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El sábado 31 de octubre de 2026, cientos de manifestantes se reunieron en la capital venezolana para exigir derechos plenos para la comunidad LGBTI. La marcha, que tuvo lugar en Caracas, combinó la demanda de matrimonio igualitario con la solidaridad hacia las víctimas del doble terremoto de junio. Los organizadores buscaron presionar al Tribunal Supremo de Justicia y a otras autoridades para que se avancen las reformas pendientes. Hoy nos metemos de lleno en cientos marchan.
Tabla de contenidos
Contexto de la movilización y antecedentes legales
En el contexto de cientos marchan, la protesta se había programado originalmente para junio, pero se pospuso tras los terremotos que sacudieron la zona norte del país, especialmente La Guaira. Desde hace más de una década, casos relacionados con la comunidad LGBTI esperan resolución en el Tribunal Supremo de Justicia, lo que ha alimentado la frustración de activistas.
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En mayo, la presidenta encargada Delcy Rodríguez solicitó a la Sala Constitucional una doctrina sobre la diversidad sexual, sin que se haya emitido una respuesta definitiva. El aplazamiento de la marcha subraya la coincidencia de reivindicaciones de derechos con la necesidad de apoyo a los damnificados por los sismos.
Demandas principales de los manifestantes
Hablando puntualmente de cientos marchan, los participantes exigieron la legalización del matrimonio entre personas del mismo sexo, argumentando que la ausencia de reconocimiento vulnera la igualdad constitucional. También solicitaron la protección jurídica de las familias homoparentales y la sanción de cualquier acto discriminatorio contra personas LGBTI.
Otro punto central fue la petición de eliminar la criminalización de la diversidad sexual dentro de las Fuerzas Armadas, donde se siguen aplicando sanciones a funcionarios con orientación distinta. Además, los manifestantes pidieron que el Tribunal Supremo de Justicia dicte sentencia sobre los casos acumulados que llevan más de diez años sin resolverse.
Reacciones institucionales y apoyo de la sociedad civil
Sobre cientos marchan, vale la pena remarcar que richell Briceño, abogada y activista de Chacaíto, explicó que la marcha buscaba también solidarizarse con las víctimas del doblete sísmico, resaltando la necesidad de una sociedad más sana. La joven activista Paola Berra, de 20 años, denunció el retraso de Venezuela en materia de derechos LGBTI y calificó al país de «bastante homofóbico».
Bruno Gallo, defensor delegado de Caracas, reiteró que la Defensoría del Pueblo mantiene sus puertas abiertas para recibir peticiones que amplíen derechos ya consagrados. Estas declaraciones reflejan una convergencia entre la sociedad civil y algunas instituciones para impulsar cambios legislativos.
Respuesta del gobierno nacional
El Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores emitió un comunicado en el que reiteró su compromiso con la igualdad ante la ley, pero subrayó que cualquier reforma constitucional deberá pasar por un proceso de consulta popular y la aprobación del Consejo Nacional Electoral.
En declaraciones públicas, el presidente Nicolás Maduro indicó que el tema será analizado en el próximo Congreso de la República, aunque advirtió que los cambios deben alinearse con los valores tradicionales del país.
Impacto en la agenda internacional y de derechos humanos
Organizaciones internacionales, entre ellas la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, siguieron de cerca la manifestación y recordaron a Venezuela sus obligaciones bajo la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer y la Declaración Universal de Derechos Humanos.
En los últimos meses, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha instado al Estado venezolano a garantizar la igualdad matrimonial y a prevenir actos de discriminación contra la población LGBTI.
Perspectivas y próximos pasos
El reclamo de la comunidad LGBTI y sus aliados en Caracas se inscribe dentro de una tendencia regional que busca la igualdad legal y la eliminación de la discriminación institucional. Los organizadores han señalado que, tras la marcha, se presentarán iniciativas de diálogo con el Ministerio del Poder Popular para la Mujer y la Igualdad de Género, con el objetivo de impulsar proyectos de reforma legislativa que reconozcan el matrimonio igualitario.
Asimismo, se espera la conformación de una mesa de trabajo multipartita que incluya representantes de la sociedad civil, académicos y juristas para evaluar el marco normativo vigente y proponer enmiendas concretas. La presión social derivada de la manifestación busca también influir en la agenda internacional, donde organismos de derechos humanos han reiterado la necesidad de que Venezuela cumpla con sus obligaciones bajo tratados internacionales.
En este contexto, la continuidad de la movilización y la articulación con redes regionales podrían marcar un punto de inflexión en la lucha por la igualdad de derechos.
Conclusión:
La marcha de cientos de personas en la capital venezolana refleja una demanda creciente de reconocimiento y protección de los derechos de la población LGBTI. Más allá de la exigencia de legalizar el matrimonio igualitario, los manifestantes pidieron la eliminación de cualquier forma de discriminación en ámbitos como la educación, la salud y el empleo.
Este llamado se produce en un momento en que la sociedad civil venezolana experimenta una reactivación de movimientos por derechos humanos, pese a las dificultades económicas y políticas que persisten. La visibilidad del movimiento LGBTI, potenciada por la participación de organizaciones internacionales y la cobertura mediática, está generando un debate público que obliga a las autoridades a responder.
Si bien los retos son considerables, la presión combinada de la ciudadanía y la comunidad internacional podría favorecer la apertura de espacios de diálogo y la adopción de reformas legales que garanticen la igualdad plena para todas las personas en Venezuela.
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