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Un tribunal federal de Estados Unidos le puso freno a una de las medidas migratorias más duras del segundo mandato de Donald Trump: la suspensión de visados que desde enero venía afectando a 75 países, entre ellos Uruguay. La jueza Jeannette Vargas, del Tribunal de Distrito para el Distrito Sur de Nueva York, calificó la prohibición como “manifiestamente ilegal” en un fallo de 61 páginas.
Qué decía la orden que ahora quedó anulada
Desde comienzos de año, el gobierno de Trump había pausado la emisión de visas de inmigrante para ciudadanos de una larga lista de países, argumentando que representaban un riesgo de convertirse en “carga económica” para Estados Unidos. La lista incluía a Brasil, Colombia, Cuba, Guatemala, Haití, Nicaragua y Uruguay en América Latina, además de Afganistán, Egipto, Irak, Irán, Marruecos, Nigeria, Rusia, Somalia, Tailandia y Yemen, entre otros.
Por qué la jueza la declaró ilegal
El fallo de Vargas señala cómo se aplicaba la medida: funcionarios consulares habían recibido la orden de rechazar visas incluso a solicitantes que cumplían todos los requisitos y que probablemente iban a ser autosuficientes económicamente. Eso viola una regla que exige una evaluación individual de cada caso, no un rechazo automático por nacionalidad. La jueza también determinó que el secretario de Estado, Marco Rubio, se excedió en sus atribuciones legales al imponer la suspensión.
Qué significa para Uruguay
Para los uruguayos que llevaban meses con trámites de visa frenados o directamente rechazados sin explicación individual, el fallo abre la puerta a que esos casos se reevalúen. No implica que todas las visas se aprueben automáticamente, pero sí que el gobierno estadounidense ya no puede negarlas en bloque solo por la nacionalidad del solicitante.
Qué viene ahora
La administración Trump puede apelar la decisión, así que el tema no está cerrado del todo. De todas formas, mientras no haya una instancia superior que revierta el fallo, los consulados de Estados Unidos deberían volver a evaluar caso por caso, como exige la ley, en lugar de aplicar un rechazo generalizado por país de origen.
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Esta nota fue elaborada con asistencia de inteligencia artificial a partir de fuentes verificadas, con supervisión editorial de El Chusmero.

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