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El juez James Boasberg, quien está a cargo de la Corte de Distrito de DC, informó que existe una causa probable para dar inicio a un procedimiento contra los funcionarios que no acataron la orden de no expulsión de venezolanos hacia El Salvador emitida el pasado 15 de marzo, decisión tomada por la Administración Trump amparándose por la Ley de Enemigos Extranjeros.
El juez Boasberg señaló que los funcionarios que incurrieron en este desacato tienen la oportunidad de cumplir su orden y permitir que los venezolanos impugnen acusaciones por las que fueron enviados a El Salvador, de esta manera estos funcionarios pueden evadir un proceso por desacato, señala Boasberg, en un memorándum publicado este miércoles, que “La corte determina en última instancia que las acciones del gobierno ese día demuestran un desacato deliberado a su orden, suficiente para que la corte concluya que existe causa probable para declarar al Gobierno en desacato penal”. Explica el Juez que dio la oportunidad de rectificar y esclarecer la situación pero “ninguna de las respuestas fueron satisfactorias”.
El Juez James Boasberg ha dado un plazo hasta el 23 de abril para que el gobierno explique porqué no acataron su orden y detallen qué están haciendo para reparar los daños en caso de no hacerlo deberá el estado suministrar los nombres de los funcionarios involucrados que pasaron por alto la decisión de no expulsar a esos venezolanos que fueron enviados al CECOT en El Salvador.
¿Cómo puede la administración de Trump evitar un proceso penal por desacato tras estas declaraciones del Juez Boasberg? Explica Boasberg que los señalados deben confirmar que tienen la custodia de los expulsados a El Salvador incumpliemdo la orden del Juez que impedía esta acción para luego impugnar la decisión mediante el habeas corpus. Detalla Boasberg en el documento que “el gobierno no necesitaría liberar a alguna de esas personas, tampoco transportarlos de regreso a su país. La corte también les dará la oportunidad a los demandados de proponer otros métodos para cumplir con la orden, que serán evaluados”.
Si el gobierno no cumple este procedimiento, la Corte debe identificar a los responsables de acción y por omisión, luego se convocará a una audiencia donde los testigos presenciales deberán brindar declaración bajo juramento. Después de proceso, la Corte solicitará que el desacato sea procesado por un abogado del estado si el Departamento de Justicia se niega el Tribunal hará lo propio para procesar al gobierno.
Administración Trump: Un conflicto entre poderes con implicaciones institucionales profundas
El enfrentamiento entre el juez Boasberg y la administración Trump por el caso de las deportaciones a El Salvador se convirtió en uno de los episodios más tensos de la relación entre el Poder Judicial y el Ejecutivo estadounidense en los últimos años, con juristas constitucionalistas advirtiendo que un eventual desacato confirmado por parte de funcionarios federales representaría una crisis institucional sin precedentes recientes, al cuestionar directamente el principio de separación de poderes que sostiene el sistema democrático estadounidense frente a decisiones judiciales vinculantes sobre políticas migratorias.
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Un caso seguido de cerca por organizaciones de derechos humanos
El litigio ante el juez Boasberg se convirtió en un caso de referencia seguido de cerca por organizaciones de derechos civiles como la ACLU, que representaba legalmente a varios de los venezolanos deportados, argumentando que estas personas no tuvieron oportunidad de impugnar individualmente las acusaciones que motivaron su expulsión hacia el CECOT, un centro de detención salvadoreño que ya enfrentaba cuestionamientos internacionales por sus condiciones de reclusión, lo que añadía una dimensión adicional de derechos humanos al conflicto institucional entre el Poder Judicial y la Casa Blanca.
El propio Departamento de Justicia enfrentó presión interna, ya que varios abogados federales de carrera expresaron reservas sobre defender una postura que podría implicar reconocer el incumplimiento de una orden judicial directa, una situación inusual que puso de manifiesto las tensiones existentes entre los abogados de carrera del gobierno y las directrices políticas emanadas de la Casa Blanca en torno a la política migratoria.
Más información sobre Administración Trump disponible en Wikipedia.
En resumen, todo indica que Administración Trump seguirá siendo tema de conversación en los próximos días.
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