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Decenas de uruguayos deportados de Estados Unidos están regresando al país en las últimas semanas, en medio del endurecimiento de la política migratoria que impulsa la administración Trump. Muchos de ellos habían construido su vida en Estados Unidos durante años, incluso décadas, y hoy deben rehacerla de un día para el otro en un país al que no planeaban volver.
«Es como volver a emigrar», resumen quienes ya pasaron por esa experiencia: llegar a Carrasco con las valijas de siempre, pero sin trabajo, sin vivienda propia y, en varios casos, separados de su familia.
El reclamo central del colectivo de uruguayos deportados es la creación de un fondo estatal para deportados, una herramienta que ayude en la reinserción laboral y económica de quienes regresan sin red de contención. La idea es que ese fondo funcione como puente durante los primeros meses, cuando hay que tramitar documentación, buscar alojamiento y competir en un mercado laboral que, después de años fuera, ya no es el mismo que dejaron.
Qué se sabe sobre las negociaciones entre Uruguay y Estados Unidos
Según pudo confirmarse, el Gobierno uruguayo mantiene desde hace meses conversaciones con Washington sobre política migratoria. Sin embargo, el eje de esas negociaciones pasa sobre todo por la posibilidad de que Uruguay reciba a migrantes de otras nacionalidades —principalmente cubanos— deportados desde territorio estadounidense, y no existe hasta el momento ningún acuerdo firmado entre ambos países. El canciller uruguayo remarcó públicamente que no hay una propuesta concreta de Estados Unidos, sino un diálogo abierto con todos los países de la región.
En paralelo, desde el Ministerio de Desarrollo Social (Mides) reconocieron que la política migratoria estadounidense ya golpea a compatriotas que vuelven en situaciones extremadamente traumáticas, aunque admitieron no contar con una cifra exacta de cuántos uruguayos deportados hay en lo que va del año. Esa falta de un dato oficial es, en sí misma, parte del reclamo: distintas organizaciones vinculadas a la migración vienen pidiendo que el fenómeno se releve de forma sistemática, con estadísticas públicas y actualizadas.
Por qué es tan difícil contar a los uruguayos deportados
Parte del problema para dimensionar el fenómeno es que buena parte de los retornos no se dan por una deportación formal con expulsión judicial de por medio. Muchos casos son vencimientos de estatus migratorio, autodeportaciones ante el temor a ser detenidos en un trámite de rutina, o regresos forzados después de semanas de detención administrativa.
Esa variedad de situaciones hace que sea difícil trazar un número único y confiable, algo que ya ocurrió con otras nacionalidades de la región en 2026: gobiernos vecinos también admitieron no tener cifras precisas pese a que el fenómeno es visible en los aeropuertos.
Como antecedente, en 2018 se había manejado la cifra de casi 2.500 uruguayos beneficiarios del programa DACA que quedaban expuestos ante un eventual recorte del programa en Estados Unidos. No es un dato actualizado ni comparable de forma directa con la situación actual, pero da una idea de la magnitud de la comunidad uruguaya que, durante años, construyó su vida allá bajo distintos estatus migratorios y hoy queda en una posición vulnerable frente a los cambios de política.
Lo que sí describen quienes ya volvieron es un denominador común: la sensación de «volver a emigrar» puertas adentro de su propio país. Después de años afuera, deben tramitar documentación desde cero, buscar vivienda, revalidar estudios o experiencia laboral, y reinsertarse en un mercado de trabajo local que —como viene reflejando este medio en otras coberturas sobre los desafíos económicos que enfrenta Uruguay— ya de por sí no atraviesa su mejor momento.
A eso se suma, en muchos casos, la pérdida de la red familiar y económica que habían armado en Estados Unidos a lo largo de los años.
El fondo para deportados, en el centro del debate
La propuesta de un fondo específico busca cubrir esa primera etapa crítica: pasajes, alojamiento transitorio, orientación laboral y acompañamiento para trámites urgentes como cédula, salud y vivienda. Uruguay ya cuenta con antecedentes de programas de apoyo a retornados gestionados junto a organismos internacionales, aunque el colectivo de deportados sostiene que esos esquemas no alcanzan para la situación actual, marcada por la rapidez con la que se producen los regresos y por el nivel de desarraigo de personas que en muchos casos vivieron más de una década en Estados Unidos.
El tema seguirá en agenda mientras avancen —o no— las conversaciones entre Montevideo y Washington. Según reconstruyó Infobae, la Cancillería uruguaya evalúa cualquier eventual acuerdo migratorio con cautela, tomando como referencia la experiencia de otros países de la región que ya firmaron pactos similares con Estados Unidos y hoy hacen un balance negativo de esos convenios.
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