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El polémico diesel subsidio ha encendido una ola de protestas Ecuador que se extiende desde la Sierra hasta la Costa, poniendo en jaque la agenda económica del nuevo gobierno de Daniel Noboa. La medida, anunciada el pasado 12 de julio, elimina el apoyo estatal al combustible diésel, provocando un alza de aproximadamente 30 % en el precio al consumidor y desencadenando manifestaciones de transportistas, agricultores y sindicatos que reclaman una política más protectora para los sectores vulnerables.
El debate no es nuevo. Desde la década de 2000, el subsidio al diésel se consolidó como una herramienta de política social bajo la administración de Rafael Correa, cuyo objetivo era contener los costos de producción agrícola y de transporte público. Sin embargo, la carga fiscal de ese beneficio se volvió insostenible para las finanzas públicas, alcanzando en 2022 un déficit de más de 1 % del PIB, según el Banco Central del Ecuador. La eliminación del subsidio, por tanto, se inscribe en una estrategia de ajuste estructural que busca equilibrar la balanza fiscal y reactivar la inversión extranjera.
Antecedentes y marco normativo
El subsidio al diésel fue institucionalizado mediante el Decreto Ejecutivo No. 123‑2009, que estableció precios diferenciados para el combustible destinado a actividades productivas. Con el paso de los años, el programa fue ampliado y, en 2015, el Ministerio de Energía y Recursos No Renovables, encabezado por Jorge Torres, introdujo mecanismos de compensación para pequeños productores. La normativa vigente, sin embargo, permite su revisión o supresión cuando se demuestre que el gasto público compromete la estabilidad macroeconómica, tal como lo estipula la Ley Orgánica de Responsabilidad Fiscal.
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El 12 de julio, el Consejo de Ministros aprobó el Decreto Ejecutivo No. 456‑2024, que elimina el subsidio a partir del 1 de agosto. La decisión fue respaldada por el Ministerio de Finanzas, que argumentó que la medida liberaría cerca de 1.200 millones de dólares anuales, recursos que podrían redirigirse a programas de salud y educación.
Reacciones institucionales y sociales
El anuncio generó una respuesta inmediata de los gremios. La Confederación de Transportistas del Ecuador (CTE) organizó una marcha nacional que culminó frente al El Chusmero en Quito, donde sus dirigentes exigieron la restitución del subsidio o, al menos, una compensación temporal. En una entrevista televisiva, el presidente Daniel Noboa defendió la medida: “Nuestro objetivo es garantizar la sostenibilidad fiscal; no podemos seguir subsidiando un combustible que beneficia a pocos y perjudica al conjunto del país”.
Por su parte, el ministro de Energía, Jorge Torres, explicó que el gobierno implementará un programa de “transición energética” que incluirá incentivos para la adopción de biodiesel y vehículos eléctricos, con la intención de reducir la dependencia del diésel a mediano plazo. Sin embargo, los sindicatos agrícolas, encabezados por la Federación Nacional de Agricultores (FENAGRI), advirtieron que el aumento del costo del combustible elevará los precios de los alimentos en un 5‑7 % y erosionará la competitividad de los exportadores de banano y cacao.
Impacto económico y sectorial
Los analistas del Banco Central estiman que la eliminación del subsidio provocará una inflación subyacente de 0,8 % en el segundo semestre, mientras que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) podría registrar un repunte de 1,2 % en los próximos tres meses. El economista Carlos Méndez, de la Universidad San Francisco de Quito, señala que “el choque de precios será más agudo en las regiones donde el transporte terrestre es la columna vertebral de la economía, como la Sierra y la Amazonía”.
En el sector logístico, empresas de transporte de carga han anunciado la suspensión temporal de rutas entre Guayaquil y Cuenca, citando la imposibilidad de absorber el aumento del costo del diésel sin trasladarlo al cliente final. Asimismo, la Cámara de Exportadores ha solicitado al gobierno la creación de un fondo de estabilización que amortigüe el impacto en los precios de los productos de exportación.
Perspectivas internacionales y proyecciones
La comunidad internacional observa con atención la evolución de las protestas Ecuador. La agencia Reuters ha señalado que la medida podría afectar la calificación soberana del país si el descontento social se traduce en una mayor inestabilidad política. Por otro lado, organismos multilaterales como el FMI han elogiado la decisión de reducir subsidios como parte de un paquete de reformas estructurales, siempre que el gobierno acompañe la medida con políticas de protección social efectivas.
De cara al futuro, el gobierno de Daniel Noboa ha anunciado la puesta en marcha de un programa de subsidios focalizados para los transportistas de carga esencial y los pequeños agricultores, que se financiará con los recursos ahorrados por la eliminación del diesel subsidio. La expectativa es que, en un horizonte de tres a cinco años, la combinación de estos apoyos y la promoción de energías renovables permita una transición sin mayores rupturas sociales.
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