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El jueves 12 de noviembre de 2026, familiares de militares detenidos se congregaron frente al Cenapromil de Ramo Verde, en Miranda. La manifestación buscó presionar por la excarcelación de 37 efectivos que mantienen una huelga de hambre desde el 9 de noviembre y por condiciones dignas de detención. Los participantes denunciaron aislamiento, falta de agua potable y ausencia de atención médica en el penal.
Tabla de contenidos
Antecedentes de la detención y la huelga de hambre
En el contexto de familiares de militares, el 9 de noviembre de 2026, a las 6:00 a.m., 21 sargentos de la Guardia Nacional Bolivariana iniciaron una huelga de hambre dentro del Centro Nacional de Procesados Militares (Cenapromil) de Ramo Verde. La medida se extendió a otros 15 internos, entre ellos dos mujeres vinculadas al caso de la Gobernadora de Monagas y efectivos de los procesos Paramacay, Gedeón, Aurora, Sukhoi y Refinería El Palito, completando un total de 37 detenidos.
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Además, un militar acusado de delitos comunes se unió al ayuno para protestar contra la dilación procesal. La huelga se declaró indefinida y los familiares la describen como una forma de presión para lograr su liberación plena.
Denuncias de condiciones de reclusión
Hablando puntualmente de familiares de militares, los familiares señalaron que, por orden del director del penal, el general Luis Ojeda, los huelguistas están confinados al exterior de la cancha deportiva, sin acceso a baños, artículos de aseo ni agua potable.
Según Sandra Hernández, esposa del sargento mayor Luis Bandres y vocera del grupo, los internos deben recurrir al agua de lluvia o a la que se acumula en charcos para beber, lo que representa un riesgo grave para su salud. La vocera también advirtió que la falta de asistencia médica obliga a los reclusos a soportar el deterioro físico bajo temperaturas bajas, cubriéndose únicamente con sábanas bajo carpas improvisadas.
Estas condiciones, según los presentes, constituyen una violación de derechos humanos que pone en peligro la vida de los internos.
Respuesta oficial del Ejecutivo y la Fiscalía
Tras la manifestación de los familiares de militares detenidos en el complejo de Ramo Verde, el gobierno emitió un comunicado en el que reiteró la legalidad de los procesos judiciales en curso. La Fiscalía General del Estado, por su parte, señaló que las detenciones se realizaron bajo el marco del Código Penal Militar y que cualquier solicitud de libertad provisional debe ser evaluada conforme a los requisitos establecidos por la ley.
Sin embargo, el comunicado también reconoció la necesidad de garantizar el derecho a la defensa y al debido proceso, y anunció la apertura de una revisión interna de los casos que involucren a personal militar de alto rango, con la finalidad de evitar posibles vulneraciones de derechos humanos.
Repercusiones internacionales y observación de organismos de derechos humanos
Las protestas de los familiares de los militares han llamado la atención de organismos internacionales que siguen de cerca la situación de los derechos humanos en Venezuela. En una nota emitida a finales de 2025, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos había instado al Estado venezolano a garantizar la transparencia de los juicios militares y a evitar detenciones arbitrarias.
Aunque la nota no menciona explícitamente los eventos de Ramo Verde, los analistas consideran que la presión diplomática se ha intensificado, y que la comunidad internacional observa con mayor escrutinio cualquier indicio de violaciones al debido proceso, lo que podría influir en futuras decisiones de cooperación bilateral y asistencia humanitaria.
Continuación de la protesta y nuevas exigencias
A medida que la manifestación se prolongó, los familiares de los militares que fueron detenidos en los últimos meses ampliaron sus reclamos, exigiendo no solo la liberación inmediata de los internos, sino también la garantía de un proceso judicial que respete la presunción de inocencia.
Las concentraciones se mantuvieron en la entrada de la sede del Ministerio del Poder Popular para la Defensa, donde se organizaron turnos de discurso y consignas que denunciaban presuntos abusos de autoridad. Organizaciones de derechos humanos locales acompañaron la marcha, señalando la necesidad de observar los estándares internacionales en materia de detención y debido proceso.
La presencia de medios nacionales e internacionales incrementó la presión sobre las autoridades, que hasta el momento han respondido con declaraciones de apertura al diálogo pero sin anunciar medidas concretas. El clima de tensión se mantuvo, mientras los manifestantes reiteraban su disposición a seguir en la calle hasta lograr la excarcelación de los militares que consideran víctimas de una persecución política.
Conclusión:
La protesta de los familiares de militares en Ramo Verde refleja una nueva fase de conflicto interno en Venezuela, en la que la cuestión de la detención de miembros de las Fuerzas Armadas se ha convertido en un punto de convergencia entre la defensa de los derechos humanos y la percepción de vulnerabilidad institucional.
Al exigir la excarcelación de sus seres queridos, estos grupos no solo buscan la liberación individual, sino también la garantía de que el proceso judicial sea imparcial y respetuoso de los principios constitucionales. La respuesta del gobierno, aunque verbalmente abierta al diálogo, aún carece de acciones concretas que puedan disipar la desconfianza acumulada durante los últimos años.
En este contexto, la presión internacional, impulsada por organizaciones de derechos humanos y observadores externos, podría jugar un papel decisivo al instar a Caracas a cumplir con sus obligaciones internacionales. Mientras tanto, la continuidad de la movilización en Ramo Verde sugiere que, sin una solución negociada, la tensión social y política seguirá alimentando episodios de protesta que podrían escalar en intensidad.
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