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La Corte Suprema de Justicia negó la petición de Venezuela sobre la extradición de alias Larry Changa, cofundador de la organización criminal transaccional Tren de Aragua.
En El Chusmero te ofrecemos los detalles.
¿Por qué la Corte Suprema de Justicia niega la extradición?
La de Sala de Casación Penal analizó la solicitud realizada por el régimen de Nicolás Maduro de extraditar a Larry Amaury Álvarez Núñez, a quien también era conocido como Manuel Moreno Álvarez. Quien no solo es cofundador de la temida organización internacional Tren de Aragua, también es uno de sus líderes.
Fue capturado en Colombia, y dos países emitieron la solicitud de extradición. En casos similares, el proceso de extradición se realizará con el país que hizo primero la solicitud. Esta decisión está basada en el Acuerdo sobre Extradición firmado entre Colombia y Venezuela desde 1911.
El fallo explica que “En aplicación del Tratado de extradición suscrito con la República de Venezuela, prevalece la solicitud formulada por el Gobierno chileno, dado que fue la primera en ser presentada”.
Prontuario de alias Larry Changa.
Los países solicitantes son Chile y Venezuela. El país del sur presentó la solicitud primero. En ese país tiene caros en su contra por asociación criminal y tráfico ilícito de drogas relacionados con la estructura del Tren de Aragua.
En cuanto a Venezuela, su solicitud de extradición se debía por los siguientes cargos en su contra: delitos de terrorismo, financiamiento al terrorismo, tráfico de armas y municiones, extorsión agravada, legitimación de capitales y asociación para delinquir.
Capturado en Colombia.
La Dirección de Policía Nacional de Colombia capturó a alias Larry Changa en Quindío, específicamente en Circasia. Interpol había emitido una orden de captura en su contra; la notificación del organismo internacional era de categoría roja. Lo que significa que debe ser capturado de inmediato en cualquier parte del mundo.
El ciudadano que también tiene nacionalidad chilena aceptó su extradición a Chile, cumpliendo con lo establecido en dicho acuerdo. En cuanto al cumplimiento con el proceso de extradición, solo queda pendiente la decisión final que está en manos del presidente de Colombia, Gustavo Petro.
El Tren de Aragua, es una organización criminal de alcance internacional vinculada con delitos de secuestro, contrabando, trata de personas, terrorismo qué a su vez se le asocia con carteles mexicanos y con el Cartel de los Soles.
Opera no solo en en Latinoamérica, su accionar también cruzó el continente, sus miembros están en varios países. Sin embargo Perú, Colombia, Estados Unidos y Chile son los principales donde operan con mayor presencia.
Muchos de sus miembros han sido capturados en dichas naciones por tener un amplio prontuario.
Un caso que reveló las complejas redes de extradición regional
La disputa entre Chile y Venezuela por la extradición de Larry Changa ilustró la creciente complejidad de las redes judiciales internacionales que enfrentaba el Tren de Aragua en distintos países de la región, con fiscalías de varios Estados compitiendo por procesar a los principales líderes de la organización criminal según sus propios marcos legales y la gravedad relativa de los delitos cometidos en cada jurisdicción específica.
Un antecedente que fortaleció la cooperación judicial regional
Este caso se sumó a un patrón creciente de cooperación entre las fuerzas de seguridad de distintos países sudamericanos para desarticular las estructuras del Tren de Aragua, una organización que había logrado expandirse con notable velocidad más allá de sus orígenes venezolanos hasta consolidarse como una de las principales amenazas de crimen organizado transnacional en América Latina, con capacidad demostrada de operar simultáneamente en múltiples países mediante redes descentralizadas de células criminales.
Un caso que expuso los límites de la cooperación con Venezuela
La negativa de Colombia a extraditar a Larry Changa hacia Venezuela, priorizando en cambio el pedido chileno, reflejó también la desconfianza creciente de varios gobiernos regionales hacia el sistema judicial venezolano bajo el chavismo, cuestionado reiteradamente por organismos internacionales de derechos humanos por la falta de garantías de debido proceso para figuras vinculadas al crimen organizado que terminaban bajo custodia del régimen de Maduro.
El tratado bilateral de extradición de 1911 entre Colombia y Venezuela, invocado como regla de desempate en este caso, era una reliquia legal de más de un siglo que, sin embargo, seguía condicionando activamente las relaciones judiciales entre ambos países vecinos, ilustrando cómo marcos normativos centenarios continuaban aplicándose a problemáticas de crimen organizado transnacional completamente ajenas al contexto en que fueron originalmente redactados.
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