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La Asamblea Nacional de Venezuela aplazó, este martes 3 de noviembre de 2026, el debate del proyecto de reforma parcial de la Ley del Servicio Eléctrico. La decisión, solicitada por el diputado Pedro Carreño, se produce después de que el legislativo ya hubiera revisado gran parte de los más de veinte artículos que integran la iniciativa. El aplazamiento se da en un contexto de interrupciones frecuentes del suministro eléctrico y crecientes presiones de usuarios y actores políticos.
Tabla de contenidos
Contexto del sector eléctrico y la reforma propuesta
En el contexto de asamblea nacional, durante más de una década el Sistema Eléctrico Nacional ha sufrido un deterioro operativo que se ha traducido en frecuentes apagones y una caída de la calidad del servicio.
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La propuesta de reforma parcial de la Ley del Servicio Eléctrico busca crear un marco normativo que permita la apertura del sector a la inversión privada, con el objetivo de reactivar la infraestructura de generación, transmisión, distribución y comercialización.
Según el texto leído en la sesión ordinaria, la iniciativa también contempla mecanismos para el intercambio internacional de energía y la garantía de acceso universal bajo condiciones de igualdad y seguridad. Los defensores del proyecto argumentan que la participación del sector privado es esencial para financiar la modernización que el Estado no ha podido sostener por sí solo.
Motivos del aplazamiento y papel del diputado Pedro Carreño
Hablando puntualmente de asamblea nacional, el aplazamiento fue solicitado por el diputado Pedro Carreño, quien sostuvo que la plenaria había avanzado significativamente en la revisión de los artículos, pero necesitaba más tiempo para afinar detalles técnicos y políticos. Carreño explicó que diferir la sesión permitiría consolidar los consensos alcanzados y evitar una discusión precipitada que pudiera generar incertidumbre en los inversionistas.
La decisión de posponer la discusión se tomó en la sesión ordinaria del Legislativo, marcando la segunda vez que se difiere el debate dentro del mismo periodo legislativo. Los legisladores que apoyan la medida consideran que la prórroga es una práctica prudente para garantizar que la reforma cuente con los ajustes necesarios antes de su votación final.
Reacciones de la oposición y del Ejecutivo
Sobre asamblea nacional, vale la pena remarcar que los analistas del sector y varios representantes de la oposición atribuyen la crisis eléctrica a la falta de mantenimiento estructural y a la gestión ineficiente de los recursos públicos, señalando que la apertura a la inversión privada no resuelve problemas de fondo sin una reforma institucional más amplia.
Por su parte, voceros del gobierno imputan los frecuentes fallos a las sanciones económicas internacionales, a eventos climáticos adversos y a supuestos actos de interferencia en las instalaciones eléctricas. La presidenta encargada de la República, Delcy Rodríguez, reiteró recientemente su compromiso de lograr la sanción definitiva de la ley antes de que finalice el año, asegurando que “pronto llegará el alivio a la crisis eléctrica del país”.
Además, la mandataria cuestionó las alteraciones al orden público registradas durante las protestas de usuarios que exigen un servicio más estable.
Impacto en el sector industrial
La postergación del debate ha generado incertidumbre entre las empresas manufactureras, que esperaban una normativa que permitiera mayor inversión en generación privada y estabilidad tarifaria. Ante la ausencia de un marco claro, varias compañías han suspendido planes de expansión y han solicitado prórrogas en sus proyectos de infraestructura.
Los gremios del sector han enviado cartas al presidente de la Asamblea exigiendo un calendario definitivo, argumentando que la falta de certeza afecta la competitividad del país en la región. Mientras tanto, algunos analistas señalan que la demora podría favorecer a los grupos de energía estatal, que mantienen el control sobre la mayor parte de la capacidad instalada.
Reacciones de la comunidad internacional
Organismos multilaterales y gobiernos vecinos han manifestado su preocupación por la paralización del proceso legislativo, recordando la importancia de una reforma eléctrica para la recuperación económica de Venezuela. En una declaración conjunta, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) subrayó que la falta de avances podría retrasar los compromisos de financiamiento vinculados a proyectos de energía renovable.
Por su parte, la Agencia Internacional de Energía (AIE) reiteró la necesidad de crear un entorno regulatorio predecible que atraiga inversiones extranjeras, sin ofrecer cifras concretas. Estas observaciones se suman a la presión diplomática que busca impulsar una solución consensuada dentro del marco constitucional.
Implicaciones y perspectivas de la reforma eléctrica
La postergación reiterada del debate sobre la reforma eléctrica en la Asamblea Nacional refleja la complejidad política que rodea al sector energético venezolano. Por un lado, el Gobierno busca actualizar el marco regulatorio para atraer inversión y estabilizar el suministro; por otro, la oposición y algunos sectores empresariales demandan mayores garantías de transparencia y participación en la toma de decisiones.
La demora puede generar incertidumbre entre los potenciales inversores internacionales, lo que dificulta la reactivación de proyectos de generación y transmisión que fueron suspendidos tras la crisis de 2020-2022. Al mismo tiempo, la población, que sigue enfrentando apagones frecuentes, percibe la falta de avances como un agravamiento de la crisis social.
En el contexto regional, países vecinos que han impulsado reformas energéticas exitosas observan con cautela la evolución venezolana, lo que podría limitar acuerdos de cooperación o intercambio de tecnología. La próxima agenda legislativa será decisiva para definir si la reforma logrará conciliar intereses y contribuir a la recuperación del sector eléctrico.
Conclusión:
La segunda postergación del debate sobre la reforma eléctrica por parte de la Asamblea Nacional evidencia una coyuntura de estancamiento que afecta tanto al sector productivo como a la vida cotidiana de los venezolanos. Mientras el Gobierno argumenta la necesidad de perfeccionar el texto para garantizar su viabilidad, la oposición señala la ausencia de un proceso inclusivo que contemple a usuarios, sindicatos y a la comunidad empresarial.
Esta divergencia ha generado una percepción de incertidumbre que repercute en la confianza de los inversores extranjeros, quienes requieren certezas jurídicas antes de comprometer capital en proyectos de generación y transmisión. Asimismo, la población, agotada por los frecuentes cortes de energía, ve en la falta de avances una señal de que las prioridades del poder legislativo no responden a sus necesidades básicas.
En el escenario internacional, la demora debilita la posición de Venezuela en negociaciones de energía regionales y limita la posibilidad de recibir apoyo técnico o financiero de organismos multilaterales. En definitiva, la capacidad de la Asamblea para retomar el debate con un consenso amplio será determinante para romper el estancamiento y sentar las bases de una política eléctrica más estable y sostenible.
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