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El pasado 9 de noviembre de 2026 la ONG Fundaredes denunció el asesinato de Alberto González, miembro del pueblo hüottüja, encontrado enterrado cerca de su comunidad en el municipio Cedeño, estado Bolívar. El hecho fue atribuido al Ejército de Liberación Nacional (ELN), grupo armado que ha intensificado su presencia en la zona. La organización exigió al Gobierno venezolano garantizar la seguridad de las comunidades indígenas y esclarecer el crimen.
Tabla de contenidos
Detalles del homicidio y la denuncia de Fundaredes
El cuerpo de Alberto González fue localizado en el sector del Alto Suapure, próximo a la comunidad Rimu Aje, tras una denuncia de la familia que sospechaba de una agresión. Según la publicación de Fundaredes en su cuenta de X, el hallazgo reveló signos de violencia y una sepultura improvisada, lo que sugiere un intento de ocultar el crimen.
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La ONG señaló que la muerte forma parte de una escalada de violencia contra poblaciones indígenas, que incluye amenazas a la integridad física y desplazamientos forzados.
Presencia del ELN en el territorio venezolano
Durante 2025, el entonces ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, confirmó la operación de grupos narcotraficantes vinculados al ELN y a disidencias de las FARC en la zona de los Pijiguaos, Bolívar. Esa declaración marcó el reconocimiento oficial de la expansión de la guerrilla colombiana dentro del territorio venezolano, una tendencia que ha generado preocupación en comunidades locales.
Fundaredes ha documentado la expansión del ELN y de otras organizaciones armadas, alertando sobre el riesgo que representan para la vida y los derechos de los pueblos originarios.
Respuesta del Estado y contexto regional
A principios de noviembre, Fundaredes informó a la agencia EFE que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANN) atacó un campamento del ELN en el estado Apure, dejando al menos nueve muertos entre los combatientes. Ese operativo se dio en el marco de una ofensiva más amplia anunciada el 19 de octubre por el presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, quien ordenó una «ofensiva total» contra el ELN y las disidencias de las FARC, acusándolos de narcoterrorismo.
La combinación de acciones militares venezolanas y colombianas subraya la complejidad del conflicto transfronterizo y la urgencia de una respuesta coordinada para proteger a las poblaciones vulnerables.
Repercusiones en la política de seguridad del Estado
La denuncia de Fundaredes ha impulsado al gobierno nacional a revisar los protocolos de protección de comunidades indígenas en la zona de Bolívar. Autoridades del Ministerio del Poder Popular para la Seguridad Ciudadana han anunciado la creación de una comisión interinstitucional que coordinará acciones entre la Guardia Nacional Bolivariana y la Fiscalía para reforzar la vigilancia en áreas vulnerables, sin detallar aún los recursos específicos que se asignarán.
Reacciones de organizaciones internacionales y de la sociedad civil
Diversas ONG internacionales, entre ellas Human Rights Watch y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, han solicitado al Estado venezolano información completa sobre el caso y han reiterado la necesidad de investigar de manera independiente cualquier posible vínculo del ELN con actos de violencia contra poblaciones indígenas.
En el plano interno, colectivos de defensa indígena han convocado a una marcha pacífica en la capital para exigir garantías de seguridad y la restitución de tierras ancestrales, subrayando la importancia de preservar los derechos colectivos reconocidos por la Constitución de 1999.
Repercusiones y respuestas internacionales
El caso ha generado preocupación en organismos de derechos humanos y en la comunidad internacional. Diversas ONG y representantes de la ONU han solicitado al Gobierno venezolano garantías de seguridad para las poblaciones indígenas y una investigación exhaustiva que esclarezca la responsabilidad del ELN. Mientras tanto, el ELN, a través de sus canales de comunicación, ha negado cualquier implicación directa, argumentando que la zona está bajo control de facciones locales.
La presión diplomática se ha intensificado, con llamados a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que supervise el proceso investigativo y garantice la reparación a la familia de la víctima.
Antecedentes de Fundaredes y la situación de los pueblos indígenas en Bolívar
Fundaredes, la Fundación para la Defensa de los Derechos Humanos y los Derechos Económicos y Sociales, lleva más de dos décadas documentando violaciones de derechos humanos en Venezuela, con especial énfasis en los territorios indígenas de la región amazónica. La organización ha publicado informes recurrentes sobre la vulnerabilidad de comunidades como los Pemón y los Warao frente a la presencia de grupos armados ilegales y la falta de protección estatal.
Por su parte, el Ejército de Liberación Nacional (ELN) mantiene una presencia prolongada en la zona fronteriza entre Venezuela y Brasil, donde ha establecido redes de extorsión y control de rutas de tráfico ilícito.
Diversos reportes de organismos internacionales y de la prensa local han señalado episodios de enfrentamientos entre el ELN y comunidades indígenas que se resisten a la ocupación de sus territorios, lo que ha generado un clima de inseguridad y desplazamiento en varios municipios del estado Bolívar.
Conclusión:
La denuncia presentada por Fundaredes evidencia la vulnerabilidad persistente de los pueblos indígenas en áreas de conflicto armado en Venezuela. Al atribuir el homicidio al Ejército de Liberación Nacional, la organización no solo pone en evidencia la presencia de grupos armados en la región de Bolívar, sino que también subraya la falta de protección estatal frente a estos actores.
La respuesta del gobierno, que ha anunciado la apertura de una investigación, deberá traducirse en acciones concretas y transparentes para evitar la impunidad. Asimismo, la comunidad internacional, a través de organismos como la ONU y la CIDH, tiene un rol crucial para presionar por el respeto de los derechos humanos y garantizar que se implementen medidas de seguridad y reparación para las comunidades afectadas.
El seguimiento de este caso será determinante para medir el compromiso del Estado venezolano con la defensa de los derechos de los pueblos originarios y la lucha contra la violencia armada.
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