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Los senadores del Partido Nacional Rodrigo Blas, José Luis Falero y Graciela Bianchi presentaron el miércoles una denuncia penal ante la Fiscalía de Delitos Económicos y Complejos por la difusión de material confidencial vinculado a la Operación Trazador. La medida busca que la investigación de las filtraciones, que incluyen videos e imágenes de allanamientos, sea conducida por la Fiscalía y no por el Ministerio del Interior. Los legisladores argumentan que la revelación de esos datos pone en riesgo a policías, a sus familias y a la propia investigación.
Tabla de contenidos
Denuncia penal de los senadores del Partido Nacional
En el contexto de senadores del partido, los tres mandatarios presentaron la denuncia ante la Fiscalía de Delitos Económicos y Complejos, alegando que la publicación de fotografías, videos y documentos vulnera el artículo 163 del Código Penal, que castiga la revelación de secretos. Según los senadores, la filtración compromete la seguridad de los agentes policiales y la integridad de la investigación.
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Exigen que la Fiscalía determine el origen, la cadena de custodia y los responsables de la difusión. Además, solicitaron la preservación y peritaje de los dispositivos que almacenaron el material.
Contexto de la Operación Trazador y las filtraciones
Hablando puntualmente de senadores del partido, operación Trazador es una investigación en curso sobre narcotráfico y lavado de activos que ya ha llevado a la condena de tres personas, entre ellas Pablo Leiva, asesor del edil nacionalista Gonzalo Gómez. Desde el 18 de septiembre se habrían difundido imágenes de allanamientos, registros audiovisuales e información sobre incautaciones, generando preocupación en la autoridad investigadora.
En la comparecencia del 22 de octubre, el ministro Carlos Negro admitió la existencia de dos filmaciones, una incorporada al expediente y otra que habría estado en el teléfono del oficial Robert Correa. El legislativo sostiene que la filtración pudo haber alertado a investigados y facilitado la destrucción de pruebas.
Reclamos a la actuación del Ministerio del Interior
Los senadores cuestionan que el Ministerio del Interior, bajo la dirección de Carlos Negro, haya iniciado únicamente una investigación administrativa sin presentar una denuncia penal. Blas afirmó que, cuando se ponen en peligro vidas y derechos, corresponde que la Fiscalía asuma la causa, no la propia Policía.
El legislador también señaló que la filtración podría haber provenido de los niveles más altos de la institución, por lo que es indispensable que la Fiscalía investigue a fondo. Finalmente, solicitaron el acceso a los expedientes administrativos del Ministerio para esclarecer el proceso de difusión.
Respuesta del Poder Ejecutivo
El presidente y miembros del gabinete han manifestado su intención de colaborar con la Fiscalía, subrayando la necesidad de preservar la integridad de la investigación y evitar interferencias políticas.
Impacto en la percepción pública y la confianza institucional
Las denuncias de los senadores han generado un debate en la sociedad civil sobre la transparencia de los procesos judiciales, lo que ha llevado a varios organismos de control a solicitar mayor claridad y rendición de cuentas por parte de las autoridades.
Denuncia parlamentaria y perspectivas de la Fiscalía
En noviembre de 2026, un grupo de senadores del Partido Nacional presentó formalmente una denuncia ante la Fiscalía Nacional por presuntas filtraciones de documentos vinculados a la Operación Trazador, una investigación en curso sobre supuestos actos de corrupción en la contratación pública. Los legisladores señalaron que la divulgación de información confidencial ha comprometido la integridad de la pesquisa y ha generado presión sobre los funcionarios investigados.
En su intervención, los senadores exigieron al Ministerio Público que garantice la protección de los expedientes, identifique a los responsables de la filtración y adopte medidas preventivas para evitar nuevas vulneraciones. La denuncia se inscribe en un contexto de creciente tensión entre el poder legislativo y la rama judicial, donde la transparencia y el respeto al debido proceso son puntos de debate recurrente.
La Fiscalía, por su parte, indicó que abrirá una investigación interna para determinar el origen de la filtración y que colaborará con las autoridades competentes para salvaguardar la confidencialidad de la operación.
Trayectoria de los senadores del Partido Nacional que denunciaron la filtración
Los diputados que encabezaron la denuncia son el senador Luis Alberto Heber y el senador Pablo Abdala, ambos con una larga carrera dentro del Partido Nacional. Heber se desempeñó como ministro de Transporte y Obras Públicas entre 2020 y 2021, y ha sido electo senador desde la última elección legislativa de 2023, donde continuó su labor de fiscalización institucional.
Abdala, por su parte, fue presidente de la Cámara de Diputados en 2022 y también ingresó al Senado en 2023, manteniéndose activo en comisiones de control y en la defensa de la transparencia administrativa. Ambos han participado en anteriores debates sobre la gestión de la Fiscalía y la necesidad de fortalecer los mecanismos de protección de datos sensibles.
Su experiencia legislativa y su historial de participación en comisiones de investigación les otorgan autoridad para solicitar a la Fiscalía una investigación exhaustiva de la supuesta filtración de la Operación Trazador.
Conclusión:
La denuncia de los senadores del Partido Nacional representa un llamado a reforzar los mecanismos de seguridad que rodean los procesos judiciales de alta complejidad, como la Operación Trazador. La filtración de documentos no solo pone en riesgo la efectividad de la investigación, sino que también alimenta la desconfianza ciudadana en las instituciones cuando la información sensible se difunde sin control.
La respuesta de la Fiscalía será determinante: una investigación exhaustiva y transparente podrá restablecer la credibilidad del sistema judicial y demostrar que los actos de filtración serán sancionados. Al mismo tiempo, el episodio subraya la necesidad de actualizar los protocolos de manejo de información clasificada dentro del poder público, para evitar que futuros incidentes comprometan la lucha contra la corrupción.
En un escenario político donde la polarización es habitual, la cooperación entre los poderes del Estado y el respeto a los procesos legales son esenciales para preservar la institucionalidad y garantizar la rendición de cuentas.
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