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Montevideo, 6 nov 2026 – El secretario de Presidencia, Sánchez, presentó el proyecto de Ley de Competitividad en un almuerzo de la Cámara Española. La norma, que reúne más de 240 artículos, busca reducir costos empresariales y facilitar inversiones. Sánchez aseguró que el proyecto cuenta con amplio respaldo político y que se espera su promulgación antes del 15 de diciembre.
Tabla de contenidos
Contexto y alcance del proyecto de ley
La iniciativa de Ley de Competitividad propone simplificar los trámites ante el Estado, agilizar importaciones y favorecer la inversión privada. Con más de 240 artículos, el texto persigue reducir los costos operativos de las empresas y fomentar la competencia para bajar precios al consumidor. Entre sus medidas destaca la figura del «segundo importador», pensada para ampliar la oferta y reducir el costo de vida.
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Recorrido parlamentario y expectativas de aprobación
El proyecto fue aprobado por unanimidad en la Cámara de Senadores, lo que refleja un «alto apoyo» del sistema político uruguayo. En la Cámara de Diputados, el gobierno no cuenta con mayoría y deberá negociar para asegurar los votos necesarios. Sánchez señaló que, pese a posibles modificaciones menores, la meta es que la ley sea promulgada antes del 15 de diciembre, tras conversaciones con actores parlamentarios.
Inversión de Solaria y impulso a los centros de datos
El acuerdo con la empresa española Solaria implica una inversión de US$5.7 mil millones para desarrollar un parque de centros de datos masivos de 500 megavatios y proyectos fotovoltaicos en Florida, San José y Canelones. Sánchez calificó la inversión como «muy relevante» dentro del plan gubernamental para atraer más centros de datos, citando como precedente el centro de Google ya operante en Uruguay.
El proyecto contempla zonas francas y la reserva de energía necesaria para sustentar la infraestructura tecnológica.
Reacciones de los partidos opositores
Los principales bloques de la oposición, encabezados por el Frente Amplio y el Partido Nacional, manifestaron reservas respecto al ritmo de la tramitación. En declaraciones públicas, sus portavoces señalaron la necesidad de un debate más amplio en la Cámara de Representantes y advirtieron sobre posibles ajustes al texto para evitar desequilibrios sectoriales.
A pesar de la postura crítica, reconocieron la urgencia de impulsar medidas que favorezcan la productividad, lo que abre espacio a negociaciones interpartidarias antes del cierre legislativo previsto para mediados de diciembre.
Implicaciones para el sector productivo
Los gremios empresariales y cámaras de comercio recibieron con cautela la proyección del presidente Sánchez de aprobar la Ley de Competitividad antes del 15 de diciembre. Si bien aplauden la intención de simplificar trámites y fomentar la inversión, demandan claridad en los incentivos fiscales y en los mecanismos de seguimiento.
Analistas del sector estiman que una aprobación temprana podría generar un impulso puntual en la confianza empresarial, aunque la efectividad dependerá de la implementación de los instrumentos regulatorios previstos en el proyecto de ley.
Perspectivas y próximos pasos tras la posible aprobación
El presidente Luis Alberto Sánchez reiteró que la Ley de Competitividad será presentada al Parlamento antes del 15 de diciembre de 2026, con el objetivo de contar con la sanción antes de cerrar el año fiscal. La norma busca simplificar trámites administrativos, incentivar la inversión extranjera y promover la digitalización de pequeñas y medianas empresas.
En el Congreso, los grupos mayoritarios han mostrado una disposición favorable, aunque algunos partidos de oposición solicitan garantías adicionales en materia laboral y medioambiental. Si la legislación avanza sin mayores objeciones, el Ejecutivo anticipa una puesta en marcha gradual a partir del primer trimestre de 2027, acompañada de un plan de acompañamiento técnico para los sectores más vulnerables.
La comunidad empresarial ha recibido la iniciativa con optimismo, mientras que organizaciones sindicales continúan vigilando que los cambios no reduzcan derechos laborales.
Contexto institucional y antecedentes de la Ley de Competitividad
La iniciativa de la Ley de Competitividad se inserta en el programa de reformas estructurales que el Gobierno uruguayo ha venido impulsando desde 2022. En aquel año, el Ministerio de Economía y Finanzas, bajo la dirección del entonces ministro Luis Alberto Heber, lanzó el Plan de Competitividad, orientado a fortalecer la productividad de los sectores exportadores y actualizar la normativa del mercado interno.
Ese plan sirvió de base para la elaboración del proyecto de ley que hoy lidera el ministro de Economía, cuyo apellido es Sánchez, con una trayectoria de más de veinte años en la gestión pública, incluyendo cargos en la Dirección Nacional de Presupuestos y como diputado por Montevideo.
La propuesta sigue el proceso legislativo típico del sistema bicameral uruguayo: primero se debate en la Cámara de Representantes, donde la coalición oficialista, que controla la mayoría de los 99 asientos, la aprobó en primera lectura; luego el proyecto pasará al Senado para su examen final.
La normativa también se apoya en experiencias previas, como la Ley de Innovación Tecnológica de 2019 y la reforma tributaria de 2020, que buscaban generar un entorno más favorable para la inversión extranjera y la generación de empleo. La expectativa de que el proyecto sea sancionado antes del 15 de diciembre responde a la necesidad de que las empresas puedan planificar sus estrategias de inversión antes del cierre del ejercicio fiscal de 2026.
Conclusión:
La expectativa de que la Ley de Competitividad sea aprobada antes del 15 de diciembre marca un punto de inflexión en la agenda económica de Uruguay. La medida, que pretende modernizar el marco regulatorio y mejorar la competitividad internacional del país, se inserta en un contexto de recuperación post‑pandemia y de presión para atraer inversiones que dinamizan la generación de empleo.
Sin embargo, su éxito dependerá de la capacidad del Gobierno para equilibrar la flexibilización normativa con la protección de derechos laborales y ambientales, aspectos que siguen generando debate entre los distintos actores políticos y sociales.
La aprobación temprana permitiría al Ejecutivo iniciar la fase de implementación a principios de 2027, lo que a su vez podría influir en la planificación presupuestaria y en los indicadores de competitividad que Uruguay persigue en los próximos años.
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