Katoen Natie advierte demanda mayor si Uruguay aprueba segunda terminal

Katoen Natie advierte que, si Uruguay aprueba una segunda terminal en Montevideo, presentará una demanda internacional mucho mayor, sumando al reclamo de 1.500 millones de dólares ya en curso.

Fernando Correa

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Katoen Natie advierte demanda mayor si Uruguay aprueba segunda terminal
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Fernando Correa, gerente de Relaciones Institucionales de Katoen Natie, anunció en octubre de 2026 que la aceptación gubernamental de una segunda terminal portuaria provocaría una nueva notificación de diferendo al CIADI. La empresa belga controla el 80 % del Terminal Cuenca del Plata y ya mantiene un litigio de 1.500 millones de dólares contra Uruguay. La propuesta, presentada por Neltume Ports, implica una inversión estimada en 600 millones de dólares y genera un conflicto legal y económico.

Antecedentes de la disputa entre Katoen Natie y el Estado uruguayo

Katoen Natie, empresa belga que administra la mayor parte del Terminal Cuenca del Plata (TCP), controla alrededor del 80 % de la infraestructura portuaria de Montevideo. Desde 2021, la compañía mantiene un contrato de inversión con el Estado uruguayo que incluye cláusulas de estabilidad jurídica y limitaciones a la competencia dentro del mismo recinto.

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En 2023, Katoen inició un litigio internacional ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias de Inversiones (CIADI) reclamando 1.500 millones de dólares por supuestas violaciones contractuales. El proceso sigue abierto y ha generado incertidumbre en el sector logístico del país.

Propuesta de una segunda terminal y la respuesta de Katoen Natie

Neltume Ports, accionista del consorcio Montecon, propuso la construcción de una segunda terminal de contenedores con el objetivo de ampliar la capacidad operativa del puerto de Montevideo. El proyecto busca responder al crecimiento del tráfico marítimo sudamericano y a la demanda de líneas navieras internacionales. El Gobierno uruguayo ha mostrado interés en diversificar la infraestructura portuaria para atraer mayor inversión.

No obstante, la propuesta requeriría la modificación de los términos contractuales vigentes con Katoen Natie.

Implicaciones económicas y legales de un eventual reclamo

Si el Estado uruguayo procede con la autorización, Katoen Natie podría presentar una demanda cuyo valor supere los 1.500 millones de dólares reclamados en la disputa anterior. La empresa ha sugerido que el daño adicional provendría del incumplimiento de la estabilidad jurídica y de la pérdida de rentabilidad esperada del TCP.

Un reclamo de tal magnitud tendría repercusiones en la balanza de pagos y en la percepción de riesgo país entre inversores extranjeros. El Ministerio de Economía ha señalado que evaluará los posibles efectos fiscales antes de tomar una decisión definitiva.

Impacto en la cadena logística nacional

Durante 2025, la posibilidad de abrir una segunda terminal en el puerto de Montevideo generó un amplio debate sobre la capacidad operativa del país. Los analistas coincidieron en que una ampliación podría aliviar los cuellos de botella observados en la manipulación de contenedores en los últimos años.

Al mismo tiempo, el aumento de la infraestructura portuaria implicaría ajustes en la red de transporte interno, desde el ferrocarril hasta las carreteras que conectan la zona portuaria con los principales centros productivos. Estas modificaciones tendrían repercusiones en los costos logísticos, que podrían bajar para algunos sectores mientras que otros enfrentarían una mayor competencia en la oferta de servicios.

Fernando Correa - Impacto en la cadena logística nacional

Reacciones de los actores locales

El gobierno nacional mantuvo una postura cautelosa, señalando la necesidad de evaluar el impacto ambiental y financiero antes de aprobar la segunda terminal. Los sindicatos portuarios expresaron preocupación por la posible automatización y la presión sobre los salarios, pidiendo garantías laborales en cualquier proyecto de expansión. Por su parte, asociaciones de exportadores vieron la medida como una oportunidad para diversificar los destinos de sus productos y reducir los tiempos de espera.

Organizaciones de la sociedad civil, sin embargo, subrayaron la importancia de que el proceso incluya consultas públicas y estudios de sostenibilidad antes de cualquier decisión definitiva.

Perspectivas a futuro y posibles impactos

La posible autorización de una segunda terminal portuaria en el puerto de Montevideo ha generado un intenso debate entre los actores del sector logístico y las autoridades nacionales. Katoen Natie, como operador clave del terminal actual, ha señalado que la ampliación de la infraestructura podría traducirse en un aumento de la demanda de servicios de almacenamiento, manipulación y transporte terrestre, lo que requeriría inversiones adicionales en equipos y personal.

Al mismo tiempo, el gobierno ha manifestado su intención de diversificar la oferta portuaria para atraer mayores volúmenes de exportación, especialmente en sectores agropecuarios y energéticos. La discusión se centra ahora en equilibrar la capacidad operativa con la sostenibilidad financiera y ambiental, considerando los planes de desarrollo regional y los compromisos internacionales de Uruguay en materia de comercio y medio ambiente.

Conclusión:

En conclusión, la advertencia de Katoen Natie sobre una posible mayor demanda si se aprueba la segunda terminal refleja la complejidad de expandir la infraestructura portuaria en Uruguay. Por un lado, la ampliación podría potenciar la competitividad del país, permitiendo mayores volúmenes de exportación y una diversificación de rutas marítimas.

Por otro, el incremento de la actividad implica desafíos logísticos, de inversión y de gestión ambiental que deberán ser abordados con planificación cuidadosa. Las autoridades deberán sopesar los beneficios económicos frente a los costos operativos y a la necesidad de garantizar condiciones laborales y medioambientales adecuadas.

Un proceso de consulta amplio y la incorporación de estudios de impacto pueden contribuir a una decisión equilibrada que favorezca tanto al sector privado como al desarrollo sostenible del país.

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