Asamblea Nacional crea comisión para reformar la Ley contra el Odio

La Asamblea Nacional designó el 29 de septiembre de 2026 una comisión de 11 diputados, a solicitud de Delcy Rodríguez, para redactar la reforma de la Ley Constitucional contra el Odio, con el objetivo de despenalizar conductas y fomentar la convivencia pacífica.

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Asamblea Nacional crea comisión para reformar la Ley contra el Odio
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La Asamblea Nacional de Venezuela aprobó la creación de una comisión especial el 29 de septiembre de 2026. La iniciativa surgió tras la solicitud formal de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, y fue anunciada por el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez. El objetivo es elaborar un proyecto de reforma de la Ley Constitucional contra el Odio, la Convivencia Pacífica y la Tolerancia.

Composición y liderazgo de la comisión

Durante la sesión del martes, el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, informó que la nueva comisión estará presidida por el diputado Pedro Infante. El grupo está integrado por once parlamentarios, entre ellos Jorge Arreaza, América Pérez, Carolina García Carreño, Willy Medina, Tania Díaz, Jehyson Guzmán, Nicolás Ernesto Maduro Guerra, Amelia Belisario, Luis Romero y Rubén Limas.

Para más contexto, consultá también El Nacional.

La presencia de figuras como Jorge Arreaza y Tania Díaz refleja una representación diversa de la bancada oficialista. Cada integrante recibirá el mandato de iniciar de inmediato la redacción del proyecto de reforma.

Motivaciones de la reforma solicitada por la mandataria

Delcy Rodríguez envió una comunicación formal a la Asamblea Nacional el día anterior, pidiendo una revisión parcial de la normativa vigente desde noviembre de 2017. En su solicitud, la mandataria destacó la necesidad de despenalizar ciertas conductas y corregir lo que calificó como desviaciones en su aplicación.

Además, vinculó la reforma a una estrategia más amplia para impulsar una nueva etapa de convivencia y ampliar los espacios de entendimiento entre los venezolanos. La medida forma parte del programa de su administración para introducir cambios en el sistema de justicia penal.

Agenda legislativa y próximos pasos

Una vez elaborado el texto, la comisión deberá presentarlo ante el pleno de la Asamblea Nacional para su discusión y eventual votación. Según lo anunciado, los trabajos de redacción comenzarán de inmediato, aunque no se especificó una fecha límite para la presentación del proyecto. El proceso incluirá debates internos, ajustes y la incorporación de observaciones de otros sectores parlamentarios.

La aprobación de la reforma, de concretarse, buscará fortalecer la convivencia pacífica y la tolerancia en el marco constitucional venezolano.

Composición y mandato de la comisión

La nueva comisión está integrada por legisladores de los principales bloques parlamentarios, así como por representantes de la sociedad civil especializados en derechos humanos y comunicación digital. Su mandato, definido por la propia Asamblea, contempla la revisión integral de los artículos que tipifican conductas de odio, con especial atención a la protección de grupos vulnerables.

El trabajo se desarrollará en sesiones públicas, garantizando la transparencia y la posibilidad de participación ciudadana mediante audiencias abiertas. Además, la comisión contará con asesoría técnica de expertos universitarios y de organismos internacionales que hayan colaborado previamente con Venezuela en materia de derechos fundamentales.

El plazo para presentar un proyecto de reforma está previsto para los próximos seis meses, con la intención de someterlo a debate en el pleno antes de fin de año.

Perspectivas y retos para la reforma

Los analistas señalan que la reforma de la Ley contra el Odio enfrentará tensiones entre la necesidad de proteger a minorías y la reticencia de sectores que temen restricciones a la libertad de expresión. Los partidos de oposición han manifestado su disposición a colaborar, siempre que el texto garantice mecanismos claros de sanción y prevención sin ambigüedades.

Por su parte, organismos internacionales han llamado a la Asamblea a alinearse con los estándares internacionales de derechos humanos, aunque han advertido que cualquier retroceso podría afectar la percepción externa de Venezuela. El debate interno también deberá considerar el impacto de la normativa en el entorno digital, donde la proliferación de discursos de odio ha aumentado en los últimos años.

En última instancia, la capacidad de la comisión para alcanzar consensos será determinante para la viabilidad de la reforma y su aceptación tanto a nivel nacional como internacional.

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Próximos pasos y expectativas de la reforma

La comisión, integrada por legisladores de la oposición y expertos en derechos humanos, iniciará sus trabajos con una agenda que contempla la revisión de los criterios de tipificación del discurso de odio, la garantía de protección a víctimas y la alineación de la normativa con estándares internacionales.

Se espera que el primer borrador sea presentado al pleno de la Asamblea antes de finalizar el primer semestre de 2027, momento en el cual el gobierno y la oposición deberán negociar su incorporación al marco legal vigente.

La comunidad internacional ha manifestado su apoyo a iniciativas que fortalezcan la libertad de expresión sin tolerar la incitación a la violencia, por lo que la reforma podría influir en la evaluación de organismos como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Conclusión:

La creación de la comisión para reformar la Ley contra el Odio representa un intento de la Asamblea Nacional de abordar una normativa que, según críticos, ha sido utilizada tanto para censurar la disidencia como para no proteger adecuadamente a grupos vulnerables.

Al centrarse en redefinir los límites del discurso intolerante y establecer mecanismos de reparación, la iniciativa busca equilibrar la libertad de expresión con la necesidad de prevenir la incitación al odio. Sin embargo, el éxito de la reforma dependerá de la capacidad de los legisladores para superar la polarización política y de la disposición del Ejecutivo a aceptar cambios que podrían limitar herramientas de control de la información.

La observación de organismos internacionales y la presión de la sociedad civil podrían ser determinantes para que la propuesta avance sin dilaciones excesivas, contribuyendo a un marco jurídico más coherente con los compromisos de derechos humanos de Venezuela y del país.

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