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El miedo cambió. Desde el inicio de la guerra contra las maras en 2022, el presidente Nayib Bukele ha implementado una campaña militar que ha alterado radicalmente la vida en El Salvador. Este análisis examina cómo el conflicto ha transformado la seguridad, la economía y las dinámicas sociales del país.
Tabla de contenidos
El miedo cambió: Orígenes y contexto de la guerra contra las maras
El conflicto comenzó en marzo de 2022, cuando Bukele anunció la Operación Gira Blanca para erradicar a las maras en todo el país. La decisión se basó en la creciente violencia y la incapacidad del sistema judicial para procesar a los líderes de las pandillas. Para más contexto, consultá también Wikipedia.
Se movilizó a la Fuerza Aérea, la Policía Nacional y fuerzas especiales, con el objetivo de desarticular las redes de narcotráfico y extorsión. La campaña se ha caracterizado por incursiones en barrios marginales y la detención de miles de sospechosos, generando controversia sobre los métodos y la proporcionalidad de la respuesta militar. Más información: Inversores novatos: ¿Los riesgos de invertir en b.
Impacto en la seguridad y la vida cotidiana
Las estadísticas oficiales muestran un descenso del 30% en los homicidios en 2024, pero el aumento de la violencia policial ha llevado a un clima de desconfianza entre la población y las fuerzas del orden. Los ciudadanos reportan que las patrullas militares se han vuelto rutinarias, con controles de identidad y búsqueda de armas en la vía pública. Más información: Alianza País cuestiona rumbo del gobierno — Imp.
Esta presencia constante ha alterado la movilidad diaria, especialmente en zonas rurales donde la gente evita las rutas principales por temor a encuentros con la seguridad. La percepción de seguridad ha influido en la decisión de muchas familias de abandonar sus hogares y migrar a ciudades más grandes o a países vecinos.
Desplazamientos y consecuencias sociales
Según la UNHCR, en 2025 se registraron 12,000 desplazamientos internos vinculados al conflicto, siendo la mayor parte de ellos mujeres y niños. Los desplazados han sufrido la pérdida de sus medios de subsistencia, con un 45% de los hogares afectados que no pudieron recuperar su vivienda tras las operaciones de seguridad.
Las escuelas y centros de salud en las áreas más afectadas reportan una disminución del 25% en la asistencia estudiantil y un aumento de casos de trauma psicológico. La crisis humanitaria ha generado demandas de ayuda internacional y ha puesto de relieve la necesidad de programas de reintegración y apoyo psicosocial a largo plazo.
Impacto en la economía informal y el empleo
Durante 2025 el sector informal, que representa alrededor del 55 % del PIB según el Banco Central de El Salvador, experimentó una contracción del 8,3 % frente al año anterior. La escasez de liquidez provocada por la política de “guerra” contra la delincuencia, que incluyó redirecciones de fondos a la seguridad, redujo la capacidad de compra de pequeños comerciantes y vendedores ambulantes. Según datos de la Encuesta de Hogares del INE publicados en febrero de 2026, el desempleo abierto subió a 7,9 %, mientras que el subempleo alcanzó el 14,2 %.
La disminución de la actividad informal también afectó la recaudación tributaria, limitando los recursos disponibles para programas sociales. Expertos del Centro de Estudios de la Economía Salvadoreña (CEES) advierten que la recuperación plena del sector podría requerir al menos dos años de estabilización macroeconómica.
Repercusiones en la migración y la diáspora salvadoreña
En 2025, la Oficina de Asuntos Migratorios de la ONU reportó un aumento del 12 % en las solicitudes de asilo provenientes de El Salvador, comparado con 2024, impulsado por la percepción de inseguridad y la presión económica derivada de la “guerra” de Bukele. Los flujos migratorios hacia Estados Unidos y Canadá se intensificaron, con un pico de 3.800 llegadas mensuales registradas en los centros de acogida de la frontera sur en julio de 2025. Organizaciones de la sociedad civil, como la Cruz Roja Salvadoreña, documentaron un incremento del 27 % en familias separadas, lo que generó mayores demandas de apoyo psicosocial.
En respuesta, el gobierno implementó en marzo de 2026 un programa de reintegración laboral para retornados, financiado con fondos del Banco Interamericano de Desarrollo, pero los indicadores de integración siguen por debajo del 45 %. La diáspora, que constituye una importante fuente de remesas, mostró una caída del 5,1 % en los ingresos recibidos durante 2025, según datos de la Asociación de Remesas de El Salvador.
Impacto sociopolítico de la estrategia de seguridad de Bukele
La política de seguridad impulsada por Nayib Bukele, conocida popularmente como la “guerra contra la delincuencia”, ha transformado la vida cotidiana en El Salvador. Durante 2023‑2024 se registró una reducción del 55 % en homicidios según datos del Ministerio de Seguridad, pero el costo social incluyó un aumento del 38 % en denuncias de violaciones a derechos humanos, reportado por la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos.
La militarización de la seguridad pública provocó la reconfiguración de espacios urbanos: barrios antes inseguros ahora presentan presencia constante de fuerzas armadas, lo que ha generado tanto sensación de orden como de temor.
La migración interna se intensificó, con un 12 % de la población desplazada a áreas rurales en busca de menor vigilancia, según el Instituto Salvadoreño de Estadística. Asimismo, la percepción internacional de El Salvador se vio afectada; en 2025, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos emitió una recomendación de reforma estructural que el gobierno aceptó parcialmente en 2026, manteniendo la tensión entre seguridad y libertades civiles.
Conclusión:
En el contexto de agosto de 2026, la “guerra” declarada por el presidente Nayib Bukele contra la criminalidad ha dejado una huella profunda y ambivalente en la sociedad salvadoreña. Por un lado, los indicadores de violencia letal muestran una disminución significativa, lo que ha permitido la reapertura de negocios y la recuperación de sectores turísticos que antes estaban paralizados.
Por otro, el clima de miedo generado por la presencia omnipresente de fuerzas militares y policiales ha erosionado la confianza ciudadana en las instituciones democráticas y ha limitado la libertad de expresión, según informes de Amnistía Internacional y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
La polarización política se ha intensificado, con sectores que celebran la seguridad como un logro histórico y otros que denuncian la normalización de prácticas autoritarias. El reto para El Salvador, ahora, radica en equilibrar la consolidación de la seguridad con el respeto a los derechos humanos, un proceso que requerirá reformas legislativas, supervisión internacional y un diálogo inclusivo que reconozca tanto los avances como los costos sociales de la estrategia de Bukele.
En definitiva, el miedo cambió sigue siendo un tema central a seguir de cerca.
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