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La Asociación de Profesores de la Universidad Simón Bolívar (APUSB) emitió un comunicado este miércoles rechazando la iniciativa del Ejecutivo y la Asamblea Nacional de redactar una nueva Ley de Universidades. El gremio, liderado por el profesor Omar Pérez Avendaño, sostuvo que la reforma no aborda los problemas estructurales del sector. Además, solicitó a estudiantes, trabajadores y docentes abstenerse de participar en el proceso de discusión pública.
Tabla de contenidos
Contexto de la iniciativa legislativa
En noviembre de 2026 el Gobierno nacional, junto a la Asamblea Nacional, presentó un proyecto de Ley de Universidades que busca modificar el marco regulatorio vigente. La medida se inscribe en un contexto de crisis prolongada en la educación superior venezolana, caracterizada por recortes presupuestarios y dificultades para la elección de autoridades rectorales. Según fuentes oficiales, el objetivo del proyecto es actualizar la normativa para mejorar la gestión institucional.
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Sin embargo, críticos señalan que la propuesta no contempla la garantía de autonomía universitaria ni la restitución de recursos presupuestarios previamente comprometidos.
Postura de la APUSB y argumentos principales
La junta directiva de la APUSB, bajo la firma del presidente Omar Pérez Avendaño, expresó que la reforma legal no resuelve las necesidades prioritarias de las universidades. En su comunicado, el gremio destacó la asfixia presupuestaria, la parálisis en los procesos de elección de rectores, la depreciación salarial del personal académico y el deterioro de los servicios estudiantiles como los problemas más urgentes.
La asociación sostuvo que el marco legal actual permite a las instituciones ejercer plena autonomía, ajustar planes de estudio y generar ingresos propios, por lo que la solución pasa por aplicar lo ya establecido y no por crear nuevas normas. Asimismo, advirtió que cualquier cambio debe enmarcarse en una transición democrática y no bajo intereses ideológicos del partido de gobierno.
Llamado a la abstención y reacciones del sector
Frente al llamado del Parlamento a una consulta pública sobre el proyecto, la APUSB instó a la comunidad académica a abstenerse de participar en los ciclos de discusión técnica o política. El comunicado señaló que involucrarse legitimaría un proceso que, según el gremio, vulnera los principios democráticos de la universidad.
La asociación también pidió a estudiantes, trabajadores y profesores que no se sumen a la consulta, con el fin de evitar la normalización de una reforma que consideran improcedente. Hasta el momento, otras organizaciones estudiantiles y sindicales no han emitido pronunciamientos oficiales, aunque se esperan reacciones en los próximos días.
Reacciones de la comunidad académica
Los rectores y decanos de las universidades públicas y privadas emitieron un comunicado conjunto en el que manifestaron su preocupación por la falta de consenso previo a la presentación de la nueva Ley. Argumentan que la normativa, tal como se ha redactado, no contempla adecuadamente la autonomía institucional ni los mecanismos de participación docente.
En varios campus se organizaron mesas de diálogo que reunieron a representantes estudiantiles, sindicatos y expertos en derecho educativo, buscando alternativas de reforma. La APUSB señaló que, sin un proceso inclusivo, la ley podría generar tensiones internas y afectar la calidad de la enseñanza.
Implicaciones para la política educativa nacional
El rechazo de la APUSB se produce en un contexto de reformas estructurales que el gobierno ha impulsado desde 2023, con el objetivo de modernizar la oferta académica y alinearla con demandas del mercado laboral. Sin embargo, la falta de consenso entre los principales actores del sector universitario podría retrasar la implementación de esas reformas y obligar al Ejecutivo a reconsiderar algunos artículos de la propuesta.
Analistas de políticas públicas advierten que la ausencia de un marco legal sólido podría dificultar la atracción de inversión extranjera en proyectos de investigación. En consecuencia, el debate legislativo se perfila como un punto de inflexión para definir el futuro del sistema de educación superior en el país.
Perspectivas y próximos pasos
El rechazo de la APUSB a la nueva Ley de Universidades, expresado a finales de 2025, dejó claro que el sector académico no se siente representado en el proceso legislativo. La asociación solicitó que los parlamentarios se abstengan de avanzar en el debate hasta que se garantice una participación inclusiva de docentes, estudiantes y organismos de la sociedad civil.
Desde entonces, el gobierno ha anunciado la apertura de mesas de trabajo, aunque sin comprometer una revisión integral del texto. Los analistas advierten que la falta de consenso podría retrasar la implementación de reformas previstas para el 2026, mientras que la comunidad universitaria mantiene la presión para lograr una normativa que salvaguarde la autonomía institucional y la calidad académica.
Conclusión:
En síntesis, la postura de la APUSB refleja una preocupación profunda por la manera en que se ha conducido la reforma universitaria en Venezuela. El llamado a la abstención del debate no solo busca evitar una aprobación apresurada, sino también impulsar un proceso más transparente y participativo que incluya a todos los actores involucrados.
La respuesta del Ejecutivo, al anunciar mesas de diálogo, muestra una apertura parcial, pero la ausencia de compromisos concretos mantiene la incertidumbre sobre el futuro inmediato de la legislación. Mientras tanto, la comunidad universitaria continúa organizándose, realizando asambleas y presentando propuestas alternativas que buscan equilibrar la necesidad de modernizar el sistema educativo con la defensa de la autonomía académica.
El desenlace de este conflicto legislativo dependerá en gran medida de la disposición de los poderes públicos a integrar esas demandas y a construir, de forma consensuada, una normativa que responda a los retos actuales y futuros del sector universitario.
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