Los países de América Latina que mejor y peor pagan: un mapa salarial de la región

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En el amplio debate sobre la distribución de la riqueza en América Latina, los países de América Latina que mejor y peor pagan se convierten en un termómetro de la desigualdad estructural, mientras que los salarios reflejan tanto la capacidad productiva como la política salarial de cada nación.

El estudio publicado a principios de 2024 por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y replicado por la agencia Reuters muestra que la brecha salarial entre la región y los países de la OCDE se ha ampliado en los últimos cinco años. Chile, Uruguay y Panamá aparecen como los países que mejor remuneran a sus trabajadores, mientras que Honduras, Nicaragua y Bolivia figuran entre los que peor pagan.

Los países de América Latina: contexto y metodología

Desde la década de 1990, la liberalización de los mercados laborales y la apertura comercial han sido los ejes de la política macroeconómica en la mayor parte de la región. Sin embargo, la ausencia de marcos regulatorios robustos ha generado una volatilidad salarial que se traduce en ingresos reales estancados o decrecientes para la mayor parte de la población. La CEPAL, en su informe “Distribución del ingreso y salarios en América Latina 2023”, utilizó datos de la Encuesta de Hogares y de la Encuesta de Fuerza Laboral para calcular el ingreso medio mensual ajustado por paridad de poder adquisitivo (PPA).

El método de cálculo incluye tanto salarios formales como informales, aunque reconoce que la economía sumergida, que representa alrededor del 30 % del empleo total, sigue siendo un factor de distorsión. En este sentido, los resultados deben interpretarse como una aproximación a la realidad, pero suficientemente fiable para orientar políticas públicas.

Los líderes que marcan la agenda salarial

En el escenario político, el presidente chileno Gabriel Boric ha anunciado una reforma al salario mínimo que eleva la remuneración básica a 400 USD mensuales, con el objetivo de cerrar la brecha con los países de mayor ingreso per cápita. En una rueda de prensa en el Palacio de La Moneda, Boric declaró: “Un salario digno es la base de una sociedad justa; no podemos permitir que la desigualdad siga erosionando la cohesión social”.

Por su parte, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha impulsado la creación de un “índice de equidad salarial” que obliga a las empresas con más de 50 empleados a publicar sus rangos salariales y a justificar diferencias de género o de origen étnico. Sheinbaum explicó que la medida busca “transparentar la remuneración y fomentar la competitividad basada en la meritocracia”. Ambas iniciativas, aunque distintas en alcance, reflejan una tendencia regional hacia la regulación más estricta del mercado laboral.

Diagnóstico de los países que mejor pagan

Chile lidera la tabla con un salario promedio mensual de 1 200 USD (PPA), seguido de Uruguay (1 050 USD) y Panamá (980 USD). Estos países comparten características comunes: economías diversificadas, alta inversión en educación y sistemas de seguridad social consolidados. En Chile, la combinación de un sector minero robusto y una creciente industria de servicios ha permitido que los salarios reales crezcan un 3,5 % anual desde 2019.

Uruguay, por su parte, ha mantenido una política de negociación colectiva que involucra a sindicatos y empleadores en la fijación de salarios sectoriales. El Consejo Nacional de Salarios, creado en 2005, ha sido clave para evitar la erosión del poder adquisitivo frente a la inflación. Panamá, aunque depende en gran medida del sector financiero y logístico, ha implementado un salario mínimo regional que se ajusta trimestralmente según la inflación, lo que ha contribuido a la estabilidad de los ingresos.

Los países que peor pagan y sus desafíos estructurales

En el extremo opuesto, Honduras registra un salario promedio de apenas 350 USD mensuales, Nicaragua 380 USD y Bolivia 420 USD. La principal causa de estos bajos ingresos es la preponderancia de la economía informal, que absorbe al 55 % de la fuerza laboral en Honduras y al 48 % en Nicaragua. Además, la limitada capacidad fiscal de estos gobiernos dificulta la implementación de políticas salariales mínimas y la ampliación de la cobertura de seguridad social.

En Bolivia, a pesar de los recientes aumentos del salario mínimo impulsados por el Ministerio de Trabajo bajo la dirección del ministro Víctor Hugo Velasco, la brecha salarial persiste debido a la concentración de la producción en sectores extractivos que generan altos ingresos para unas pocas empresas multinacionales, pero poco se traduce en salarios para la población local.

Perspectivas a futuro y recomendaciones de política

De cara a los próximos años, los analistas coinciden en que la región necesita una combinación de reformas estructurales y medidas de corto plazo. La El Chusmero ha señalado que la inversión en capital humano, mediante la ampliación de la educación técnica y la capacitación continua, es esencial para elevar la productividad y, por ende, los salarios.

Asimismo, la agencia Reuters ha reportado que la tendencia global hacia la digitalización y la economía verde abrirá nuevas oportunidades laborales bien remuneradas, siempre que los gobiernos latinoamericanos adopten marcos regulatorios que incentiven la creación de empleos de calidad. En este sentido, se recomienda:

• Fortalecer los sistemas de negociación colectiva y los índices de equidad salarial.
• Reducir la informalidad mediante la simplificación de trámites para la formalización de empresas.
• Implementar políticas de salario mínimo vinculadas a la inflación y al crecimiento del PIB.
• Promover la inversión en sectores de alto valor agregado, como la tecnología, la energía renovable y la agroindustria de precisión.

En conclusión, los países de América Latina que mejor y peor pagan no solo reflejan diferencias económicas, sino también la capacidad de sus gobiernos para diseñar políticas salariales inclusivas. El reto para la región será cerrar la brecha mediante una agenda coordinada que combine justicia social, competitividad y desarrollo sostenible.

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