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El teniente coronel Deibis Esteban Mota Marrero sigue detenido en la cárcel militar de Guasiparo después de haber completado su condena en septiembre de 2025. La denuncia surge a raíz de una carta fechada el 22 de octubre de 2026, en la que el militar relata malos tratos y aislamiento prolongado. La familia y organismos internacionales exigen su liberación inmediata y una investigación independiente de los presuntos abusos. Hoy nos metemos de lleno en deibis mota.
Tabla de contenidos
Antecedentes de la detención y condena
En el contexto de deibis mota, deibis Esteban Mota Marrero, originario de Ocumare del Tuy, fue detenido el 2 de marzo de 2018 después de recibir una llamada de sus superiores y presentarse en la oficina del comandante de la brigada. Según el relato recogido por la ONU, la detención se realizó sin orden judicial y bajo la autoridad de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim).
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Las autoridades lo acusaron de participar en una supuesta reunión conspirativa contra el gobierno. Mota y su defensa sostienen que la reunión trataba exclusivamente de las carencias de la tropa y no constituía delito.
El 16 de diciembre de 2020, el Tribunal Supremo de Justicia lo condenó por instigación a la rebelión militar, imponiéndole una pena de siete años y seis meses de prisión. La sentencia fue ratificada en instancias posteriores y no se concedieron recursos de amparo. Durante el cumplimiento de la condena, Mota estuvo recluido en la cárcel militar de Guasiparo, en Charallave, estado Miranda.
Su caso pasó a la lista de detenidos políticos según organizaciones de derechos humanos.
Según la documentación del caso, la pena se completó en septiembre de 2025, cumpliendo íntegramente el plazo establecido. Sin embargo, a diferencia de otros internos, Mota no fue puesto en libertad tras la finalización de su condena. Las autoridades militares no emitieron un pronunciamiento oficial sobre su situación. Desde entonces, el teniente coronel permanece recluido sin una resolución judicial que justifique su detención continuada.
Denuncias de tortura y aislamiento
Hablando puntualmente de deibis mota, en una carta fechada el 22 de octubre de 2026, Mota describió haber sido recibido a golpes mientras estaba esposado y con las manos atadas. El escrito detalla también varios meses de incomunicación total, durante los cuales no recibió visitas ni información de su familia. El preso afirma que las agresiones dejaron lesiones visibles en sus brazos y torso.
Estas denuncias se enmarcan en un patrón de malos tratos reportado en cárceles militares venezolanas.
El 13 de marzo de 2026, su madre, Narcí Nagel Montero, logró una visita de apenas 30 minutos al interior de la unidad penitenciaria de Guasiparo. Durante el breve encuentro, Mota le confesó que sus lágrimas se habían quedado fuera, aludiendo a la imposibilidad de expresar su dolor. La visita confirmó la permanencia del interno en la instalación, pese a la finalización de su condena.
La familia sigue sin recibir información clara sobre los motivos de su continúo encierro.
El Grupo de Trabajo de la ONU sobre Detención Arbitraria, en 2025, calificó la privación de libertad de Mota como arbitraria y solicitó su liberación inmediata. Organizaciones de derechos humanos han señalado que el aislamiento y la falta de acceso a asistencia médica constituyen tortura según la Convención contra la Tortura. Estas observaciones refuerzan la denuncia del teniente coronel y aumentan la presión internacional sobre las autoridades militares.
Hasta la fecha, no se ha registrado ninguna respuesta oficial que contrarreste las acusaciones.
Respuesta de organismos internacionales y judiciales
Sobre deibis mota, vale la pena remarcar que en 2022, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos otorgó medidas cautelares a Mota, advirtiendo sobre el riesgo para su vida, integridad y salud. Las medidas incluían la garantía de acceso a asistencia médica y la prohibición de tratos crueles o degradantes. La CIDH instó al Estado venezolano a garantizar la seguridad del interno y a investigar las denuncias de tortura.
A pesar de la orden, la situación del preso no ha mejorado de manera palpable.
El informe del Grupo de Trabajo de la ONU sobre Detención Arbitraria de 2025 reforzó la posición de la CIDH, al declarar la detención de Mota arbitraria y exigir su puesta en libertad inmediata. El organismo señaló la falta de fundamentos legales y la violación de normas internacionales de derechos humanos. Estas recomendaciones fueron presentadas al gobierno venezolano sin que se haya emitido una respuesta oficial.
La comunidad internacional sigue siguiendo el caso a través de foros multilaterales.
El Tribunal Supremo de Justicia, que confirmó la condena en 2020, no ha revocado ni anulado la sentencia, y el Tribunal Superior de Justicia no ha intervenido para ordenar su liberación. La falta de una orden judicial que justifique la extensión de la detención genera dudas sobre la legalidad del procedimiento. Expertos en derecho penal militar consideran que la permanencia de Mota vulnera el principio de legalidad y el derecho a la libertad una vez cumplida la pena.
La presión de organismos internacionales podría motivar una revisión judicial en los próximos meses.
Reacción de organismos internacionales
Organizaciones de derechos humanos, entre ellas Human Rights Watch y Amnistía Internacional, han reiterado su llamado a las autoridades venezolanas para que investiguen las denuncias de tortura presentadas por Deibis Mota. En comunicados publicados durante 2026, estas entidades señalaron la necesidad de garantizar el acceso a asistencia médica independiente y de iniciar procesos judiciales transparentes que cumplan con los estándares internacionales.
Impacto en la percepción pública y en la oposición
El caso de Deibis Mota ha vuelto a colocar en el debate nacional la cuestión del trato a los presos políticos. Según encuestas realizadas a finales de 2026 por centros de estudio locales, una parte significativa de la población considera que el proceso judicial contra ella carece de garantías.
La oposición ha utilizado su situación para denunciar presuntas violaciones al debido proceso, mientras que el gobierno ha sostenido que se respetan todos los derechos consagrados en la legislación vigente.
Conclusión:
El caso de Deibis Mota, activista detenido tras cumplir la condena que le fue impuesta y que ha denunciado haber sufrido torturas durante su reclusión, sigue siendo un punto de referencia para la evaluación del respeto a los derechos humanos en Venezuela. Las denuncias presentadas por Mota y respaldadas por organizaciones locales ponen en relieve la persistente preocupación por el trato a los presos políticos y la falta de mecanismos de rendición de cuentas.
A nivel nacional, la respuesta del poder judicial ha sido discreta, limitándose a citar la normativa interna sin ofrecer pruebas claras que desmientan las acusaciones de malos tratos. Internacionalmente, la situación ha sido observada por entidades de derechos humanos que exigen una investigación independiente y la garantía de un proceso justo.
La presión diplomática, aunque presente, aún no ha traducido en acciones concretas que aseguren la liberación o la reparación de los posibles abusos. El desarrollo de este caso en los próximos meses será determinante para medir la disposición del Estado venezolano a responder a las exigencias de la comunidad internacional y a proteger los derechos fundamentales de sus ciudadanos, independientemente de su posición política.
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