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El Congreso anual de Conindustria, celebrado en Caracas el 5 de noviembre de 2026, reveló que 902 empresas e instalaciones productivas han sido expropiadas u ocupadas por el Estado. Tito López, presidente de la Confederación Venezolana de Industriales, expuso los datos ante la presidenta encargada de la República, Delcy Rodríguez, y pidió que la devolución se priorice a los antiguos propietarios. La medida busca impulsar la producción nacional y reducir el gasto público asociado a la gestión de esos activos.
Tabla de contenidos
Catálogo de empresas expropiadas
Conindustria entregó un inventario que identifica 902 empresas y unidades productivas bajo control estatal, de las cuales el 75 % corresponde a fincas agrícolas y otras actividades del sector primario. El restante 25 % incluye plantas de alimentos procesados, industrias farmacéuticas y fabricantes de plásticos, reflejando la amplitud del alcance de la expropiación. El presidente Tito López subrayó que la mayor parte de los activos son esenciales para la seguridad alimentaria del país.
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Estas cifras fueron confirmadas durante el discurso oficial del gremio, con la presencia de la presidenta encargada Delcy Rodríguez.
Efectos sobre la capacidad productiva
Según el informe presentado, la industria venezolana opera actualmente al 51,3 % de su capacidad instalada, una cifra que evidencia la subutilización de recursos tras años de expropiaciones. Conindustria anticipa que, al cierre de 2026, la utilización podría alcanzar entre el 55 % y el 60 %, siempre que se mantengan las condiciones actuales de mercado.
El mismo documento ajustó la proyección de crecimiento del PIB para el ejercicio a un 6,5 %, señalando que los terremotos del 24 de junio siguen condicionando la recuperación económica. Para 2027, la organización estima que el 48 % de la capacidad instalada permanecerá inactiva, lo que plantea un reto importante para la reactivación productiva.
Demandas del gremio y pasos futuros
Tito López insistió en que la restitución de los activos debe ofrecerse primero a sus antiguos dueños, argumentando que la transferencia al sector privado aliviaría la carga fiscal del Estado y liberaría recursos para otras obligaciones públicas. La comisión oficial designada por el Ejecutivo para revisar la situación de los activos está ya trabajando en los procesos, pero el presidente del gremio solicitó acelerar las decisiones para evitar mayores demoras.
Conindustria también destacó la necesidad de establecer alianzas estratégicas con inversionistas internacionales, con el objetivo de reactivar la capacidad productiva inactiva. Estas propuestas forman parte de la hoja de ruta que la dirigencia empresarial plantea para la recuperación económica a partir de 2027.
Repercusiones económicas de la oleada de expropiaciones
La pérdida de 902 empresas representa un golpe significativo para la capacidad productiva del país, ya que gran parte de los negocios afectados pertenecen a sectores estratégicos como la alimentación, la construcción y la tecnología. La reducción de la inversión privada ha generado una contracción del empleo formal, lo que a su vez incide en la caída de la recaudación tributaria.
Además, la incertidumbre jurídica ha desincentivado la entrada de capital extranjero, limitando la diversificación de la matriz productiva. En este contexto, los analistas señalan que la recuperación del dinamismo económico dependerá de la capacidad del Estado para garantizar la seguridad jurídica y la restitución de los activos expropiados.
Respuesta institucional y posibles vías de restitución
Conindustria ha presentado una solicitud formal ante el Poder Judicial y el Ministerio de Economía, exigiendo la devolución inmediata de los bienes y la compensación correspondiente. Las autoridades han anunciado la apertura de un comité interinstitucional para revisar los casos y evaluar la viabilidad de un proceso de restitución ordenado.
Algunas voces dentro del gobierno sugieren la posibilidad de regularizar la situación mediante acuerdos de pago diferido o la creación de un fondo de compensación financiado por recursos del Estado. La comunidad internacional, a través de organismos multilaterales, ha instado a Venezuela a respetar los derechos de propiedad como condición para el restablecimiento de la confianza inversora.
Perspectivas y próximos pasos
Conindustria ha solicitado al Estado la restitución de las 902 empresas que, según su informe, fueron objeto de expropiación sin indemnización durante la última década.
La organización plantea tres líneas de acción: primero, la apertura de un canal de diálogo con el Ministerio del Poder Popular para la Economía y Finanzas; segundo, la presentación de recursos legales ante la jurisdicción ordinaria y, en caso necesario, ante instancias internacionales; y tercero, la convocatoria a una mesa de trabajo con representantes del sector privado y organismos multilaterales para diseñar mecanismos de compensación que garanticen la continuidad productiva.
En paralelo, Conindustria ha pedido al gobierno que publique un registro actualizado de los casos de expropiación, con el objetivo de transparentar el proceso y facilitar la evaluación de impactos económicos y sociales. La petición se enmarca dentro de un contexto de recuperación gradual de la actividad productiva, que busca atraer inversiones y restablecer la confianza de los empresarios en el marco regulatorio venezolano.
Conclusión:
La denuncia de Conindustria sobre la expropiación de 902 empresas subraya una problemática estructural que ha limitado la capacidad productiva del país durante varios años. Si bien la medida busca presionar al gobierno para que devuelva los activos o, al menos, ofrezca una compensación justa, el éxito del reclamo dependerá de la disposición de las autoridades a entablar negociaciones y de la efectividad de los recursos judiciales disponibles.
En el plano internacional, la comunidad de inversores observa con cautela cualquier señal de apertura institucional, pues la garantía de propiedad es un factor clave para la reactivación de flujos de capital. En este sentido, la publicación de un registro oficial y la creación de un espacio de diálogo podrían constituir pasos concretos hacia la normalización del entorno empresarial.
Sin embargo, la resolución definitiva requerirá un consenso entre el sector privado, el Estado y los organismos multilaterales, que logre equilibrar la restitución de derechos con la necesidad de estabilidad macroeconómica y social en Venezuela.
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