ha enfatizado la necesidad de una compra transparente y eficiente, alineada con los estándares internacionales de defensa.
Impacto para la Armada uruguaya
La adquisición de OPV fortalecería la capacidad de vigilancia y respuesta rápida de la Armada en el litoral y las zonas de pesca. Las lanchas oceánicas tienen mayor autonomía y equipamiento tecnológico que las embarcaciones de patrulla existentes. Además, su incorporación facilitaría la colaboración con agencias de seguridad y la cooperación con países vecinos en la prevención de delitos marítimos.
La modernización de la flota se considera un paso clave en la estrategia de defensa nacional.
Cronología y próximos pasos
El proceso de selección se espera que concluya en noviembre de 2026, cuando se presenten las propuestas finales y se realicen los análisis comparativos. Tras la aprobación, se programará la firma del contrato y la entrega de las embarcaciones. Mientras tanto, el gobierno continuará evaluando la viabilidad de completar la embarcación de Cardama y las opciones de financiación pública y privada.
La decisión final tendrá implicaciones significativas para la política de defensa y la seguridad marítima de Uruguay.
Evaluación de costos y financiación del proyecto
El proceso de adquisición de las patrulleras oceánicas ha requerido una revisión exhaustiva del presupuesto nacional, que se ha ajustado para incluir varios cientos de millones de dólares destinados a la compra y equipamiento de los buques.
El Ministerio de Defensa presentó un informe a la Cámara de Representantes en junio de 2026, donde se detalló la necesidad de financiar la operación mediante una combinación de recursos del presupuesto general y líneas de crédito internacionales previamente aprobadas. La Cámara aprobó la asignación en julio, señalando que la inversión se distribuirá a lo largo de los próximos cuatro años fiscales para evitar presiones excesivas sobre el gasto corriente.
Asimismo, se estableció un mecanismo de seguimiento que incluye auditorías trimestrales para garantizar la transparencia del uso de los fondos. Hasta la fecha, la ejecución presupuestaria avanza según lo previsto, sin reportes de sobrecostos significativos.
Impacto en la industria naval local
Una de las metas declaradas por el gobierno es impulsar la capacidad productiva del sector naval uruguayo mediante la participación de astilleros nacionales en la construcción de componentes críticos de las patrulleras. En 2026, el Ministerio de Industria firmó convenios preliminares con dos empresas del interior del país, que se encargarán de la fabricación de estructuras de acero y sistemas de propulsión bajo supervisión de los proveedores extranjeros.
Estos acuerdos incluyen cláusulas de transferencia tecnológica que permitirán al personal local adquirir conocimientos avanzados en diseño y mantenimiento de buques de alta mar. Según fuentes del propio Ministerio, la iniciativa generará cientos de puestos de trabajo directos e indirectos y fortalecerá la cadena de suministro nacional. El proyecto, por tanto, no solo responde a una necesidad de seguridad marítima, sino que también constituye un motor de desarrollo industrial para Uruguay.
Perspectivas y próximos pasos
Con la decisión pendiente, el Ministerio de Defensa mantiene abiertas ambas alternativas, evaluando criterios de costo‑beneficio, interoperabilidad con la flota existente y la capacidad de respuesta ante amenazas en la zona del Atlántico Sur. Las conversaciones con los proveedores se han intensificado durante los últimos meses, y se espera que la autoridad marítima emita una recomendación formal antes de fin de año.
En paralelo, el Congreso seguirá supervisando el proceso para garantizar la transparencia del gasto y la alineación con la política de defensa nacional. La selección final influirá no solo en la capacidad de patrullaje, sino también en la proyección de soberanía y la cooperación regional en materia de seguridad marítima.
Conclusión:
La adquisición de nuevas patrulleras oceánicas representa un punto de inflexión para la estrategia naval uruguaya. Al sopesar dos plataformas diferentes, el país busca equilibrar la necesidad de modernizar su flota con la prudencia fiscal requerida en un contexto económico delicado.
La decisión, que se perfila para los próximos meses, tendrá repercusiones en la capacidad de vigilancia de sus aguas, en la protección de la zona económica exclusiva y en la colaboración con vecinos y organismos internacionales para combatir la pesca ilegal y otras actividades ilícitas. Asimismo, el proceso está siendo observado por la sociedad civil y el Congreso, que demandan claridad sobre los costos y los beneficios estratégicos.
En definitiva, la opción elegida definirá no solo la operatividad de la Armada, sino también el grado de autonomía que Uruguay pueda ejercer en la defensa de sus intereses marítimos en el futuro próximo.
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