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El viernes 25 de septiembre de 2026, la comisión de vecinos de la zona Centroccidental y la empresa estatal Corpoelec firmaron un acuerdo tras una protesta que paralizó la carretera entre Carora y Barquisimeto. La negociación buscó reordenar el esquema de carga eléctrica y asegurar el suministro continuo a sectores críticos del municipio Torres. El pacto incluye un calendario de seguimiento para evaluar el cumplimiento de los compromisos adoptados.
Tabla de contenidos
Contexto de la protesta y sus demandas
El 25 de septiembre de 2026, una movilización organizada por la comisión de vecinos de la zona Centroccidental interrumpió el tránsito en la carretera que conecta Carora con Barquisimeto durante más de nueve horas. Los manifestantes denunciaron cortes eléctricos de hasta 18 horas, los que habían paralizado tanto la actividad comercial como la vida cotidiana de los residentes.
Para más contexto, consultá también El Nacional.
Entre las exigencias presentadas figuraban la eliminación de los apagones prolongados y la adopción de horarios de carga más equitativos. La protesta contó con la participación de juristas, dirigentes sociales y vecinos afectados, quienes exigieron una respuesta inmediata de Corpoelec y de las autoridades municipales.
La presión ciudadana obligó a la gerencia local de Corpoelec y al prefecto del municipio Torres, Ronal Sánchez, a aceptar una mesa de diálogo. En esa instancia se entregó el pliego de exigencias y se establecieron los compromisos operativos que luego se formalizarían en el acuerdo final. El gobierno nacional y el Estado Mayor Eléctrico fueron también involucrados, recibiendo la minuta de reclamos para su evaluación.
Este proceso marcó un punto de inflexión en la relación entre la comunidad y la empresa estatal.
Puntos clave del acuerdo alcanzado
El documento firmado establece la reestructuración del esquema de administración de carga, introduciendo horarios diurnos equitativos y transparentes para evitar cortes inesperados. Corpoelec se comprometió a garantizar el suministro continuo a diez sectores críticos, entre ellos Carorita, Torrellas y El Yabal. Además, la compañía anunció la incorporación de la unidad TZ7 en el estado Zulia, que aportará 150 megavatios al sistema interconectado.
Sumada a la generación de la Planta Centro, la capacidad total esperada alcanzará los 300 megavatios, lo que debería estabilizar la red regional en las próximas semanas.
Los compromisos incluyen la elevación inmediata de la minuta de reclamos ante las autoridades nacionales, lo que permitirá una respuesta institucional más rápida. Asimismo, se acordó que la información sobre los horarios de carga será publicada de forma pública para garantizar la transparencia. La comisión vecinal mantendrá una función de contraloría para supervisar el cumplimiento de estos puntos. Estas medidas buscan reducir la vulnerabilidad de la población ante futuros apagones.
Compromisos de seguimiento y vigilancia ciudadana
Para evaluar el avance de la agenda, ambas partes pactaron una nueva reunión institucional el viernes 2 de octubre de 2026, que se realizará en la sede de Corpoelec. En esa sesión se revisará el cumplimiento de los compromisos operativos suscritos y se ajustarán las acciones necesarias. La comisión de vecinos, liderada por el abogado Dirson Escobar, reiteró su posición de contraloría y vigilancia permanente.
El prefecto Ronal Sánchez también asistirá, garantizando la coordinación con la autoridad municipal.
El acuerdo representa un intento de mitigar la crisis eléctrica que ha afectado a la región Centroccidental durante varios meses. Si se implementan eficazmente, podría servir de modelo para otras zonas del país que enfrentan problemas similares de carga y suministro. Sin embargo, expertos advierten que la sostenibilidad dependerá de la capacidad de Corpoelec para mantener la generación adicional y de la continuidad del apoyo institucional.
La comunidad permanece atenta, lista para ejercer presión en caso de incumplimientos.
Impacto inmediato en la calidad del servicio
El convenio entre las comunidades vecinales y Corpoelec ha permitido restablecer el flujo eléctrico en los municipios centrooccidentales que habían sufrido interrupciones prolongadas. Gracias a la coordinación de brigadas locales y la priorización de reparaciones críticas, la frecuencia de apagones se redujo notablemente durante los primeros días de implementación.
Los usuarios reportaron una mayor estabilidad en la tensión, lo que favoreció la reactivación de pequeñas empresas y la continuidad de actividades escolares. Además, la participación ciudadana ha reforzado la vigilancia sobre el cumplimiento de los horarios de mantenimiento, generando un clima de mayor confianza en la gestión del suministro.
Desafíos y perspectivas a mediano plazo
A pesar de los avances, la consolidación del acuerdo enfrenta retos estructurales, como la escasez de repuestos y la limitada capacidad de generación en la región. La dependencia de fuentes térmicas sigue generando vulnerabilidad ante fluctuaciones de combustible, lo que obliga a considerar una diversificación energética más rápida.
Asimismo, la sostenibilidad del modelo de gestión colaborativa requiere institucionalizar los mecanismos de participación vecinal para evitar retrocesos cuando cambien las administraciones locales. En el horizonte, se espera que la experiencia centrooccidental sirva de referencia para otras zonas del país que buscan replicar este tipo de alianzas entre la población y el operador eléctrico.
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Perspectivas a futuro y retos pendientes
El acuerdo entre los vecinos y Corpoelec ha permitido restablecer el suministro eléctrico en gran parte de la zona centro‑occidental, pero su sostenibilidad depende de varios factores. Entre los principales retos se encuentran la necesidad de reforzar la infraestructura de transmisión, garantizar la financiación de los proyectos de mantenimiento y mantener la participación activa de la comunidad.
Las autoridades locales han anunciado la creación de un comité de seguimiento que reunirá mensualmente a representantes vecinales, técnicos de la empresa y funcionarios municipales para evaluar el desempeño del suministro y detectar rápidamente cualquier anomalía. Asimismo, se contempla la implementación de programas de capacitación para usuarios, orientados a la gestión responsable del consumo y al reporte de fallas.
La continuidad del acuerdo requerirá, además, una coordinación estrecha con el gobierno nacional, que deberá destinar recursos adicionales y facilitar la modernización de la red eléctrica en la región.
Conclusión:
El restablecimiento del servicio eléctrico en la Centroccidental, logrado mediante la colaboración entre la comunidad y Corpoelec, representa un avance significativo en un contexto de crisis energética que ha afectado al país durante años. Sin embargo, la estabilización del suministro no es un objetivo estático; exige una gestión constante, inversión en infraestructura y la consolidación de mecanismos de participación ciudadana.
Los indicadores preliminares de 2026 muestran una reducción notable en los cortes prolongados y una mayor satisfacción de los usuarios, pero persisten vulnerabilidades, como la escasa capacidad de reserva en los centros de generación y la dependencia de fuentes de energía fósil. En este escenario, la capacidad de los vecinos para monitorear y reportar incidencias, junto con la respuesta ágil de Corpoelec, se vuelve esencial para evitar retrocesos.
La experiencia de la Centroccidental podría servir de modelo para otras regiones, siempre que se acompañe de políticas públicas coherentes y recursos financieros adecuados. La consolidación de estos esfuerzos determinará si la mejora del suministro eléctrico se traduce en un impulso real para la actividad económica y la calidad de vida de los habitantes.
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