🔊 ¿Querés escuchar esta nota? Dale clic aquí
El pasado 8 de octubre de 2026, un tribunal federal de Nueva York presentó una acusación contra el presidente Nicolás Maduro y la primera dama Cilia Flores por presunto liderazgo de un sistema de torturas contra presos políticos en Venezuela. La denuncia, presentada por fiscales estadounidenses, se basa en supuestos hechos que se remontan a 2013 y amplía cargos de narcotráfico previamente imputados. Según informa El Nacional, la acusación señala que la práctica de la violencia continúa en centros penitenciarios como El Rodeo I, en Guatire.
Tabla de contenidos
Antecedentes y alcance de la acusación
El expediente judicial, presentado el 8 de octubre, incorpora a Maduro y a Flores en un esquema de represión que, según los fiscales, utilizó la tortura como herramienta de control político desde 2013. Los cargos se suman a la acusación por narcotráfico que la administración estadounidense había interpuesto contra ambos dirigentes en años anteriores, ampliando el marco legal a delitos de lesa humanidad.
Más información: más noticias en El Chusmero.
👀 Lo que nadie cuenta llega primero a nuestras redes. Seguinos en Instagram y TikTok.
La fiscalía alega que Maduro supervisaba directamente un programa en el que los detenidos fueron golpeados, asfixiados y expuestos a descargas eléctricas. Además, se indica que el presidente solicitaba informes periódicos sobre el estado de los presos y amenazó con matar al hijo de un detenido como forma de presión psicológica.
Los supuestos co‑conspiradores y su vínculo con el poder
En el documento judicial aparecen tres colaboradores señalados como CC‑1, CC‑2 y CC‑3; investigaciones periodísticas los relacionan con Diosdado Cabello, Iván Hernández Dala y Alexander Granko Arteaga, respectivamente. Cabello ocupa el cargo de ministro del Interior y Justicia, Hernández Dala fue director de la Dirección General de Contrainteligencia Militar y jefe de la Guardia de Honor Presidencial, y Granko Arteaga dirige la Dirección de Asuntos Especiales de la DGCIM.
La fiscalía no confirmó oficialmente estas identidades, pero la asociación ha alimentado la percepción de una red institucionalizada de represión. Si se verifican, la inclusión de altos funcionarios sugiere que la estructura de tortura habría permanecido operativa pese a los cambios de gabinete.
Denuncias persistentes en la cárcel El Rodeo I
Organizaciones de derechos humanos continúan reportando abusos en la prisión El Rodeo I, ubicada en la ciudad de Guatire, donde los internos describen golpes, asfixia y descargas eléctricas como parte de su rutina diaria. Testimonios recogidos por El Nacional indican que, aunque algunos presos políticos fueron amnistiados o liberados tras la intervención militar estadounidense de 2025, la mayoría sigue expuesta a tratos inhumanos y a la falta de atención médica adecuada.
El Comité para la Liberación de los Presos Políticos, representado por Diego Casanova, sostuvo que la acusación estadounidense confirma las denuncias de larga data sobre la persecución del opositor. La persistencia de estos hechos evidencia la dificultad de erradicar la cultura de represión dentro del aparato de seguridad venezolano.
Respuesta oficial del Gobierno venezolano
El Ejecutivo de Venezuela emitió un comunicado en el que calificó la denuncia presentada en los tribunales estadounidenses como una «instrumentalización política» destinada a desestabilizar al país. En la respuesta, el ministro de Relaciones Exteriores reiteró que las autoridades venezolanas no reconocen la existencia de torturas sistemáticas y que cualquier caso aislado es investigado conforme a la legislación nacional.
Además, se subrayó la soberanía del Estado y se instó a la comunidad internacional a respetar los procesos internos. La declaración también acusó a EE. UU. de doble estándar al señalar que sus propias fuerzas de seguridad han sido objeto de críticas por violaciones de derechos humanos.
Impacto en las relaciones bilaterales y posibles sanciones
La acusación ha reavivado el debate en Washington sobre la imposición de nuevas sanciones contra funcionarios y entidades vinculadas al aparato de seguridad venezolano. En el Congreso, varios legisladores propusieron medidas que incluirían restricciones financieras y la prohibición de viajar para altos mandos del gobierno. Por su parte, expertos en relaciones internacionales advierten que una escalada de sanciones podría dificultar los diálogos en curso sobre la crisis humanitaria y la migración.
Sin embargo, la administración estadounidense ha manifestado su intención de mantener la presión como parte de una estrategia más amplia de promoción de los derechos humanos en la región.
Repercusiones internacionales y perspectivas
La denuncia presentada ante la Corte Federal de EE.UU. ha reavivado el debate sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela. Organizaciones internacionales, entre ellas la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, han reiterado la necesidad de una investigación independiente y han llamado a la comunidad internacional a presionar al gobierno venezolano para que garantice el acceso a la justicia y ponga fin a las prácticas de tortura.
En respuesta, el Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores ha calificado la acusación de “interferencias externas” y ha anunciado la apertura de una comisión interna, aunque sin detallar sus competencias ni plazos. Mientras tanto, la oposición y los defensores de derechos humanos consideran que el caso podría servir como punto de partida para nuevas sanciones y para la reactivación de los procesos de asilo político en varios países.
El escenario internacional, por tanto, muestra una creciente polarización entre quienes demandan responsabilidad y quienes defienden la soberanía nacional, lo que complica la búsqueda de soluciones consensuadas.
Conclusión:
La acusación en los tribunales estadounidenses sobre presuntos actos de tortura contra presos políticos venezolanos constituye un recordatorio de que la represión en el país sigue siendo una preocupación persistente para la comunidad internacional. Aunque el proceso judicial en EE.UU. no tiene jurisdicción directa sobre actos cometidos en territorio venezolano, su alcance simbólico y sus posibles repercusiones diplomáticas pueden influir en la agenda de derechos humanos del gobierno de Caracas.
La respuesta oficial, basada en la defensa de la soberanía y la promesa de una investigación interna, no ha logrado disipar las críticas de organizaciones como Human Rights Watch, que siguen documentando casos de malos tratos y detenciones arbitrarias. En este contexto, la presión externa, combinada con la demanda interna de mayor transparencia, podría generar un espacio para la rendición de cuentas, aunque el camino sigue plagado de obstáculos políticos y legales.
El futuro dependerá de la capacidad de las instituciones internacionales y de la sociedad civil venezolana para mantener la atención sobre estos hechos y exigir respuestas concretas.
Comunidad Chusmera (0)
Nadie ha hablado aún... ¡Sé el primero en compartir tus ideales!
💼 ESPACIO DESTACADO PARA MARCAS
Promocioná tu negocio, producto o servicio ante más de 103.000 lectores activos en Uruguay y el mundo.
📢 Cotizar Pauta Publicitaria🔥 LO MÁS LEÍDO DE HOY EN URUGUAY
Los Gadgets Más Virales y Novedades de Amazon
Descubrí los productos tendencia de TikTok y las ofertas más recomendadas con envíos internacionales.
🔥 Productos virales con mejores calificaciones · Ofertas del día · Garantía de compra protegida
Sumate al Canal Oficial de WhatsApp de El Chusmero
Recibí las noticias más importantes de Uruguay, cotizaciones del día y los virales del momento directo en tu teléfono. Sin spam.
✨ ¡Habla con nosotros! Comparte tus ideales