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La defensa del narcotraficante uruguayo Sebastián Marset presentó este jueves una serie de peticiones ante los ministerios del Interior y de Relaciones Exteriores. El objetivo es localizar su certificado de antecedentes judiciales y obligar a la Cancillería a apostillar el documento, requisito para el proceso en Estados Unidos que se iniciará en enero de 2027. El abogado Santiago Moratorio advierte que, de no obtener respuesta administrativa, recurrirá a la vía judicial para garantizar el derecho de defensa. Hoy nos metemos de lleno en defensa de marset.
Tabla de contenidos
Petición formal a Interior y Cancillería
La defensa de Marset interpuso el jueves una serie de solicitudes formales ante los ministerios del Interior y de Relaciones Exteriores. Entre las peticiones se incluye conocer la ubicación actual del certificado de antecedentes judiciales que la Dirección Nacional de Policía Científica emitió a nombre del acusado. Asimismo, se reclama que el trámite de apostilla sea retomado para que el documento pueda ser presentado como prueba en el juicio que se celebrará en EE. UU.
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en enero de 2027. El abogado Santiago Moratorio explicó que el certificado fue obtenido mediante poder notarial y que su contenido no está sujeto a reservas. Además, la defensa solicitó que se restituya el certificado al proceso y se dicte una resolución escrita y fundada que explique cualquier eventual negativa. También se pidió acceso a la información pública sobre los actos administrativos que involucraron al documento.
Moratorio advirtió que, si las vías administrativas no responden en tiempo útil, acudirán a la justicia. Esta postura subraya la importancia que la defensa otorga al derecho de defensa, independiente de la identidad del representado.
Fundamento legal del trámite de apostilla
Hablando puntualmente de defensa de marset, según el abogado, la apostilla solo certifica la autenticidad de la firma y el sello del documento público, sin valorar su contenido. Por esa razón, no existe una norma que permita negar la apostilla por considerar al titular del certificado como un narcotraficante. Moratorio sostuvo que la Cancillería no presentó ninguna resolución escrita que justifique la retención del trámite.
El requisito de la apostilla está regulado por la Convención de La Haya, a la cual Uruguay está adherido. En su comunicado, la defensa señaló que el certificado fue trasladado entre ministerios en un vehículo oficial y entregado en el despacho del ministro del Interior sin que existiera una decisión fundada.
La ausencia de un acto administrativo que explique la negativa constituye, a juicio de la defensa, una vulneración de los principios de legalidad y igualdad ante la ley. El abogado reiteró que el documento, al ser público, debe ser tratado con la misma rigurosidad que cualquier otro certificado estatal. Esta argumentación busca presionar a la Cancillería para que cumpla con el trámite sin dilaciones.
Denuncia por difusión de datos personales
Sobre defensa de marset, vale la pena remarcar que la defensa denunció que el certificado fue difundido en redes sociales con los datos personales de Sebastián Marset, a pesar de que la defensa nunca lo recibió físicamente. La publicación vulneró la normativa de protección de datos personales y expuso información sensible al público.
Moratorio manifestó su respeto por el trabajo periodístico, pero insistió en que corresponde investigar al funcionario que, con deber de reserva, entregó el documento. La denuncia se presentó ante la Unidad Reguladora y de Control de Datos Personales para que se inicie el procedimiento correspondiente. El abogado advirtió que la difusión del certificado sin autorización podría afectar la estrategia de defensa y el derecho a un proceso justo.
Asimismo, señaló que la exposición de datos personales puede constituir una infracción penal según la Ley de Protección de Datos. La defensa espera que la autoridad competente tome medidas correctivas y sancione a los responsables. Mientras tanto, la estrategia legal seguirá centrada en obtener la apostilla y garantizar el uso del certificado en el proceso estadounidense.
Implicancias para la tramitación de recursos judiciales
La exigencia de la defensa del exmandatario Marset a la Cancillería para que apostille el certificado judicial genera un retraso en los procedimientos de apelación que dependían de la validez internacional del documento. Sin la apostilla, los tribunales de primera instancia no pueden remitir el expediente a instancias superiores ni a organismos extranjeros que pudieran intervenir en la causa.
La práctica de la apostilla, prevista por la Convención de La Haya, es obligatoria para que documentos judiciales uruguayos tengan reconocimiento fuera del país, y su ausencia limita la capacidad de los litigantes para ejercer recursos en el exterior.
Reacciones de la comunidad jurídica y de organismos internacionales
Abogados y académicos de la Universidad de la República han manifestado su preocupación por la demora, señalando que la falta de un trámite administrativo rápido vulnera principios de celeridad y seguridad jurídica consagrados en la Constitución.
Por su parte, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos ha instado al Estado uruguayo a garantizar que los procesos judiciales cuenten con los requisitos formales necesarios para evitar dilaciones que puedan afectar derechos de defensa.
Exigencia de apostilla y su impacto en el proceso judicial
La defensa del exmandatario Marset ha solicitado a la Cancillería uruguaya la apostilla del certificado judicial que sustenta la demanda contra la empresa estatal. La petición, presentada en octubre de 2026, argumenta que la falta de dicho sello compromete la validez del documento ante tribunales internacionales y retrasa la defensa de sus intereses.
La Cancillería, por su parte, ha señalado que el trámite sigue los procedimientos habituales del Ministerio de Relaciones Exteriores y que la prioridad es garantizar la autenticidad de los documentos. Mientras tanto, la defensa insiste en que la demora afecta el derecho a una defensa pronta y completa, y ha advertido que podría recurrir a instancias judiciales para exigir una respuesta expedita.
Conclusión:
La solicitud de la defensa de Marset pone de relieve la complejidad de los procedimientos legales que trascienden las fronteras nacionales. La apostilla, como garantía de autenticidad, es un requisito indispensable cuando los documentos judiciales deben ser presentados ante autoridades extranjeras o en procesos de cooperación internacional.
La demora en su obtención no solo afecta la agenda judicial del caso concreto, sino que también puede generar precedentes sobre la celeridad con la que el Estado uruguayo responde a demandas de este tipo. En el contexto político actual, la presión ejercida por la defensa refleja una expectativa de mayor agilidad institucional, especialmente en casos que involucran a figuras públicas y recursos estatales.
La respuesta de la Cancillería será observada por sectores judiciales y políticos, pues podría influir en la percepción de la capacidad del gobierno para garantizar el debido proceso y la protección de los derechos de los involucrados.
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