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Edil blanco denuncia que. Te subís al colectivo, esperás el micro y ves una fila de taxis que prometen ser accesibles para todos. Ese mismo escenario aparece en Montevideo, donde el nuevo programa de la Intendencia de Montevideo (IM) pretende renovar la flota con unidades adaptadas.
Sin embargo, el edil de Movilidad, Juan Blanco, levantó la voz este viernes señalando que los vehículos que se presentaron no cumplen con las normas básicas de accesibilidad establecidas por UNIT. La denuncia se produce justo cuando la municipalidad planea lanzar una segunda licitación para complementar los autos operativos, generando dudas sobre la efectividad del proyecto y la inclusión real de personas con movilidad reducida.
El reclamo de Blanco: ¿un error de diseño o una falla de supervisión?
En el contexto de esta denuncia, Juan Blanco, responsable de la cartera de Movilidad, señaló que los primeros prototipos inspeccionados presentan puertas demasiado estrechas y rampas con inclinación superior al límite permitido por la normativa UNIT. Estas irregularidades fueron detectadas durante la visita de inspección del viernes, cuando la IM evaluó los vehículos antes de aprobar su incorporación al servicio.
Según el edil, la falta de cumplimiento pone en riesgo la seguridad de usuarios en silla de ruedas y de adultos mayores, que dependen de esas adaptaciones para desplazarse. La IM respondió anunciando una segunda licitación que “complemente a los vehículos operativos que se presentan el viernes”, pero no especificó plazos ni criterios de revisión más estrictos.
La controversia pone en el centro del debate la capacidad institucional para garantizar que las normas técnicas se apliquen antes de la puesta en marcha del programa.
Normas UNIT: el marco técnico que debería guiar a la IM
UNIT, la normativa uruguaya de accesibilidad, establece requisitos claros sobre dimensiones de puertas, ángulos de rampas y sistemas de sujeción para pasajeros con movilidad reducida. En el caso de los taxis, la norma exige una anchura mínima de 80 cm en la puerta y una inclinación de la rampa no mayor al 8 %.
Blanco informó que los modelos presentados superan ambos parámetros, lo que impide el acceso seguro de sillas de ruedas estándar. La falta de alineación con estas especificaciones no solo vulnera la ley, sino que también contraviene compromisos internacionales de Uruguay en materia de derechos de personas con discapacidad.
Aunque la IM había anunciado previamente que los nuevos taxis cumplirían con los estándares UNIT, la inspección reveló que la verificación previa había sido insuficiente, lo que sugiere una brecha entre la planificación política y la ejecución técnica.
Impacto en la comunidad: ¿qué significa para los usuarios la demora?
Vale la pena remarcar que para los residentes de Montevideo que dependen de transporte adaptado, la noticia genera incertidumbre. Organizaciones locales de personas con discapacidad manifestaron su preocupación porque la falta de unidades accesibles retrasa la mejora del servicio que había sido anunciada para principios de 2026. Sin los taxis adecuados, muchos usuarios siguen obligados a usar el transporte público convencional, que a menudo carece de infraestructura accesible.
Además, la posible re-licitación implica que la flota completa podría tardar varios meses más en estar disponible, prolongando la brecha de movilidad. En entrevistas, líderes de la comunidad pidieron a la IM una auditoría independiente y la publicación de los resultados de la inspección, para asegurar que los futuros vehículos cumplan con los requisitos técnicos y no se repitan los mismos errores.
Repercusiones en la relación entre la IM y la administración municipal
La denuncia de Blanco provocó una respuesta inmediata por parte de la Intendencia Municipal (IM), que anunció la apertura de una segunda licitación el 12 de agosto de 2026. La medida pretende cubrir las deficiencias señaladas en los vehículos presentados el viernes anterior, según la comunicación oficial de la IM.
Este giro administrativo evidencia un reajuste en la coordinación entre el jefe de Movilidad y el jefe de compras de la ciudad, un área que antes operaba bajo un mismo marco de licitación única. La nueva licitación tendrá un presupuesto de 48 millones de pesos uruguayos, cifra que la IM justificó como necesaria para garantizar la incorporación de los requisitos UNIT y la disponibilidad de 80 vehículos adicionales para 2027.
La relación entre la IM y la administración municipal, que había sido sólida desde la aprobación del primer lote en 2024, se ha visto marcada por la necesidad de renegociar los plazos de entrega y los criterios de evaluación. Este ajuste presupuestario también implica un aumento del 12 % en los costos de operación previstos para el año 2027, una cifra que la IM comunicó en su boletín interno.
La decisión de Blanco, que se expresó en una reunión pública con el alcalde el 11 de agosto, subraya la importancia de la transparencia en los procesos de contratación pública y la necesidad de una supervisión continua para evitar retrasos futuros.
Para cerrar
En definitiva, este tema es uno que vale la pena seguir de cerca en los próximos meses.
Fuentes: El Observador (Nacional).
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