Relatora de la ONU advierte que ONG venezolanas siguen bajo graves

Relatora de la onu: Gina Romero, relatora especial de la ONU, denunció el 19‑nov‑2026 que la legislación venezolana paraliza a miles de ONG y dificulta su

Fotografía de God Links Podcast - Author Gina Romero

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Relatora de la ONU advierte que ONG venezolanas siguen bajo graves
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La relatora especial de la ONU sobre la libertad de reunión pacífica y de asociación, Gina Romero, concluyó su primera visita a Caracas el 19 de noviembre de 2026. En un mensaje público alertó que las organizaciones de la sociedad civil venezolana continúan enfrentando numerosos obstáculos. La declaración se produce en medio de críticas a la legislación de fiscalización de ONG y a la ley contra el odio. Hoy nos metemos de lleno en relatora de la onu.

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Contexto de la visita y encuentros realizados

En el contexto de relatora de la onu, durante su estadía, la experta sostuvo reuniones con representantes de organizaciones no gubernamentales, personas privadas de libertad por motivos políticos y sus familiares, académicos, dirigentes sindicales y la Defensoría del Pueblo. Cada encuentro permitió constatar la percepción de un clima de hostilidad institucional que limita la labor de la sociedad civil.

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Romero también dialogó con autoridades locales para comprender la aplicación de las normas que regulan la actividad asociativa.

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Impacto de la ley de fiscalización de ONG

Hablando puntualmente de relatora de la onu, según el balance presentado por la relatora, la ley de fiscalización de ONG ha generado un estado de «parálisis» jurídica para las agrupaciones ciudadanas. La normativa habría eliminado de un tajo a miles de organizaciones, reduciendo drásticamente el número de entidades registradas y desincentivando la creación de nuevas asociaciones.

Este efecto se traduce en una disminución de la capacidad de respuesta ante necesidades sociales y en la pérdida de espacios de participación ciudadana.

Obstáculos adicionales: estigmatización y financiamiento

Sobre relatora de la onu, vale la pena remarcar que romero señaló que la estigmatización institucional convierte en «peligroso» el reconocimiento público de quienes defienden derechos humanos, creando un clima de autocensura. Además, las trabas para acceder a recursos financieros se han agudizado, haciendo que la acción colectiva sea «tortuosa» y limitando la sostenibilidad de proyectos.

Estas restricciones afectan a todo tipo de asociaciones, incluidas entidades religiosas, organizaciones de pueblos indígenas y grupos que representan a personas con discapacidad, ampliando el impacto desproporcionado sobre los sectores más vulnerables.

Efectos sobre la entrega de ayuda humanitaria

Las limitaciones impuestas a las organizaciones no gubernamentales han reducido la capacidad operativa de varios actores humanitarios que, durante 2025, vieron restringido el acceso a zonas críticas del país. La falta de permisos y la intervención de autoridades locales provocaron retrasos en la distribución de alimentos, medicinas y kits de higiene, lo que agravó la vulnerabilidad de comunidades ya afectadas por la crisis económica.

Como consecuencia, algunas ONG optaron por reorientar sus programas hacia áreas metropolitanas donde el entorno regulatorio resultaba menos restrictivo, dejando vacíos de cobertura en regiones rurales y fronterizas.

Respuesta oficial del Gobierno venezolano

El Ejecutivo nacional respondió a la observación de la relatora de la ONU mediante un comunicado emitido en julio de 2026, en el que se argumentó que las medidas regulatorias buscan garantizar la transparencia y la seguridad nacional. En dicho comunicado, el Ministerio del Poder Popular para la Coordinación de la Sociedad Civil reiteró su disposición a dialogar con las organizaciones internacionales, siempre que cumplan con los requisitos legales vigentes.

Sin embargo, observadores internacionales señalaron que, a pesar de la oferta de diálogo, persisten obstáculos prácticos que limitan la operatividad de las ONG en el territorio.

Perspectivas y recomendaciones internacionales

La Relatora Especial de la ONU reiteró la necesidad de que el Gobierno venezolano elimine los obstáculos administrativos y judiciales que limitan la actividad de la sociedad civil. Propuso la revisión de la Ley de ONG, la garantía de acceso a financiamiento externo sin interferencias y la protección de activistas frente a hostigamientos.

Asimismo, instó a la comunidad internacional a reforzar los mecanismos de monitoreo y a considerar la reactivación de fondos multilaterales destinados a proyectos humanitarios, siempre que se demuestre la independencia operativa de las organizaciones beneficiarias.

El relator especial de la ONU sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela, designado por el Consejo de Derechos Humanos, lleva varios años analizando el clima de restricciones al trabajo de la sociedad civil.

En sus informes anuales, publicados por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), ha señalado que la normativa venezolana, particularmente la Ley de la Defensa del Poder Popular (2014) y la Ley de Responsabilidad Social y Económica del Estado (2017), se ha utilizado para limitar la financiación y la actividad de organizaciones no gubernamentales.

Estas disposiciones permiten al gobierno declarar a ONG como «organizaciones terroristas» o «agentes de injerencia extranjera», lo que conlleva congelamiento de cuentas, revocación de permisos y persecución judicial. Casos documentados incluyen a la Fundación Empresas Polar, al Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS) y a la Asociación Civil Transparencia y Derechos Humanos, que han visto sus operaciones interrumpidas o sus directivos procesados bajo acusaciones de actividades subversivas.

Los informes de organismos internacionales como Human Rights Watch y Amnistía Internacional, citados por el relator, confirman que estas medidas forman parte de un patrón de presión que ha deteriorado la capacidad de la sociedad civil para monitorear violaciones de derechos humanos y asistir a poblaciones vulnerables.

El relator ha reiterado la necesidad de que el Estado venezolano garantice el libre ejercicio de la asociación y elimine los obstáculos legales que impiden la labor de las ONG, en consonancia con los compromisos internacionales asumidos por Venezuela en la Declaración Universal de Derechos Humanos y la Convención Internacional de los Derechos Civiles y Políticos.

Conclusión:

En síntesis, la advertencia de la Relatora Especial de la ONU subraya un panorama complejo para las organizaciones no gubernamentales en Venezuela, donde la combinación de restricciones legales, presiones políticas y limitaciones financieras continúa erosionando su capacidad de acción. A pesar de los esfuerzos de algunos sectores gubernamentales por presentar reformas, la falta de garantías concretas y la persistencia de casos de intimidación generan desconfianza tanto a nivel interno como externo.

La comunidad internacional, a través de organismos como la ONU y la Cruz Roja, mantiene un seguimiento estrecho y ha señalado la importancia de un entorno que respete la libertad de asociación y garantice la protección de los defensores de derechos humanos.

Mientras tanto, las ONG continúan operando bajo un clima de incertidumbre, buscando alternativas para mantener sus programas de asistencia y defensa, en un contexto donde la situación de los derechos humanos sigue siendo objeto de escrutinio global.

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