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El profesor Rafael Cuevas, docente de la Universidad de Los Andes (ULA), interrumpió el acto de juramentación del cogobierno universitario el 29 de octubre de 2026 en el Aula Magna de Mérida. La protesta se dirigió a la ministra de Educación Universitaria, Ana María Sanjuán, y reclamó la liberación de los presos políticos en el país. Cuevas sostuvo que más de 300 venezolanos siguen encarcelados por motivos políticos, según datos del Foro Penal. Hoy nos metemos de lleno en profesor de la ula.
Tabla de contenidos
Interrupción de la ceremonia de cogobierno
En el contexto de profesor de la ula, durante la proclamación y juramentación de los representantes profesorales electos para el periodo 2026‑2029, Rafael Cuevas tomó el micrófono y solicitó la palabra. La intervención se realizó frente a la ministra Ana María Sanjuán, quien encabezaba la ceremonia como autoridad del sector universitario. El docente portaba una camisa negra con la consigna “Liberen a todos los presos políticos”, símbolo de la protesta pacífica.
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La interrupción duró varios minutos, mientras el público universitario observaba la exigencia.
Reclamo directo a la ministra y consignas del profesor
Hablando puntualmente de profesor de la ula, cuevas dirigió su mensaje a Sanjuán, pidiéndole que transmitiera la solicitud a las autoridades gubernamentales que él describió como “dictadura tutelada”. En su alocución, el profesor resaltó el papel de la universidad como garante de la libertad y los derechos humanos. La frase “Le pido que lleve el mensaje a la dictadura tutelada que usted representa” fue reproducida por testigos y difundida en redes sociales.
La protesta no contó con violencia y se mantuvo en el marco de la libre expresión académica.
Contexto de los presos políticos en Venezuela
Sobre profesor de la ula, vale la pena remarcar que el Foro Penal reportó, con corte al 26 de octubre de 2026, un total de 322 presos políticos en el país. De ese total, 182 son civiles y 140 militares, y 171 permanecen sin condena mientras se desconoce el paradero de uno de los detenidos. Estas cifras reflejan la continuidad de una política de detención que, según organizaciones de derechos humanos, persiste pese a los llamados internacionales a su cese.
El reclamo del profesor se inserta en un debate más amplio sobre la autonomía universitaria y la situación de los derechos humanos en Venezuela.
Respuesta oficial del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores
El ministro de Relaciones Interiores, en rueda de prensa celebrada el 27 de octubre de 2026, sostuvo que la situación de los presos políticos se encuentra bajo revisión conforme a la normativa vigente. Señaló que cualquier medida de liberación debe respetar los procesos judiciales y garantizar la seguridad del Estado. Asimismo, indicó que el gobierno está dispuesto a dialogar con representantes académicos, siempre que se mantenga el marco legal.
El funcionario reiteró que la administración no tolera acciones que puedan desestabilizar la institucionalidad, pero reconoció la importancia de atender las preocupaciones planteadas por la comunidad universitaria.
Implicaciones para el sector académico y la sociedad civil
La exigencia del profesor de la Universidad de Los Andes ha reavivado el debate sobre la autonomía universitaria y la libertad de expresión en Venezuela. Organizaciones de la sociedad civil han manifestado su apoyo, argumentando que la detención de críticos políticos vulnera los principios democráticos consagrados en la Constitución.
Por su parte, la comunidad académica teme que la falta de una respuesta clara pueda generar un clima de autocensura entre docentes y estudiantes. En este contexto, observadores internacionales continúan monitoreando la situación, aunque hasta la fecha no se ha emitido un pronunciamiento oficial de organismos externos.
Perspectivas y próximos pasos
El llamado del profesor de la Universidad de Los Andes ha reactivado el debate interno sobre el trato a los detenidos por motivos políticos. Las organizaciones de derechos humanos locales y la oposición han señalado que la petición podría presionar al Ministerio para que abra un proceso de revisión judicial, mientras que el gobierno ha reiterado que cualquier cambio dependerá de la normativa vigente y de los dictámenes de los tribunales.
En los próximos días se esperan declaraciones oficiales de la ministra de Justicia y posibles encuentros con representantes académicos y de la sociedad civil, cuyo objetivo será articular una agenda que contemple tanto la seguridad nacional como el respeto a los derechos fundamentales.
Conclusión:
En el contexto de una Venezuela que sigue enfrentando tensiones entre la gestión estatal y la exigencia de libertades civiles, la intervención del profesor de la ULA representa una señal de que la comunidad académica continúa desempeñando un rol activo en la defensa de los derechos humanos.
La solicitud de liberar a los presos políticos, formulada ante la ministra de Justicia, ha generado una respuesta mixta: por un lado, sectores del gobierno han manifestado disposición a revisar los casos bajo el marco legal; por otro, críticos advierten que la medida podría ser meramente simbólica sin cambios estructurales.
El seguimiento de esta petición será crucial para evaluar el compromiso del Estado con las normas internacionales y para medir la presión que la sociedad civil puede ejercer en un escenario donde la política de seguridad y la protección de los derechos fundamentales siguen en constante negociación.
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