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Nadine Heredia fue declarada culpable y condenada a 15 años de prisión por lavado de dinero, luego de esta sentencia escuchada vía Internet Heredia solicitó asilo en la embajada de Brasil en Perú y tanto ella como su hijo llegaron a Brasil el pasado miércoles, la aceptación del asilo, según explica el Ministerio de Exteriores de Brasil, se debe a razones de salud de Heredia.
El pasado martes, el ex presidente del Perú, Ollanta Humala y su esposa, Nadine Heredia fueron sentenciados a 15 de prisión por recibir cercsde $3 millones de manera ilícita por parte de la constructora brasileña Odebrecht y del gobierno venezolano durante el mandato de Hugo Chávez, dinero empleado para las campañas electorales de los años 2006 y 2011.
Heredia solicitó asilo en la Embajada de Brasil en Perú tanto para ella como para su hijo menor y le fue otorgado, según explicó en un comunicado el Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil aprobó el asilo por razones humanitarias también explicó que el traslado de Heredia y su hijo en un avión de la Fuerza Aérea Brasileña fue bajo los términos de una convención de asilo que existe entre ambas naciones. Otro argumento dado fue el estado de salud de Heredia quien hace poco fue operada de la columna y debe recuperarse en lugar adecuado además su hijo quedaría sin cuidado ya que ambos padres fueron sentenciados.
Esta decisión ha generado molestia en especial en algunas ONG’s como Transparencia Internacional, a juicio de su director en Brasil, Bruno Brandão, dijo que Heredia viajó a Brasil porque el país es ahora un “paraíso para la corrupción”. Por su parte, el senador Sergio Moro por el partido União Brasil rechazó el asilo otorgado a Heredia y cuestionó la decisión “¿Se convertirá Brasil en un refugio para corruptos o narcotraficantes de otros países? ¿No tenemos ya suficientes aquí?”, así lo publicó en su cuenta en la red social X. Flavio Bolsonaro, senador por el Partido Liberal reachzó que “la protección y los privilegios a Heredia sean pagados con el dinero de los contribuyentes, con el dinero de los trabajadores. Es una vergüenza nacional y encima usa un vuelo de la FAB para eso. O sea: el pueblo paga la cuenta”.
El penalista, Jhonatan Correa, señaló que el argumento dado por el el canciller, Mauro Vieira, que era la “única manera de retirarla a ella y a su hijo con seguridad y rapidez”, es erróneo porque “no es lícito conceder asilo a personas que, al tiempo de solicitarlo, se encuentren inculpadas o procesadas en forma ante tribunales ordinarios competentes y por delitos comunes, o estén condenadas por tales delitos y por dichos tribunales, sin haber cumplido las penas respectivas, ni a los desertores de fuerzas de tierra, mar y aire, salvo que los hechos que motivan la solicitud de asilo, cualquiera que sea el caso, revistan claramente carácter político”.
Brasil asegura que dio: Un caso que reabrió el debate sobre los límites del asilo político
La legislación internacional sobre asilo, regulada principalmente por la Convención de Caracas sobre Asilo Diplomático de 1954, establece condiciones estrictas sobre quiénes pueden acogerse a esta figura, generalmente reservada para perseguidos políticos y no para personas condenadas por delitos comunes como el lavado de activos, lo que explica por qué juristas brasileños cuestionaron la decisión del gobierno de Lula da Silva, en un contexto donde Brasil ya enfrentaba críticas previas por la forma en que había gestionado casos similares de figuras políticas latinoamericanas con procesos judiciales pendientes en sus países de origen.
Tabla de contenidos
Un antecedente que marcó la relación entre ambos países
El caso Odebrecht, que originó la condena contra Ollanta Humala y Nadine Heredia, se convirtió en uno de los mayores escándalos de corrupción transnacional de la historia reciente de América Latina, salpicando a expresidentes y altos funcionarios de al menos una decena de países de la región, un entramado de sobornos que reveló cómo la constructora brasileña financiaba campañas electorales a cambio de contratos de obra pública, y que dejó como saldo una ola de procesos judiciales que aún continuaban resolviéndose casi diez años después de que el escándalo saliera a la luz pública.
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